Asobancaria advierte sobre el aumento desmedido de casos de insolvencia en 10 años

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, denunció que en estos momentos el sector está siendo víctima del “cartel de la insolvencia”. Alertó que hace 10 años había reportes de 400 casos de insolvencias que en 2025 aumentaron a 20.000 y que para este año proyectan que aumente a 35.000 casos.

Advirtió que quien hace mal uso de esta figura y pide créditos que no pretende pagar se cierra las puertas al sistema financiero formal, mancha su historial crediticio y se expone a procesos penales.

El dirigente gremial denunció que hay una estructura criminal que se encarga de lo que denominó el “cartel de la insolvencia”, la cual aseguró está integrada por grupos de abogados asesores y centros de conciliación que recurren a maniobras irregulares para facilitar el acceso indebido a este mecanismo. En algunos casos, se ha identificado la creación de deudas ficticias con el propósito de cumplir los requisitos y promover acuerdos que resultan lesivos para los acreedores reales.

“Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telcos, los proveedores, entre otros, lo que genera consecuencias para los implicados como la pérdida de confianza, el reporte a las centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito e incluso consecuencias penales”, dijo.

Asimismo, Iván Cancino, abogado penalista señaló que los abogados, las personas que se declaran en insolvencia haciendo trampa y los prestanombres que permiten usar su identidad para servir como acreedores ficticios en estos procesos, incurren en conductas punibles y se pueden ver inmersos en delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento. Si son condenados, pueden terminar en la cárcel.

Vale la pena mencionar que el uso indebido de la figura de insolvencia, sin una necesidad real y con el único propósito de evadir el pago de obligaciones, afecta la confianza en los deudores, incrementa las exigencias para el acceso al financiamiento y encarece el costo del crédito.

Por su parte, Diana Talero, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, advirtió que la figura de la insolvencia fue creada para aquellos deudores que realmente se encuentran en una situación de crisis, no para evadir el pago de las obligaciones, mientras que los abogados que adelanten casos de insolvencia de forma tramposa podrían perder su tarjeta profesional e ir a la cárcel.