En Venezuela, 73% del total de las familias no tiene acceso a agua potable

Las causas de la muerte en Venezuela no solo se centran en la desnutrición de su población, sino también en la deshidratación, pues según el último informe de Cáritas Venezuela, 73% de las familias del país no tiene acceso continuo a agua potable, e incluso debe recurrir al agua corriente que se canaliza por las cañerías y que no está necesariamente tratada, para evitar morir de sed.

La situación actual dista mucho de la abundancia que se vivía durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, concretamente en 2001, momento en que 92% de la población venezolana tenía asegurado su acceso a agua potable, según estimaciones de la Hidrológica Venezolana (Hidroven), la casa matriz de Venezuela en materia de agua potable. En la actualidad, solo 17% de los venezolanos puede obtenerla ininterrumpidamente, sin verse azotados por el racionamiento al que debe recurrir la gente.

La respuesta a este panorama se encuentra al revisar los números que la economía local destina a la inversión en cobertura de suministros de agua potable para el país. En 1999, Hidroven invertía US$343 millones anuales para cubrir este aspecto, pero para 2004 redujo su capital a US$210,7 millones ininterrumpidamente hasta 2014, con Nicolás Maduro en el poder.

Al comparar estos montos de dinero con el total del PIB de Venezuela, la inversión de Hidroven no supera 1% en ninguno de esos 15 años. Su punto más alto en cuanto a contribución al producto interno bruto local fue en 2003, cuando cubrió 0,4%.

Cáritas Venezuela también especificó en su informe que 57% de las familias venezolanas tiene acceso al agua potable durante menos de tres días a la semana, mientras que 26% restante tiene un acceso continuo, más no permanente, durante la semana.

La investigadora del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, Estefanía Montoya, mencionó que “el agua es un derecho fundamental que garantiza el mantenimiento de la vida, por lo que adquiere un rol de primacía frente a otros derechos”.

Por su parte, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Franco, destacó que “hoy en día, pensar en el desarrollo de cualquier región sin garantizar el acceso continuo al agua resulta atentatorio para la salud”.

La evidente escasez de agua potable ha derivado en la aplicación de jornadas de racionamiento cada vez más constantes. Tanto así que, entre 2016 y 2017, al menos 30% de la población venezolana vivió bajo estas condiciones.

La precariedad ha llegado a niveles tan extremos que el racionamiento ha dejado de ser una opción para algunos ciudadanos, lo que los ha llevado a recurrir al agua corriente como única salida para evitar la deshidratación como destino final. El problema con el agua corriente es que, al ser el líquido que se canaliza por las cañerías y se distribuye en las ciudades sin estar necesariamente tratada, ha aumentado los casos de enfermedades diarreicas entre la población. Según el Ministerio de Salud de Venezuela, los casos llegan a 988.000 en los últimos años.

Según el último informe de Prodavinci, las horas de suministro semanales de agua corriente en promedio llegaban a 48 horas entre 2016 y 2017, a las que accedía población bajo racionamiento formal.

Nuevas sanciones contra el Gobierno

La Unión Europea (UE) informó ayer que impuso sanciones económicas contra 11 funcionarios venezolanos en protesta por la reelección del presidente Nicolás Maduro, que el bloque afirma no fue ni libre ni justa y carece de credibilidad. Entre los sancionados se encuentra la vicepresidenta del país vecino, Delcy Rodríguez, el vicepresidente económico, Tareck El Aissami, además de tres altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y dos de la autoridad electoral, entre otros. La UE es el tercer mayor socio comercial de Venezuela, después de EE.UU. y China.