Altos inventarios y un mercado global desigual

El arroz es un cultivo estratégico para Colombia. Garantiza la seguridad alimentaria, genera empleo rural y cumple un papel clave en la estabilidad de amplias regiones del país.

En la actualidad, el sector arrocero no enfrenta un problema de capacidad productiva, sino una dificultad mucho más compleja y estructural que es la concentración estacional de la producción durante el segundo semestre del año, que presiona los precios al productor hacia a la baja reduciendo el margen de maniobra para la comercialización.

Los inventarios acumulados, resultado de cosechas anteriores que no han sido absorbidas oportunamente, actúan como un ancla sobre los precios en los momentos críticos de comercialización. Razón por la cual cuando el productor entra a cosechar, el mercado ya está saturado y la capacidad de compra se reduce, trasladando el costo del ajuste casi exclusivamente al agricultor. No se trata de producir en exceso, sino de no contar con los instrumentos eficaces para manejar los excedentes y ordenar la oferta en el tiempo.

A esta situación se le suma un entorno internacional adverso. Los precios del arroz en el mercado global se mantienen en niveles históricamente bajos, no como resultado de una mayor eficiencia productiva generalizada, sino debido a profundas distorsiones originadas en los subsidios agrícolas en los principales países productores. Estados Unidos es un ejemplo elocuente: Para 2025-2026, anunció un paquete de ayudas de cerca de US$12.000 millones para agricultores afectados por costos altos y bajos precios de mercado para el sector agrícola, y en el caso específico del arroz, los productores recibirán transferencias superiores a los US$300 por hectárea. Competir en esas condiciones resulta, sencillamente, imposible.

Esta combinación de factores ha generado una presión significativa sobre los ingresos de los productores y ha puesto en evidencia la fragilidad de los mecanismos de estabilización del mercado. Mientras los arroceros colombianos enfrentan costos crecientes de insumos, financiamiento limitado y riesgos climáticos permanentes, los agricultores estadounidenses operan bajo un sistema de apoyo público más robusto.

El gobierno de Estados Unidos otorga pagos directos y ayudas contracíclicas cuando los precios de mercado caen por debajo de ciertos niveles de referencia. Esto significa que, aun vendiendo a precios bajos, una parte del ingreso del agricultor estadounidense está garantizada mientras que, los arroceros colombianos se ven obligados a vender su cosecha a precios que no reflejan ni los costos reales de producción ni las condiciones de competencia internacional.

El resultado es una pérdida de la competitividad que no se origina principalmente en el campo colombiano, sino ocurre en un sistema global profundamente asimétrico. Por lo tanto, resulta indispensable avanzar en mecanismos de retiro de inventarios, en esquemas de financiamiento para la compra de cosecha y en el fortalecimiento de instrumentos de defensa comercial que permitan equilibrar el mercado interno. De igual manera, se requiere una política clara frente a las importaciones y un control efectivo del contrabando, que agrava aún más la presión sobre los precios nacionales.

Proteger al sector arrocero no constituye un acto de proteccionismo infundado, sino una decisión responsable de política pública frente a un mercado internacional distorsionado. Ignorar la realidad de los altos inventarios y de los subsidios externos sería condenar al productor colombiano a competir en desventaja permanente.

Reconocerla, en cambio, es el primer paso para construir soluciones que le devuelvan equilibrio y la previsibilidad a una actividad que es esencial no solo para los agricultores sino para el país.