A 10 años de Interbolsa, de 70 procesos que iniciaron,19 terminaron favorables a SFC

En 2012, el Gobierno ordenó el cierre de Interbolsa por un default de deudas con el sistema bancario y por fraude y desvío de fondos. El caso no solo llevó a personajes de la compañía a la cárcel, como al presidente de la firma, sino que, además, se iniciaron 70 procesos ante la justicia ordinaria, de los cuales 19 terminaron favorablemente a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y en los 51 restantes se cuenta con 31 sentencias favorables de primera instancia.

Se impusieron 40 sanciones a administradores, representantes legales, empleados, revisores fiscales, inversionistas, entre otros, de los cuales 22 fueron demandas de nulidad y restablecimiento del derecho.

De esos 22, han finalizado cinco: dos procesos terminaron con sentencia de primera instancia en firme, dos con sentencia de segunda instancia en firme y un proceso desistido. Así, actualmente hay 17 procesos de nulidad y restablecimiento del derecho vigentes.

También se iniciaron 46 procesos de reparación directa por parte de inversionistas, administradores de la Holding y funcionarios de la Sociedad Comisionista de Bolsa, quienes han pretendido la reparación de los perjuicios materiales que se les causaron por la presunta omisión de la Superintendencia Financiera (SFC) en el ejercicio de sus facultades de supervisión.

De ese total, han finalizado 14, todos favorables a la Superfinanciera. Cuatro finalizaron con sentencia de primera instancia, cinco con sentencia de segunda instancia, tres procesos fueron desistidos y dos rechazados.

Así, actualmente hay 32 procesos de reparación directa vigentes. Mencionando que en los procesos de reparación directa la jurisprudencia ha señalado, de forma unánime, que los hechos que dieron origen al daño provinieron de un tercero; las inversiones en el mercado de valores están sujetas a riesgos sin que le corresponda al Estado asegurarlos; el proceso de liquidación de las comisionistas de bolsa es el escenario idóneo para el reconocimiento de los dineros invertidos; y las actuaciones de la SFC se ajustaron a sus deberes legales y fueron adoptadas de manera oportuna.