El costo de la exclusión financiera
jueves, 23 de enero de 2025
Los “clientes” más frecuentes de este mercado ilegal suelen ser las personas más vulnerables y las empresas más pequeñas
Colombia Fintech
En Colombia coexisten dos mercados de crédito: uno formal y otro informal. Este último, paralelo al otro, suele ser la única opción para aquellas personas y empresas que no logran acceder a un crédito formal, lo que las obliga a recurrir a sus amigos y familiares y, en el peor de los casos, al “gota a gota”. Los “clientes” más frecuentes de este mercado ilegal suelen ser las personas más vulnerables y las empresas más pequeñas.
El mercado de crédito formal ha cambiado en los últimos años y su transformación ha sido liderada por las Fintech como nuevos actores innovadores. Estas empresas buscan integrarse en el sistema para complementar la oferta de las instituciones financieras tradicionales y generar una mayor competencia. Todo esto lo logran a partir de una oferta de valor clara: productos novedosos y procesos ágiles apalancados en la tecnología.
Desafortunadamente, el “gota a gota” también se ha vuelto digital; lo único que parece no cambiar es la regulación.
El régimen de tasas de interés, heredado del siglo pasado, regula el mercado de crédito formal. Este régimen busca proteger a los consumidores al establecer topes a los intereses que se pueden cobrar en los créditos. Es decir, establece una tasa máxima. Cuando esta es muy baja, las Fintech y los bancos están menos dispuestos a prestarles a personas con un perfil de mayor riesgo, como una mujer joven o un emprendedor, debido a que deben cobrar tasas de interés más bajas que no cubren el riesgo que estarían asumiendo.
De esta manera, se genera exclusión financiera porque en vez de otorgarles créditos a estas personas a la tasa máxima, se prefiere no prestarles del todo, dado que no es rentable. Así, a pesar de que una tasa máxima podría mejorar el bienestar en un mercado poco competitivo, ese no es el caso colombiano en el que las Fintech han fomentado la competencia. Incluso, el mantener un tope podría restringirla al limitar posibilidades de innovación y el acceso de nuevos segmentos de crédito más riesgosos.
Ahora bien, la realidad es que en el país existe un mercado de crédito informal. En él no hay reglas ni sanciones, mucho menos una tasa máxima. Sin embargo, para muchos colombianos la tasa de usura real no es la que certifica la Superintendencia Financiera, sino la que le pagan al “gota a gota”. Así, aunque esta tasa de usura real esté muy por encima de la tasa máxima legal, las personas no tienen otra alternativa y se endeudan a una tasa altísima.
Frente a esa tasa de usura real, que no es la que certifica la Superintendencia, encontramos que el “gota a gota” le cobra más de 10 veces la tasa máxima legal a las personas, y casi 20 veces más a las empresas. Lo anterior, revela que esa tasa máxima “legal” solo aplica para algunos colombianos, mientras que una proporción importante se enfrenta a la única tasa que le ofrece el sistema informal.
Para12% de los colombianos la tasa máxima legal no existe. Para los que están excluidos su tasa de usura real viene acompañada de angustia producto de hostigamientos e, incluso, violencia física o psicológica.
El verdadero costo de la exclusión se encuentra en la tasa de usura real a la cual se enfrentan muchos colombianos. Desde Colombia Fintech creemos que para lograr un verdadera inclusión financiera, es imprescindible ajustar la regulación de la tasa máxima legal, porque para muchos colombianos, la tasa máxima no es la que certifica la Superintendencia, sino la que les dicta un criminal.
Este es el momento de cuestionar la efectividad de una regulación obsoleta. La clave para dinamizar el mercado de crédito se encuentra en evaluar la metodología de cálculo del interés bancario corriente. En particular, separar el crédito de consumo del crédito ordinario permitiría una mejor segmentación del riesgo para que el IBC represente mejor las condiciones de quienes se endeudan.
Este cambio es posible en el corto plazo y generaría una expansión de hasta 10 billones de pesos en el stock total de la cartera de consumo al elevar el techo normativo y permitir la colocación de créditos a perfiles de mayor riesgo.