“Colombia tendrá que importar 25% de la demanda de gas natural el próximo año"

Pese a que Ecopetrol y Petrobras han dado nuevas muestras del proyecto Sirius, con una comercialización conjunta desde 2030 de 249 Gbtud, el país se enfrente a una coyuntura de desabastecimiento del recurso energético, que analistas atribuyen a la falta de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

La estimación de Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, es que el déficit equivalga a la cuarta parte de la demanda nacional el próximo año.

En este sentido, hizo un llamado a retomar la exploración mientras se hace una revisión de las condiciones que hagan atractivo el país para la inversión extranjera.

¿Cuál es la actualidad del país en materia de hidrocarburos?

Tenemos siete años de reserva de petróleo y cerca de seis años de reserva de gas, es una cifra muy baja. La actividad en el sector ha caído en los últimos años y, aunque, la inversión se ha mantenido para cumplir los compromisos de inversión de capital de los contratos existentes, la nueva inversión en exploración ha caído 8%.

¿Cuánto gas se está importando actualmente?

Este año importamos cerca de 17% de la demanda nacional de gas y el año entrante vamos a importar 25%.

Esa situación hay que reversarla porque estamos hablando de un sector que representa 16% de la inversión extranjera directa, que aporta $8 billones en regalías, que aporta más de 20% de los ingresos de la Nación y que es un pilar macroeconómico, fiscal, cambiario y de recursos hacia la región.

¿Qué se puede hacer para mejorar la producción?

Se debe tener la opción de tener nuevos contratos, pero también hay que incentivar la inversión. Tenemos que lograr que Colombia vuelva a ser un mercado atractivo para los inversionistas extranjeros.

El mercado está comparando al países con otros como Argentina, Guyana o Brasil, donde se han firmado más de 280 contratos en los últimos tres años.

¿En qué se está fallando?

Tenemos las tasas de tributación más altas del mercado, condiciones de orden público que dificultan y hacen más costosa la operación y una narrativa que va en contra del sector.

Necesitamos recuperar la autosuficiencia energética y utilizar esos recursos para hacer una transición de tecnologías, para reconvertir las economías de las regiones y para disminuir la inequidad social en Colombia, y aquí están la capacidad y los recursos para hacerlo.

¿Por qué ha subido el costo de levantamiento del barril?

En primer lugar, porque con campos en declinación hay que hacer inversiones adicionales en técnicas de recobro mejorado. En segundo lugar, la situación de conflictividad social ha llevado a que las empresas tengan que hacer numerosos acuerdos con contratistas que son numerosos que pueden representar entre US$4 y US$6 adicionales por barril. Eso es una desventaja comparativa con otros mercados.

¿Entre la propuesta de nuevos contratos cabe el fracking?

Colombia tiene una oportunidad en yacimientos no convencionales. Tenemos un marco regulatorio robusto y unos parámetros y requisitos de licenciamiento ambiental que son bastante rigurosos.

En un país con un déficit fiscal de 7%, con niveles de pobreza de más de 30%, insuficiencia energética y sin soberanía y con la necesidad de importación de gas a dos y medio o tres veces el precio al que se produce localmente, no tiene ningún sentido no mirar con seriedad la opción de los pilotos.

¿En dónde hay potencial para practicarlo?

En el Magdalena Medio tenemos unas reservas de gas que pueden ser extraídas con yacimientos no convencionales y que podrían traer moléculas al mercado en un año y medio o en dos años, abasteciendo cerca de la cuarta parte de la demanda nacional.

¿Qué haría atractivo al país para la inversión extranjera?

Contar con nuevas rondas de exploración, pero sobre todo, tener marcos de estabilidad jurídica de mediano y largo plazo. Hay que revitalizar la economía colombiana a partir del sector de hidrocarburos.

¿Cómo ve al marco regulatorio actual?

Necesitaríamos hacer cambios en temas tributarios y estabilidad jurídica en las condiciones de los contratos.