¿Hay sanciones para quienes negocien acciones por valores distintos a los de una OPA?

Al término de la jornada de este viernes se presentaron denuncias sobre negociaciones de acciones del Grupo Nutresa por encima del valor ofrecido en la OPA del Grupo Gilinski, una situación que investigarán las autoridades del sector, el Autoregulador del Mercado de Valores (AMV) y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), dependiendo de los actores que corresponda.

Al cierre del mercado, se vendieron 3,94 millones de acciones de la compañía, con operaciones de al rededor de $164.053 millones.

Según la información en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), a las 11:42 a.m. se se registraron tres transacciones por 210.804, 45.000 y 373 acciones de la compañía por un precio de $41,300 cada una, una cotización que es superior a los US$10,48 que ofreció Gilinski, pues, con la TRM de hoy, el precio llega a $41.293,2.

Antes, entre las 11:29 a.m. y las 11:36 a.m., también se registraron tres transacciones, por el mismo precio, y por 269, 658.582 y 2.111.601 acciones.

Dentro de los accionistas de Nutresa están la Familia Palacio, la Fundación Fraternidad Medellín, Amalfi, Finesterre S.A.S., Norges Bank CB New York, Palarepas S.A.S., Canapa S.A.S, entre otros.

Abogados consultados por LR aseguran que, de ser cierto, quienes participaron en las transacciones tendrían que asumir ciertas sanciones y multas, pues las operaciones preacordadas constituyen una violación al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, dado que obstruyen la libre competencia del mercado.

"Cuando se trata de acciones que cotizan en Bolsa y hay un comisionista en la mitad, es que precisamente hay una sanción, por preacordar, porque se estaría obstruyendo la libre competencia. Entonces la Superintendencia Financiera tendría la facultad para sancionar", explicó Carol Caita, abogada financiera de Paniagua & Tovar Abogados.

En este caso, las autoridades pertinentes tendrían que abrir una investigación a quienes participaron en las transacciones, tanto a los compradores y vendedores, como a la comisionista encargada de la transacción.

"La Superintendencia Financiera tendría la facultad para sancionar. Del lado del comisionista, inclusive cancelándole la autorización para funcionar como tal. Y del lado del consumidor financiero, que sería el accionista que esta preacordando, también hay unas multas", indicó Caita.

Y es que, precisamente, el mercado de valores se basa en la confianza legítima de cada uno de los agentes y de la transparencia de la información y, por ello, al preacordar transacciones, se obstruye la libre concurrencia y se interfiere en otras ofertas sobre valores, al no dar a conocer toda la información disponible a los otros participantes del mercado.

"No es que no se pueda preacordar una operación, lo que pasa es que si se preacuerda se tiene que tener autorización de la Superintendencia, de lo contrario, se incurre en la violación", dijo la experta de Paniagua & Tovar Abogados.