Alivio temporal necesario

El ‘Proyecto de Inversión Social’, con el que se propone recaudar $15,2 billones, resuelve varias emergencias en el corto plazo y genera el ambiente de equilibrio político que el país necesita. La reforma se tiene que tramitar lo antes posible, como lo he dicho en varias ocasiones, el peor escenario es no hacer nada. Ahora, hay que decir que lo que se propone no es estructural y vuelve a postergar la deuda que tenemos con un sistema tributario que recaude mejor, que sea progresivo, simple y que resuelva los problemas de desigualdad.

En términos de gasto, hay que decir que la decisión de fortalecer y mantener los diferentes programas sociales, sostener el apoyo a empresarios y avanzar en políticas de impulso al empleo juvenil es la más acertada. En esa vía, se espera que Ingreso solidario llegue a 200.000 familias adicionales, se extienda el programa de apoyo a la nómina Paef hasta finales de 2021 y, en términos de apoyo a los jóvenes, se subsidie 25% de un salario mínimo para empleados entre 18 a 28 años, además de abrir hasta 700.000 cupos de educación superior en instituciones públicas con matrícula cero.

Si bien las medidas están bien encaminadas, quedan dudas con respecto a su sostenibilidad y las presiones fiscales que traerán para la administración entrante.

Por el lado de los ingresos, el grueso del recaudo recaerá sobre las empresas, eliminando algunas de las medidas que estipulaba la última tributaria. En ese sentido, aumentará la tarifa de renta corporativa de 30% a 35%, se mantendrá en 50% el descuento del ICA sobre el impuesto de renta y se extenderá la sobretasa al sistema financiero en tres puntos hasta 2025. También llama la atención que dos de las fuentes de financiación más importantes que tendrá el nuevo proyecto serán la austeridad al interior del gobierno y la lucha contra la evasión. Se estima que, en conjunto, representen cerca de 30% del recaudo total.

Ahora, sobre las fuentes de ingresos quedan algunos interrogantes. Primero, la incertidumbre que encierra la cifra de eficiencias en el gasto y lucha contra la evasión, ya que es imposible saber con certeza qué tan efectivas serán las medidas. No puedo dejar de señalar que preocupa que sean justamente esos ingresos los que representan una buena parte de los recursos que se destinarán al a cubrir los programas sociales.

Segundo, no se estipuló una tarifa diferenciada de renta para Mipyme. Recordemos que esas empresas son el verdadero motor de generación de empleo del país, gravarlas más allá del punto eficiente genera distorsiones en inversión y productividad, además de ser un incentivo negativo a la generación de empleo formal.

Si bien la mejor reforma es la que se lleva a cabo, y esta es una que nos permite solventar las necesidades de gasto y dar pasos para estabilizar las finanzas a partir de 2023, tenemos que ser cautos desde ya con lo que viene en términos de presiones fiscales.Por eso, pronto nos tendremos que embarcar una vez más en las discusiones sobre la estructura del sistema de recaudo del país.

No podemos quitarle los ojos al problema, es necesario equilibrar las cargas impositivas entre personas jurídicas y naturales, corregir la deficitaria focalización de los subsidios pensionales para redirigirlos a los más vulnerables y, finalmente, llegar a una estructura progresiva en la que el grueso de la contribución esté en cabeza de las personas de mayores ingresos. Un esfuerzo que, con seguridad, la nueva administración, en el segundo semestre de 2022, tendrá que hacer de manera prioritaria.