Colombia, en la senda de la inclusión financiera transaccional

Asobancaria plantea una visión más amplia de inclusión financiera, la cual incorpora tres componentes estructurales: i) acceso a la educación financiera; ii) protección al consumidor y iii) acceso tanto a productos de ahorro y crédito como a servicios transaccionales. La combinación de estos tres elementos es lo que permite vincular de manera efectiva y responsable al sistema formal, a aquellos segmentos poblacionales que, por uno u otro motivo, se han visto excluidos del mismo. Se destaca que el indicador de bancarización, que mide el número de personas adultas con algún producto financiero, continúa en ascenso y que al medir el crecimiento de la cartera, en especial la de consumo, se deben tener en cuenta el acceso de nuevas personas al sistema y la transformación reciente de entidades financieras diferentes de bancos en bancos comerciales.

Una vez realizados los ajustes correspondientes, el crecimiento observado de la cartera de consumo se reduce de 33% a 18%, cifra, esta última, que se aproxima más al crecimiento del PIB nominal, que fue de 10%.

Respecto del microcrédito se señala que a los resultados, ampliamente satisfactorios, contribuyó de manera significativa el que desde finales de 2010 se hubiese dado inicio a la flexibilización de la fórmula de cálculo de la tasa de interés de usura, y que no habrían sido posibles de no existir el manifiesto interés tanto de la banca tradicional como de la especializada por incursionar en este mercado.

Es por esto que llama la atención la iniciativa del honorable senador Efraín Cepeda, según la cual se modifica la definición de microcrédito y se tiene el objetivo de lograr que la cartera de microcrédito participe en 15% de la cartera total de cada entidad financiera. Es de la mayor importancia recabar en los avances que se vienen forjando en materia de servicios transaccionales, los cuales hacen parte de la apuesta que el Gobierno Nacional ha trazado como un 'primer escalón' en el proceso de inclusión financiera. En cuanto a cobertura de la infraestructura bancaria se destaca que el número de CNB se haya duplicado frente al año anterior. Asimismo, son notables los esfuerzos realizados por la industria bancaria por desarrollar diversos productos y servicios en la línea transaccional.

No obstante, en la iniciativa legislativa 'pague fácil, pague digital' que el Gobierno Nacional estará radicando próximamente en el Congreso, se le introduce mayor competencia al sistema financiero, de una parte, mediante la autorización de una nueva licencia financiera para captar depósitos electrónicos y, de otra, por cuenta de la reglamentación de las tarjetas prepago. La inclusión financiera, de cuatro o cinco años para acá, viene siendo utilizada a nivel mundial como herramienta esencial para la superación de la pobreza y el logro de mayor bienestar y calidad de vida de la población.

Diferentes organizaciones internacionales y multilaterales han incluido esta temática dentro de sus agendas. Ejemplo de ello es la declaración de Pittsburg del G-20, donde se señalan los 'pilares' sobre los cuales debería cimentarse un ecosistema apropiado para mejorar el acceso de la población a los servicios financieros. Asimismo, la gran mayoría de los países emergentes ha venido estructurando políticas en ese sentido y el debate alrededor su potencial se ha tornado en tema recurrente en el ámbito académico. Dentro de ese marco, Colombia no ha sido la excepción en la puesta en vigencia de políticas públicas con miras al logro de una mayor inclusión financiera.

De hecho, en el ranking del estudio Microscopio Global, el país ocupa el no despreciable séptimo lugar (de 55), en lo relacionado con el entorno favorable para las microfinanzas. Esto no obsta para que no sea preciso continuar avanzando y realizando grandes esfuerzos por ir incorporando experiencias de otros países, tales como las de Perú y Bolivia, que nos aventajan en ese campo. A pesar de que no existe consenso en torno a lo que se entiende por inclusión financiera, Asobancaria plantea una visión que incorpora tres componentes estructurales: acceso a la educación financiera; protección al consumidor y acceso tanto a productos de ahorro y crédito como a servicios transaccionales.