Banca y Gobierno definen mesas técnicas en discusión de proyecto de finanzas forzosas

Se realizó una reunión entre el Ministerio de Hacienda y representantes del sector bancario, con la participación de Jonathan Malagón y Carlos Ruiz de Asobancaria; María Lorena Gutiérrez del Grupo Aval; Juan Carlos Mora de Bancolombia; Javier Suárez de Davivienda; Mario Pardo de Bbva, y Diego Prieto del Banco Caja Social para discutir sobre la implementación de las inversiones forzosas.

En la coyuntura de la emergencia económica y climática, se dio a conocer desde el presidente Petro el impulso de la iniciativa de inversiones forzosas, una forma de obligar a diversas entidades financieras a destinar una parte de sus recursos a sectores previamente definidos por el Gobierno Nacional.

La reunión concluyó en el inicio de la creación de más espacios en los que se seguirá evaluando un paquete de alivios especiales propuesto por las entidades y que, según Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, se tomó en buenos términos desde el Ministerio de Hacienda.

“Lo que le hemos planteado al Gobierno es una alternativa que se basa en el despliegue de un paquete de alivios para las zonas en emergencia sin precedentes, acompañado de nuevos créditos productivos que permitan una recuperación efectiva, pero esto es todavía una propuesta”, afirmó Malagón.

Parte de lo expuesto al concluir el espacio de mediación entre ambas partes, es que se estima que probablemente la conclusión final, se haga pública entre el final de esta semana y el principio de la siguiente, con el propósito de estudiar diferentes puntos.

Malagón también expuso que la principal atención recae en la búsqueda de soluciones para las personas que se vieron fuertemente afectadas por el fenómeno climático, las cuales estarían en requerimiento de dichos alivios y que las entidades presentes las tuvieron en cuenta a la hora de diseñar la propuesta que se encuentran bajo el estudio del organismo gubernamental.

La inversión forzosa funciona como mecanismo regulatorio por el cual el Estado exige a los bancos y otras entidades que otorgan crédito que destinen un monto a créditos o usos específicos señalados como estratégicos por la autoridad política.

Desde el Gobierno ya se ha sostenido que esta figura permitiría la movilización de recursos para la reactivación sin recurrir a un aumento de impuestos o mayores endeudamientos tradicionales. Adicionalmente, se justificó la intervención con el argumento de que el sistema financiero no canaliza suficientes recursos para actividades productivas.

El sector financiero hizo frente en oposición a las propuestas gubernamentales, donde entidades como Asobancaria alzaron la voz advirtiendo que esta imposición podría encarecer el crédito con la consecuencia de aumento en las tasas promedio de colocación entre 50 y 100 puntos básicos.

Tanto gremios como expertos señalan que este encarecimiento podría reducir la disponibilidad de crédito y limitar la capacidad de inversión y consumo, esto podría contraponerse al objetivo de fomentar crecimiento y la facilidad del acceso a financiamiento.

Otro señalamiento es que una medida de este tipo altera el funcionamiento natural del sistema financiero al obligar a bancos a colocar recursos sin tener en cuenta los criterios técnicos que involucran temas de riesgo y rentabilidad.