Anif y Fedesarrollo le ponen la lupa a la segunda reforma tributaria del gobierno Petro
jueves, 12 de septiembre de 2024
Tanto la Anif como Fedesarrollo señalaron que con la Ley de Financiamiento radicada, el Gobierno no cumplirá metas fiscales para 2025
Con la radicación de la tributaria, los centros de estudios económicos colocaron la lupa sobre el proyecto. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, y Fedesarrollo mencionaron que las medidas no alcanzarían al recaudo de $12 billones para llegar a los $523 billones en el presupuesto general de 2025.
Fedesarrollo expresó que se recaudaría 0,3% del PIB en 2025, 0,1% en 2026, y desde 2027 “sería prácticamente neutro el recaudo”. Para la entidad, la iniciativa daría una capacidad adicional de gasto de $11,8 billones, y los ingresos generados de nuevos impuestos ascenderían a $4,9 billones; es decir, $7 billones menos de lo esperado.
La Anif señaló que la ley generaría ingresos adicionales de $6,5 billones, faltando $5,5 billones para lo que se requiere para sustentar el presupuesto. La entidad agregó que si se excluyen las cuentas de ingreso esperado por operatividad tributaria, el faltante sería $7,1 billones.
“El proyecto está desfinanciado en mínimo $7 billones, porque es bastante ambicioso en las metas de recaudo por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian. El problema es que está basado en un presupuesto que venía desfinanciado en $27 billones y con esta ley faltarían $35 billones”, dijo el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.
En cuanto a la regla fiscal, Fedesarrollo afirmó que habría una modificación a esa ley, “permitiendo que el gasto en inversiones en sostenibilidad ambiental no se contabilice en los límites establecidos dentro del déficit”.
El cambio permitiría financiar hasta por $5,5 billones anuales los gastos, y para la entidad, “esto va en contravía del compromiso con la regla fiscal”. Fedesarrollo recalcó que esto será interpretado por acreedores como una señal de relajamiento, lo que tiene como consecuencia, el aumento de costos para la Nación.
La Anif afirmó que la propuesta genera dudas en la reactivación económica, “algunas no están asociadas a mayores ingresos fiscales sino a la reactivación”, mencionó la entidad; también, dijo que el proyecto de reducción de tasa de renta a empresas establece una diferenciación en el tamaño y reduce 2% el impuesto a las más grandes, lo que resultaría inconveniente y de poco impacto, según lo mencionó la entidad.
Frente a eso, Fedesarrollo expresó que la reducción de las tarifas en la renta corporativa sería aplicado en mayor medida a pequeñas empresas, lo cual consideró positivo. También, la entidad manifestó que esto revertiría los efectos de otras tributarias e incentivaría a esas empresas a operar a pequeña escala para evitar aumento de su carga tributaria.
La Anif recalcó que el régimen simple de tributación no debe eliminarse, sino mejorarse, porque “se volvió un mecanismo útil para simplificar la carga tributaria de empresas de menor tamaño, que de aprobarse la reforma, tendrían que pagar una tasa de renta corporativa de 27% en medio de una gestión tributaria más compleja”.
Fedesarrollo concluyó que la ley de financiamiento reduce el alcance inicial del Gobierno, pero tiene algunos efectos positivos; sin embargo, los riesgos de financiamiento siguen y según sus cálculos faltarían $26,6 billones, “que deberían recortarse de los $523 billones”. El centro destacó la reducción gradual de impuesto a la renta corporativa, la eliminación del régimen simple de tributación y la inclusión del IVA de 19% a juegos de azar en línea.
¿Qué pasa si los planes sostenibles van por fuera de la regla fiscal?
“Ponerle colores a la regla fiscal se traducirá en una pérdida de credibilidad de la institucionalidad fiscal, y en mayores tasas de interés para el Gobierno, las empresas y las familias”, argumentó la Anif. Para Daniel Velandia, director de Investigaciones en Credicorp, “el componente permitiría que todo lo que tenga relación con proyectos verdes vaya por fuera de la meta fiscal hasta 0,3% del PIB; esto abriría un mayor gasto y deuda por el lado verde, pero tendría un impacto en la deuda pública y es inconveniente”.