Asofondos respalda eliminación de traslado de régimen pensional e insta a una reforma
miércoles, 20 de octubre de 2021
Para la entidad, la propuesta resultaba inequitativa debido a que beneficiaba a un reducido grupo de trabajadores de ingresos altos
La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofonodos) respaldó la decisión del Congreso de la República de eliminar el artículo 104 del Presupuesto General de la Nación para 2022 que abría la posibilidad de traslado entre regímenes pensionales.
Para la entidad, la propuesta resultaba inequitativa y onerosa debido a que beneficiaba a un reducido grupo de trabajadores de ingresos altos. "El gremio, al igual que otros sectores de la economía, de la academia y la opinión pública coincidieron en la inconveniencia de este tipo de iniciativas, caso artículo 104 y del proyecto de ley 018 de 2021, de iniciativa parlamentaria y que aún está en discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en la actualidad", se lee en el documento.
“Esta decisión muestra el sentido de responsabilidad y seriedad del Congreso y del Gobierno que tras analizar el impacto del artículo 104 consideraron su inconveniencia pues su aprobación habría ahondado desigualdades en el país al beneficiar a unos pocos, de ingresos más altos, dejándoles a los colombianos una costosa factura que, según cálculos del ministerio de Hacienda, estarían por el orden de cerca de $4 billones”, explicó Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos.
Este articulado proponía que durante la vigencia de 2022, se permitirá el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual (Rais), gestionado por las AFP, al Régimen de Prima Media (RPM). Entre las condiciones que plantea, se establece que esta transición podría darse siempre y cuando sean hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 47 años.
Se determinaba que solo podrán realizar este proceso quienes hayan cotizado, como mínimo, 750 semanas en el RPM antes de vincularse a una AFP; es decir, dicho proyecto se enfocaría en el retorno de algunos cotizantes.
El traslado hubiese tenido un costo fiscal neto de $3,8 billones y se preveía que beneficiara a 19.000 afiliados, de los 41.000 ciudadanos que cumplen con las condiciones exigidas en el artículo.