Ajuste fiscal y deuda pública centraron la discusión en el primer día del Congreso de Asofiduciarias

Durante el Congreso de Asofiduciarias, el organismo advirtió que, incluso si se aprueba la ley de rescate económico, persisten presiones sobre el gasto que no estarían contempladas en el presupuesto. El Gobierno defendió su propuesta de IVA diferencial y devolución del impuesto a hogares de menores ingresos.

La situación fiscal del país, las necesidades de financiación del Gobierno y las medidas para corregir el déficit fueron algunos de los temas centrales de la primera jornada del congreso, que se realiza este 9 y 10 de noviembre. Durante el encuentro, representantes del Gobierno, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, y analistas económicos discutieron los retos presupuestales para 2027, el alcance de la ley de rescate económico y las condiciones para recuperar la inversión privada.

En ese escenario, Juan Carlos Ramírez, presidente del Carf, advirtió que la aprobación de la reforma tributaria no resolvería por sí sola todas las necesidades de financiación del Estado, pues el presupuesto del próximo año todavía enfrenta presiones de gasto que no estarían debidamente contempladas.

Entre los principales riesgos mencionó la financiación del régimen de seguridad social en salud, particularmente el régimen subsidiado. "La presupuestación del régimen de seguridad social y salud, básicamente el régimen subsidiado, están todavía desfinanciados", afirmó.

A esto se suman los recursos para cubrir los subsidios de energía, especialmente ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, y las necesidades presupuestales para atender la reconstrucción tras el terremoto del 22.

El organismo también identificó presiones adicionales en los gastos de personal, pese a que el presupuesto contempla que estos no crezcan por encima de la inflación. Según explicó, los acuerdos sindicales en el sector público podrían generar mayores obligaciones para el Estado.

En materia pensional, señaló que el agotamiento de los traslados entre regímenes y los posibles efectos de la aprobación definitiva de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, junto con las modificaciones que tramita la Cámara de Representantes, también representarían presiones sobre el gasto público.

Ramírez advirtió que la deuda neta del Gobierno pasaría de 58% a 60% del PIB en 2026, mientras que en 2027 el déficit total podría alcanzar 9,5%. Sin ajustes, el endeudamiento llegaría a 67% del PIB, cerca del límite sostenible de 71%. Además, una tercera parte de los ingresos tributarios ya se destina al pago de intereses, proporción que podría subir a la mitad en los próximos tres años.

Por su parte, Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico de Hacienda, defendió durante el Congreso de Asofiduciarias la propuesta del Gobierno de establecer un esquema de IVA diferencial, denominado EfectIVA, que contempla devolver el impuesto a los hogares de menores ingresos.

El funcionario cuestionó que actualmente los hogares de distintos niveles socioeconómicos paguen el mismo valor de IVA por un producto, independientemente de su capacidad económica. Como ejemplo, afirmó que los hogares pobres pagan en promedio $138.000 mensuales por este impuesto.

Betancur explicó que EfectIVA busca cambiar el esquema actual, en el que el impuesto se cobra por producto, por uno en el que la carga tributaria tenga en cuenta los ingresos de cada persona. De esta manera, quienes tengan mayores ingresos asumirían el pago del IVA, mientras que los hogares de menores recursos recibirían la devolución del impuesto que hayan pagado.

Uno de los cuestionamientos al mecanismo tiene que ver con la cobertura de la factura electrónica, que sería una de las herramientas para identificar las compras y realizar las devoluciones. Frente a esto, el viceministro aseguró que cerca de dos terceras partes de los hogares en situación de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad ya utilizan este sistema.

"Hoy en día, los hogares en situación de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad usan factura electrónica alrededor de dos tercios, es decir, dos de cada tres personas en esas condiciones usan factura electrónica. Esos hogares hoy pagan el IVA", explicó.

Para los hogares sin acceso al sistema bancario se contemplan giros postales, mientras que quienes viven en zonas sin cobertura de factura electrónica recibirían una transferencia equivalente al IVA estimado que pagan. Además, el Gobierno prevé un año para ampliar esta cobertura y fortalecer la capacidad de la Dian para identificar a los beneficiarios.