Colombia no puede quedarse atrás: Avancemos hacia la regulación de las cripto

El miedo es un mal consejero a la hora de regular. En Colombia, la relación de las autoridades con los criptoactivos nació de la prevención: entre 2014 y 2017, tres cartas circulares de la Superintendencia Financiera advirtieron a las entidades vigiladas que no estaban autorizadas para custodiar, invertir, intermediar ni operar con estos activos, ni para prestar sus plataformas.

Eran documentos informativos, pero el mercado los leyó como una prohibición y los bancos empezaron a cerrar las cuentas de las empresas. Esto no sólo implicó una pérdida de competitividad, sino que también frenó su desarrollo.

Una década después, el resultado de esa cautela es un vacío. Desde 2021, se han presentado tres proyectos de ley y ninguno ha prosperado; han existido diversos intentos, tanto de la industria como de las autoridades y no se ha logrado llegar a consensos. Mientras tanto, la Dian exige reportar las operaciones con criptoactivos desde el año gravable 2026. Se grava y se pide información sobre una actividad que la ley todavía no regula de manera expresa.

La incertidumbre ya tiene un costo medible. Colombia movió US$29.100 millones en cripto en el último año, 13,8% más que en el anterior, y solo en el segundo trimestre de 2026 recibió US$3.500 millones en stablecoins. Ese mercado se atiende cada vez más desde afuera: este año las plataformas locales de la región perdieron participación frente a las internacionales, salvo en Brasil, donde las reglas del Banco Central las llevaron de recibir 1,5% a 12,5% de los flujos. Una buena regulación llegaría a los hogares. Cerca de seis millones de colombianos usan criptoactivos y más de la mitad de sus fondos están en stablecoins.

En 2025 el país recibió un récord de US$13.098 millones en remesas; enviarlas por los canales tradicionales cuesta entre 5% y 7%, y por rieles basados en stablecoins, menos de 2%. Con reglas claras, ese dinero podría conectarse con Bre-B, que en septiembre alcanzó cerca de 230 millones de transacciones, y llegar a las familias con menos costos.

Regular sin miedo exige pocas cosas, pero deben estar claras. Primero, una categoría jurídica para los criptoactivos y las stablecoins, con un supervisor definido. Segundo, reglas basadas en riesgos: un exchange, un custodio y un emisor de stablecoins no representan lo mismo y no deben cargar con los mismos requisitos.

Tercero, lo indispensable para proteger al usuario: reservas, derecho de redención, separación de los fondos de los clientes y prevención del lavado de activos. Cuarto, acceso al sistema bancario y un tratamiento cambiario que le diga a una empresa cómo canalizar un pago en stablecoins.

Los estándares técnicos y la interoperabilidad pueden quedar en manos de la industria. Brasil ya reguló, México discute su propia ley y Estados Unidos termina de reglamentar la Ley Genius. Colombia tiene la adopción, la infraestructura de pagos y una industria dispuesta a cumplir; le falta un marco legal.

Desde Colombia Fintech hacemos un llamado al Gobierno, al Congreso y a los supervisores para pasar de las advertencias a las reglas, y darle a este mercado la certeza y la seguridad jurídica que hoy no tiene.