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Bitcoin se 'googlea' más en Colombia donde hay mayores cultivos de coca

Reuters

El país es el 14° que más transa la criptomoneda en la plataforma LocalBitcoins.

Andrés Octavio Cardona

A pesar de la caída de cerca 55% que ha marcado 2018 para el Bitcoin respecto al precio de mercado y su capitalización total, su auge en Colombia parece no detenerse y el país se posiciona actualmente como el número 14 en volumen de transacciones, con 1,03% del total, según midió LocalBitcoins, una de las principales plataformas de intermediación e intercambio de esta moneda digital en el mundo donde se transa esta divisa.

Y una de las preocupaciones que se ha consolidado entre los analistas con la popularidad de las criptodivisas, especialmente del bitcoin, es que en la mayoría de departamentos donde más se busca en Google cómo comprar bitcoins, comercializarlos, venderlos e intercambiarlos, son aquellos que lideran el ranking de cultivos de coca.

En esta clasificación se posicionan como las regiones con mayor interés de búsqueda, de acuerdo con Google Trends, Caquetá, Norte de Santander, Guaviare, Quindío, Caldas, Casanare, Nariño, Putumayo, Antioquia y Bogotá.

De estos, seis departamentos se encuentran en el top 10 de los departamentos con mayores cultivos de coca por hectáreas según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destacando en este apartado Nariño, Putumayo y Norte de Santander que, en conjunto, suman 60% del total nacional.

La curiosa relación entre la búsqueda web de la mayor criptomoneda en zonas del país donde más se fortalece una de las principales actividades delictivas, y en la que más foco ponen las autoridades colombianas, es solo parte de la conexión que ha perseguido a las monedas digitales con operaciones y transacciones ilícitas, desde su nacimiento en 2009.

Según Carlos Mesa, fundador y director de la Fundación Bitcoin Colombia, “este es un tema sensible, donde es probable que algunos actores no muy sanos en estas regiones puedan intentar usar la tecnología y beneficios del bitcoin para fines ilícitos, pero no es algo que se pueda asegurar y por ello el aumento de su popularidad. Otro síntoma que podría estar influyendo es que son lugares menos favorecidos por el Gobierno y el sector financiero en general, por lo que bitcoin les ofrece mayores posibilidades de realizar transacciones a cualquier parte del mundo, sin mayor traba”.

Este punto podría ser uno de los más relevantes, pues en zonas como Putumayo, Caquetá, Guaviare o Casanare no existe la misma densidad de cajeros, oficinas y corresponsales bancarios que en las principales ciudades del país.

Ahora, sobre este punto, Ana Fernanda Maiguashca, codirectora del Banco de la República, explicó que aún “no contamos con información que ate el incremento de la actividad en criptoactivos a algún fenómeno particular. Es cierto que este mercado se caracteriza por ser más opaco que otros y por eso hemos alertado sobre el riesgo de que los ciudadanos terminen participando en operaciones de lavado de activos. Si bien las operaciones son permitidas y legales en Colombia, es fundamental que las personas entiendan los riesgos a los que se exponen. En el caso de los cripto activos en particular, el riesgo operativo -al usar una tecnología nueva y que a veces puede resultar difícil de comprender-, el de lavado de activos, y el generado con la elevada volatilidad de sus precios, son particularmente altos y las personas deben estar al tanto de ellos. Los ciudadanos deben evitar operaciones que no entiendan y en las que estén seguros no están siendo víctimas de fraudes”.

Otros departamentos como Quindío, que se posiciona como uno de los más activos en búsquedas, no tiene mayores cultivos de coca. Allí su popularidad crece por ser una de las regiones donde más establecimientos comerciales y medios de transporte reciben la moneda como medio de pago. “Hay muchos negocios que lo reciben en Armenia y eso puede influir en su crecimiento”, agregó Mesa.

A pesar de casos de éxito como el de Quindío, desligar a las divisas digitales de su relación con operaciones ilícitas en el mundo ha sido complicado.

Recientemente, una investigación de The Wall Street Journal identificó casi US$90 millones sospechosos de ingresos criminales que fluyeron a través de intermediarios digitales en EE.UU. por dos años. Entre ellos se encuentra ShapeShift AG, uno de los mayores receptores de fondos con presencia en el país norteamericano y que, según el informe, procesó casi US$9 millones de los fondos con irregularidades. Del total se identificaron US$88,6 millones lavados a través de 46 intercambios. De esta cantidad, menos de US$ 2 millones fueron incautados por la policía, según la investigación.

LOS CONTRASTES

  • Carlos MesaFundador y director de la Fundación Bitcoin

    “La tecnología bitcoin es pública y abierta y ha recibido muchas críticas, pero quienes siguen lavando más dinero lo hacen por otros medios”.

  • Ana Fernanda MaiguashcaCodirectora del Banco de la República

    “No contamos con información que ate el incremento de la actividad en criptoactivos a algún fenómeno particular”.

“Lo cierto es que las posibles operaciones ilícitas son cantidades ínfimas para los volúmenes diarios que manejan las criptomonedas, cerca a US$13.000 millones en promedio, razón que no da el peso suficiente para decir que su mayor uso se refiere a ese campo”, señaló Martín Vizcaya, experto en bolsas internacionales de la Universidad de Antioquia.

Ahora, ante los peligros Gerardo Hernández, codirector del Banco de la República, presentó en Ecuador un informe en el que señaló que los “protocolos de emisión y seguridad son opacos, sin que haya un responsable que dé cuenta de cualquier fraude o falla. Sus precios son altamente volátiles y la protección al consumidor es inadecuada”.

Regulación local se ha estancado frente a sus pares

Entre los mercados que más transan con monedas digitales como bitcoin, ether, litecoin o Ripple, entre otras, Colombia es uno de los que presenta mayores atrasos en materia de leyes o normas claras. Gobiernos como los de Estados Unidos, Canadá, Japón y miembros de la Unión Europea, e incluso algunos de la región, como México o Brasil han dado algún tratamiento regulatorio en materia de sanciones por lavado de activos o terrorismo, reglas tributarias, registro y licencias de intermediación o proyectos institucionales de DLT.

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