Consejo de Estado suspende decreto que modificaba el deslizamiento del salario mínimo
miércoles, 18 de noviembre de 2026
La decisión deja temporalmente sin efecto el Decreto 1485 de 2025 y restablece el esquema anterior, luego de encontrar un posible vicio en su expedición por la omisión del trámite de abogacía de la competencia ante la SIC
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la totalidad del Decreto 1485 de 2025, con el que el gobierno anterior modificó el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo en el régimen privado de pensiones. La decisión se produjo al resolver dos recursos de súplica presentados dentro de las demandas de nulidad contra la norma.
La medida restablece temporalmente la aplicación del Decreto 036 de 2015, luego de encontrar un posible vicio en la expedición de la nueva normativa por la omisión del trámite de abogacía de la competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. La suspensión se mantendrá mientras se resuelve de fondo la demanda.
Hay que tener en cuenta que el Decreto 1485 redefinió el parámetro utilizado para proyectar el crecimiento real del salario mínimo y calcular las obligaciones pensionales futuras. La norma estableció que debía utilizarse el mayor valor entre el promedio de crecimiento de la productividad de los últimos diez años y 35% de la inflación promedio de ese mismo periodo. Según los cálculos presentados en el proceso, esto llevó el parámetro de 0,39% a 1,99%.
Para entender el alcance de este cambio, hay que explicar que el deslizamiento del salario mínimo corresponde a la diferencia entre el incremento porcentual del salario mínimo y la inflación del año anterior. Por ejemplo, si el salario mínimo aumenta 10% y la inflación fue de 5%, el deslizamiento es de cinco puntos porcentuales. Esta diferencia representa un mayor crecimiento de las pensiones mínimas frente a las obligaciones que se proyectarían si solo se tuviera en cuenta la inflación.
Para calcular los recursos necesarios para garantizar esas obligaciones futuras, las aseguradoras utilizan un parámetro de deslizamiento que permite proyectar el crecimiento real de las mesadas. Con el Decreto 036 de 2015, este indicador se calculaba a partir del promedio de crecimiento de la productividad de los últimos diez años, mientras que el Decreto 1485 de 2025 incorporó también un porcentaje de la inflación promedio de ese periodo. El cambio modificó los supuestos utilizados para calcular las reservas matemáticas y determinar la cobertura estatal.
Los demandantes argumentaron que esta modificación redujo la cobertura estatal a un rango entre 10% y 20%, trasladando una mayor carga financiera a las aseguradoras y aumentando en más de $100 millones el capital requerido por los afiliados para financiar una renta vitalicia de pensión mínima. Estas cifras corresponden a los argumentos expuestos en el proceso y no a conclusiones definitivas del Consejo de Estado.
Además, Asofondos y Fasecolda alegaron exceso en la potestad reglamentaria, falsa motivación, regresividad en derechos pensionales y perjuicios para los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, Rais. Sin embargo, el Consejo de Estado confirmó la negativa a suspender el decreto por estos argumentos, al considerar que las diferencias entre los estudios técnicos presentados por las partes requieren un debate probatorio más amplio, propio de la sentencia definitiva.
Con la suspensión provisional, vuelve a aplicarse el Decreto 036 de 2015, cuya normativa utilizaba como parámetro el crecimiento promedio de la productividad de los últimos diez años (0,39%). Bajo este esquema, el Estado cubría la diferencia que se generaba cuando el deslizamiento observado superaba el parámetro reconocido en el mecanismo, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa anterior.
La normativa sobre abogacía de la competencia obliga a remitir a la SIC cualquier proyecto regulatorio que pueda tener incidencia potencial sobre la libre competencia en los mercados, sin importar si su finalidad principal es de seguridad social o sostenibilidad fiscal.
Los estudios de la Unidad de Regulación Financiera, URF, y las advertencias de la Procuraduría señalaron que el decreto podía trasladar riesgos financieros significativos a las aseguradoras, elevando los costos de operación y las exigencias patrimoniales para ofrecer rentas vitalicias y seguros previsionales.
De acuerdo con la providencia del Consejo de Estado, el Ministerio de Hacienda de ese momento omitió realizar los estudios técnicos de competencia, no diligenció debidamente el cuestionario de la SIC y tampoco dejó constancia en el decreto de alguna excepción legal que justificara no adelantar el procedimiento. Esta omisión configura preliminarmente un vicio de expedición irregular del acto administrativo.