Batalla de Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño abre nuevo capítulo en tribunales

La batalla judicial entre las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño y el Grupo Gilinski continúa, y esta vez fue el Grupo Nutresa el encargado de abrir un nuevo capítulo en los líos en los juzgados donde se han enfrentado desde las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) que finalizaron el año pasado.

Por medio de un comunicado enviado a la información relevante de la Superintendencia Financiera, la multilatina de alimentos dio a conocer que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por “las presuntas irregularidades en el reparto y trámite” de la demanda que cursa en la Superintendencia de Sociedades, interpuesta por Jgbd Holding y y Nugil en contra de, entre otros, el Grupo Nutresa.

Según explica el abogado Diego Márquez, “con el proceso de la Supersociedades ha habido muchos asuntos. En una época se dijo que había un impedimento, pero fue rechazado, después la tutela, y ahora viene la denuncia, pero no tenemos claridad si es sobre el mismo proceso, porque puede haber muchos en la Supersociedades”.

Esto se suma al laberinto judicial que arrancó paralelo a las ofertas que se hicieron en la bolsa. Por ejemplo, hay dos demandas interpuestas a nombre del Grupo Sura, una de ellas donde se pidió que se anule la autorización dada por la Superintendencia de Salud a la adquisición indirecta de EPS Sura por la primera OPA que se lanzó por las acciones de la holding paisa.

Además, hay otra demanda que se presentó contra tres directores de la junta directiva de Grupo Sura que decidieron sobre la posible venta de las acciones de Nutresa, tras la oferta que presentó el grupo árabe IHC Capital Holding y que al final se declaró desierta.

En todo este embrollo judicial, también tiene presencia el Tribunal Superior de Bogotá, donde se tramitó la recusación contra un funcionario de la Supersociedades que decretó una medida cautelar en una demanda interpuesta por Jgdb y Nugil contra Grupo Nutresa, Grupo Sura y otros.

En concreto, la recusación fue contra José Nicolás Mora, director de la Jurisdicción Societaria de la Superintendencia de Sociedades. En este caso, se pedía inhabilitar a Mora para decidir sobre la OPA que lanzó IHC por Nutresa, tras conocerse que había trabajado previamente en la firma Gómez Pinzón Abogados (entre octubre de 2013 y junio de 2020) y porque su esposa, María Valentina Díaz, también habría trabajado en la firma como asociada.

Con esta información se pretendía hacer entender que Mora pudo haber conocido información relacionada con las OPA dado que la firma de abogados es asesora de IHC en la oferta pública, sociedad que, además, tendría una relación comercial con Jgdb Holding y Nugil.

No obstante el Tribunal Superior de Bogotá, que atendió el caso, declaró la recusación infundada al determinarse que lo solicitado por los representantes de las empresas paisas no tenían elementos para ser comprobados.

Finalmente, hay otra parte del capítulo en Medellín, pues en el Tribunal Superior de esa ciudad llegó una apelación después de que el Juez Quinto Civil del Circuito de Medellín decidió mantener vigente la medida dirigida a tres representantes legales del Grupo Sura de abstenerse de ejecutar órdenes o instrucciones que “supuestamente provengan de la Junta, cuando aquellas hayan sido adoptadas con la participación y el voto de un número inferior a cuatro miembros”.

Además, antes de la denuncia de Nutresa de ayer, la Fiscalía ya era partícipe de este lío pues en febrero llamó a interrogatorio a cinco funcionarios judiciales por posibles irregularidades en el reparto de las demandas civiles que presentó el Grupo Sura y Cementos Argos en el proceso de la OPA para adquirir acciones de Nutresa.