Asofondos advierte que limitar inversión en el exterior bajaría rentabilidad de pensiones

Frente al Decreto 0369, recientemente expedido por el Gobierno Nacional, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía, Asofondos, reiteró que la norma afectaría un principio clave en la gestión del ahorro pensional: la diversificación, así como el modelo de multifondos vigente desde 2009, diseñado precisamente para aplicar este criterio según el perfil de riesgo de los afiliados.

En la práctica, como lo ha señalado el gremio de las AFP en distintos espacios y al propio Gobierno, limitar la inversión de los recursos en activos en el exterior se traduciría en menores rentabilidades para los afiliados y, en consecuencia, en prestaciones más bajas. Esto implicaría que a los trabajadores les resulte más difícil acumular el capital necesario para acceder a una renta vitalicia y, en los casos en que lo logren, obtendrían pensiones de menor monto.

“Limitar las inversiones en el exterior va en contravía del deber fiduciario que por ley tienen las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia frente a los trabajadores, es decir, su principal mandato es garantizar el beneficio de los afiliados mediante la gestión de sus recursos de manera segura, transparente y , sobre todo, priorizando el crecimiento de su ahorro en el largo plazo para su pensión” , explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Para el gremio, el Decreto parte de un diagnóstico equivocado. Según Asofondos, las AFP ya invierten en todo lo posible dentro del país, pero la mayor participación en activos locales se ve limitada por la falta de proyectos idóneos, seguros y rentables que ofrezcan condiciones adecuadas de riesgo-retorno para los afiliados. En ese sentido, señalaron que las restricciones actuales responden principalmente a la escasez de iniciativas bien estructuradas, a condiciones de confianza necesarias para su desarrollo y a las altas tasas de interés que paga el Gobierno, asociadas al desorden fiscal, lo que representa un alto costo de oportunidad para los inversionistas, según explicó Velasco.

En este contexto, las administradoras han manifestado reiteradamente su disposición a financiar un banco de proyectos como el que plantea el decreto, siempre que este se estructure bajo criterios que cumplan con los requisitos de riesgo y retorno de cada multifondo, en línea con el deber fiduciario y la normativa vigente. Para el gremio, imponer un límite máximo no es necesario y, por el contrario, podría terminar afectando a los afiliados si no se establece en su beneficio.

Asofondos también recordó que los ahorros pensionales tienen una destinación específica, definida en el artículo 48 de la Constitución: financiar las pensiones de los afiliados. En contraste, el objetivo del decreto de contribuir a la financiación de las necesidades de inversión del país, aunque responde a propósitos del Gobierno, no coincide con la finalidad del ahorro pensional, que debe enfocarse exclusivamente en maximizar la seguridad y el monto de las pensiones futuras.

En la misma línea, la Contraloría General de la República advirtió que medidas que reduzcan la diversificación de los portafolios, como la limitación de inversiones en el exterior, podrían traducirse en menores rendimientos para los afiliados y, en consecuencia, en mayores presiones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y las finanzas públicas.

El decreto establece que las administradoras deberán presentar, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, un plan de ajuste ante la Superintendencia Financiera de Colombia, orientado a la implementación gradual del nuevo límite. Este deberá contemplar que el flujo de nuevas cotizaciones se destine a inversiones nacionales, en la medida necesaria para cumplir con el tope global definido.

En este contexto, los equipos de las AFP ya analizan el alcance de la norma y las acciones a seguir, tanto para estructurar el plan exigido como para evaluar posibles recursos judiciales enfocados en la protección del ahorro de los trabajadores.

Adicionalmente, el sector revisa eventuales conflictos del decreto con la Ley 100, otras disposiciones del régimen de inversiones vigente y el escenario que podría configurarse si la Corte Constitucional declara exequible la Ley 2381 de 2024 en lo relacionado con este régimen. En ese caso, la norma tendría que ser revisada. Según Velasco, también se solicitará a las autoridades mayor claridad frente a los alcances del decreto, cuyas precisiones serán clave para su implementación.

Si bien las AFP reiteraron su disposición a cumplir la normatividad vigente, señalaron que continúan evaluando las acciones judiciales necesarias para garantizar el cumplimiento de su deber fiduciario y proteger el ahorro pensional de los afiliados, adicionales a los recursos ya interpuestos por otros ciudadanos.