“Con la reforma al mercado ganan ricos y pobres, es de todos los colombianos”

La Misión del Mercado de Capitales entregó un listado de 50 recomendaciones al Gobierno para redefinir el futuro del mercado de capitales. El director técnico del proyecto, Roberto Rigobón, habló con LR sobre el sentido de las propuestas y resaltó que el foco de las mismas es una reforma que no solo ayude a mejorar las condiciones del sector, sino que impacte socialmente.

¿Qué impacto se espera con estas recomendaciones?

El desarrollo de los mercados financieros está unido al desarrollo económico de los países. Las mejoras que se adelanten con estas recomendaciones impactan directamente en la calidad de vida de los colombianos. Esto es 100% para los consumidores, con una reforma al mercado de capitales ganan los ricos y pobres porque finalmente lo que va a hacer es aumentar los retornos de inversión de los colombianos y mejorar los instrumentos de seguros, que son muy escasos en este momento con lo que la gente va a poder transferir riesgos; financiar su educación y salud, lo que se hace hoy con recursos fiscales.

Usted ha mencionado que esto apoya a la sociedad en términos de acceso y equidad...

La equidad es que todos podamos tener financiamiento, lo que propone la Misión del Mercado de Capitales. En titularizaciones hay todo un capítulo sobre políticas sociales para que las personas naturales puedan financiar su educación y salud; así mismo tenemos un capítulo especial para educación financiera. Estas son las mejores reformas pensadas para un retorno social en una década.

Sobre este aparte de educación financiera, ¿cuál es el aporte de las recomendaciones?

Lo más importante es revisar quién es el encargado de la educación financiera, hay una parte de labor institucional perdida en este sentido, debe haber alguien encargado de verificar y acreditar a la gente que maneja los recursos. El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia a veces se encarga de esto, pero tiene que darse una formalización.

Hay otra recomendación enfocada hacia el 4x1000, ¿de qué trata la propuesta?

Lo que hicimos fue listar en las actividades que afecta más. En las actividades de derivados y de seguros el 4x1000 afecta mucho. Este es un impuesto que recauda mucho y muy eficiente si se diagnostica desde ese punto de vista, pero genera ineficiencia y estos son los lugares donde las ineficiencias son más grandes. No creemos que se elimine, pero ojalá en ciertas actividades sí, y en estas se recauda cero porque no ocurre nada.

Cuando inició el proyecto se habló mucho de las recomendaciones para que lleguen más emisores al mercado, ¿estas en qué vía van?

Lo primero es revisar que todo el sector público puede ser un gran emisor, hay un montón de posibilidades para que un gran emisor deba ser el Gobierno. Hay una formación de un fondo del Gobierno que está entre las ideas, lo que se busca es poner todos los activos en un lugar y que este se encargue de hacer las emisiones, las enajenaciones y privatizaciones. Lo que pasa es que también hay que ver cómo se llevan estos procesos.

Sobre la agilización de estos procesos en el mercado, ¿cuál es la base de las propuestas?

Todos estos procesos en este momento están siendo demasiado largos, se le da una prioridad al sector social que expande mucho el proceso. No hay problema con que se les dé, solamente que el tiempo es larguísimo. No deberían ser necesarios meses sino días pues además se genera una incertidumbre total sobre el sector financiero. La recomendación es agilizar esto, es un cambio pequeño pero que genera un impacto en las formas de hacer las enajenaciones.

Otro planteamiento está siendo el modo en el que se utiliza el mercado primario y secundario, ¿la recomendación va dirigida en qué sentido?

Nuestra recomendación va dirigida a diferentes requerimientos de regulación dentro de cada uno de los tres mercados, el primario con un mercado muy regulado, el secundario con un nivel medio de regulación para profesionales como AFP, aseguradoras, etc., y el tercero mucho menos regulado para entes muchísimo más profesionales con emisiones netamente privadas.

¿Cómo disminuir los costos de los que se quejan no solo los consumidores, sino las firmas?

Los costos son altísimos porque el mercado es muy chiquito. En todas las investigaciones que hicimos nos dimos cuenta de que los precios no van con el mercado, entonces no podemos evaluar los costos cuando tenemos un mercado de 15 emisiones al año, se vuelve muy caro porque hay muy poca competencia. En resumen, lo que encontramos fue que son el resultado de la estructura con poca competencia y oportunidad. No se pueden atacar hasta que se dé primero un paso estructural.

El Presidente mencionó que buscará llevar a cabo las recomendaciones vía decreto en lo posible, ¿cuántas de estas tienen necesidad de ir a Congreso?

De ley podrían ser un puñado, de cinco a seis, hay varias con las que se pueden hacer procesos de decreto, por ejemplo, el proyecto que está ahora en Hacienda para que la rentabilidad mínima de administradores de fondos de pensiones, que entre otras generaría la modificación de la Ley 100. Esta ley dice que el Gobierno debe regir una rentabilidad mínima, pero financieramente a la conclusión que llegamos es que esta rentabilidad es un impedimento para el desarrollo de las empresas.

¿Pero esto no pondría en riesgo los recursos de la gente en manos de las AFP?

Podría sonar a eso, pero lo que revisamos a fondo es que lo que parece ser una protección al consumidor finalmente es un impedimento para una buena gestión de sus fondos. Se dice que se tiene que cumplir una rentabilidad mínima, pero cuando tienen una rentabilidad mayor las AFP tampoco tienen ningún beneficio. El punto es que cuando se llegue a la rentabilidad mínima, lo que más conviene al administrador es no hacer nada más en el resto del año, reduciendo el retorno para los beneficiados. Se debe cambiar esto, alineando los incentivos de las AFP con los de sus usuarios.

¿Qué otras recomendaciones clave deberían ir por ley?

La Ley 610 de detrimento patrimonial es otro ejemplo. La forma más asertiva de lograr los cambios allí y que la interpretación sea la correcta es cambiar la ley; hay formas de ir haciendo eso mientras tanto, la Contraloría, por ejemplo, puede hacer cambios en sus guías y se pueden hacer decretos desde Hacienda, eventualmente la forma de fortalecer esa interpretación es cambiar la ley. Si se cambian solo por decreto, sin embargo, se deja una vulnerabilidad muy grande.