Consejo de Estado suspendió traslados por $5 billones de las AFP hacia Colpensiones

En cuestión de días, las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, debían trasladar $5 billones a Colpensiones, con base en los aportes que seguían vigentes del decreto del Gobierno que inicialmente ordenaba remitir $25 billones. Sin embargo, esa obligación también quedó suspendida luego de que el Consejo de Estado frenara temporalmente, este lunes, los fragmentos restantes del documento.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Consejo de Estado "está a favor del los intereses de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores", por lo cual impulsará una demanda penal por prevaricato contra Juan Enrique Bedoya Escobar. Las declaraciones se dan luego de que el Consejo de Estado suspendiera el traslado de $5 billones de las AFP a Colpensiones

El documento publicado hoy por el Consejo explica que esta decisión se dio tras aceptar una serie de demandas que solicitaron suspender estas condiciones del decreto. Uno de los primeros en solicitar la suspensión fue Asofondos, su presidente, Andrés Velasco, había hecho un llamado al organismo para complementar la medida cautelar interpuesta esta mañana sobre los primeros $20 billones que debían trasladar las AFP a Colpensiones por orden del Decreto 0415 del 20 de abril de 2026. El gremio pide cobijar también los $5 billones restantes, "porque mal haríamos en trasladarlos".

Velasco dijo que, una vez salió el decreto, muchos colombianos instauraron demandas ante el Consejo de Estado con medidas cautelares de urgencia, pues obligaba el traslado de recursos en muy corto plazo.

El dirigente gremial aseguró que ese giro de $5 billones que fue suspendido se iba a destinar para el pago de pensiones de traslados durante la reforma y esos recursos que llegan por las personas que se cambiaron de régimen "son más que suficientes para cubrir las obligaciones asociadas".

Dijo que las pensiones de este grupo de trasladados costarían alrededor de $450.000 millones, pero los nuevos cotizantes aportan cerca de $600.000, lo cual deja un excedente de $150.000 millones.

Asofondos afirma que la urgencia del traslado a través del decreto suspendido busca otro efecto: liberar espacio de caja inmediato para el Gobierno Nacional, pues cada peso transferido a Colpensiones equivale a un peso adicional para las finanzas públicas.

En cuanto a Colpensiones, Jaime Dussan, su presidente, aseguró el mes pasado que se han trasladado cerca de 109.000 personas y de ellos se han pensionado casi 24.000, a quienes se les paga su mesada mensual. "Precisamente esos recursos ya tendrían que estar en las cuentas de Colpensiones, pero no han entrado", dijo en su momento refiriéndose al traslado de recursos.

Aseguró que el fondo más alto para el pago de las pensiones proviene del PGN, el cual, junto a las cotizaciones de los ciudadanos, supera los $78 billones.

¿Qué pasó con los $25 billones?

A finales de abril, el Gobierno expidió el decreto con el que pretendían que las AFP giraran esos $25 billones para obtener recursos de las personas que ejercieron uso de la ventana de oportunidad. Sin embargo, este fue llevado a los tribunales tras la radicación -incluida una acción de tutela y una demanda respaldada por Asofondos y los fondos Skandia, Porvenir, Protección y Colfondos-, el Consejo de Estado decidió suspender parcialmente el decreto.

Pero, ¿cuál parte está suspendida? La justicia administrativa puso bajo la lupa el Capítulo 5 del polémico Decreto 415 de 2026. Esta sección ordena a los fondos privados trasladar de forma inmediata a Colpensiones los ahorros de miles de ciudadanos que, aunque ya cambiaron de régimen, aún no han cumplido los requisitos de edad y semanas para jubilarse.

El conflicto radica en que, según los demandantes, estos recursos deberían permanecer en las AFP generando rendimientos hasta que se consolide el derecho pensional, por lo que el magistrado ponente analiza frenar esta medida para evitar un traslado patrimonial que podría ser masivo e irreversible bajo reglas jurídicas cuestionadas.

Con esto, el Régimen Público de Pensiones solo recibiría $5 billones de esos $25 billones que exigía el decreto. ”Hay una población que está cotizando, que todavía no cumple con criterios pensionales de esa que se trasladó, y los recursos de esa población corresponden a $20 billones. Y hay otra población, que es la población que ya se trasladó, que son 20.000 personas y que están recibiendo pensiones, que los recursos de ellos corresponden a $5 billones”, dijo el presidente de Asofondos, Andrés Velasco.

Por el contrario, el Capítulo 6 del decreto tiene mayores probabilidades de sobrevivir al examen judicial, ya que regula el traspaso de capital de quienes ya consolidaron su derecho a la jubilación. En estos casos, la lógica jurídica sugiere que, dado que Colpensiones debe comenzar a pagar las mesadas de inmediato, el traslado de los fondos es una necesidad administrativa y financiera lógica para garantizar el flujo de los pagos.

Según el decreto, 50% del capital debía entregarse en 20 días y el resto en los 10 días siguientes.

Además, las demandas sostienen que esta medida es un “salto al vacío” normativo. Argumentan que, según las leyes vigentes, el dinero debe permanecer bajo gestión de las AFP hasta que el afiliado consolide su derecho a la pensión, y no ser captado de forma anticipada por el Estado.