La Ley 1116 ha acogido a más de 3.600 firmas con problemas financieros

Al proceso de liquidación judicial se han sometido 1.551 sociedades, mientras que 2.078 han entrado en reorganización.

Andrés Octavio Cardona - acardona@larepublica.com.co

Para 1.551 empresas en proceso de liquidación judicial y 2.078 en reorganización empresarial, desde 2007, cuando entró en vigencia la Ley 1116 de insolvencia, esta norma ha significado la solución más viable y adecuada para salir de sus problemas financieros y crediticios, de la manera más ordenada y estructurada posible.

Bajo este panorama, el sector comercio, con 389 procesos iniciados en liquidación, es el que más se ha acogido a esta figura, seguido por servicios, con 351 y manufactura, con 345, de acuerdo con los registros de la Superintendencia de Sociedades.

De estos, han terminado 297 casos para el área comercial, 276 en manufactura y 265 en servicios.

En contrapartida, minería, transporte y agro son los sectores económicos con menos liquidaciones judiciales iniciadas al sumar 25, 54 y 90 casos respectivamente.

De acuerdo con Susana Hidvegi, asociada directora del equipo Litigios, Arbitraje e Insolvencia de Brigard & Urrutia, este régimen tiene por finalidad la protección del crédito, la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.
Para ello, han sido concebidos los procesos de reorganización, validación juridicial y la liquidación judicial como mecanismos que buscan salvar esos problemas que muchas veces ocasionan el colapso financiero, administrativo y operacional de una sociedad.

“Es así que el proceso trae como una de sus principales consecuencias la disolución de la persona jurídica por lo que, en principio, el deudor no podrá continuar con el giro ordinario de sus negocios, sino únicamente ejecutar aquellos actos que sean necesarios para la liquidación pronta de la compañía”, destacó Hidvegi.

Mario Aguirre, economista y experto en finanzas de la Universidad Eafit, explicó por su parte que el hecho de que comercio, servicios y manufactura sean los sectores que más se acogen a este régimen, “recae en que son de los primeros que se ven afectados por el impacto de una caída general de la economía y la disminución del consumo en la población. Por esto es que las micro y pequeñas empresas son las más beneficiadas con la ley de insolvencia”.

El balance hasta ahora deja a 2010 como el año con mayores procesos iniciados con 186, seguido por 2016 con 176, pues “fueron dos periodos más que difíciles para las economías globales, aunque con menor impacto local, sobre todo hace ocho años con los coletazos de la crisis de 2008”, dijo Aguirre.

Por su parte, en lo corrido del año, 41 personas naturales comerciantes y jurídicas han iniciado el proceso de liquidación judicial.

Por regiones, Bogotá cuenta con 459 procesos terminados, Antioquia con 265, Valle del Cauca con 119, Atlántico con 77 y Cundinamarca con 53.
De otro lado, Hidvegi precisó que para entrar bajo ley de insolvencia es importante considerar la distribución de los votos en los acreedores y la viabilidad financiera de la empresa.

“Un deudor podría solicitar el inicio de un proceso de reorganización cuando se encuentre en una situación de cesación de pagos o una incapacidad de pago inminente”, añadió la asociada de Brigard & Urrutia.

Esta última condición se presenta cuando se acredita la existencia de circunstancias que afectan en forma grave, el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un vencimiento igual o inferior a un año.

LOS CONTRASTES

  • Susana Hidvegi Asociada directora equipo Litigios, Arbitraje e Insolvencia de Brigard & Urrutia

    “La Ley tiene por finalidad la protección del crédito, la recuperación y la conservación de la empresa”.

 

Además de la Ley 1116 para sociedades, otro régimen que cobra vigencia con mayor frecuencia es la Ley 1564 de 2012 que ampara a las personas naturales no comerciantes ante situaciones de insolvencia y que de acuerdo con datos del Banco de la República, podría ser un recurso útil para más de 50.000 personas por año.

Alejandra Betancur, jefe de Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín, indicó que esta solución aún no es muy masiva pues “la persona en insolvencia tiene la dicotomía de si inicia el proceso o no por temores familiares o laborales, pero realmente es un procedimiento que permite al deudor recuperar su tranquilidad económica, llegando a un acuerdo con los acreedores para volver a surgir en su vida financiera”.

En este caso, los ciudadanos interesados pueden acudir a los centros de conciliación autorizados o las notarías para adelantar dicho proceso.

Micro y pequeñas empresas son las más acogidas

Debido a los problemas que afrontan en Colombia muchas micro y pequeñas empresas para solidificar la operación de sus sociedades, este tipo de compañías son las que más se acogen a procesos como la liquidación judicial. En este caso, se han sometido 537 microempresas y 504 pequeñas empresas. Por su parte, las medianas reúnen 295 procesos iniciados, mientras que las grandes suman 195, con corte al 31 de marzo de 2018.

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