"El aseguramiento voluntario es un mercado que va a crecer en el futuro inmediato"

En el país históricamente ha habido un bajo índice de penetración de seguros, pues hay poco conocimiento sobre estos o se consideran productos de lujo y no de primera necesidad. De hecho, desde 2016, la relación entre primas emitidas y PIB se ha ubicado en 2,8%.

Para Francisco Salazar Gómez, presidente de Positiva Compañía de Seguros, la coyuntura puede ser una oportunidad para que más personas adquieran seguros en Colombia, pues con la pandemia se ha visto la necesidad de asegurar la vida y la salud.

¿Cuál ha sido el impacto del covid-19 en el sector seguros?
Con una perspectiva de caída de la economía entre -0,1% y -2,3% durante 2020, el sector asegurador enfrentará una desaceleración en las primas emitidas. Esto ya se evidencia en los últimos datos del sector. Según Fasecolda, las primas del sistema durante mayo han llegado a $269.000 millones, disminuyendo un 17% respecto a abril.

Hay un gran impacto en el ramo de riesgos laborales, ya que el aumento en el desempleo reduce las afiliaciones. Los menores ingresos estimados para las empresas y las personas impactarían los segmentos de vida grupo e individual.

El covid-19 impactará la siniestralidad de forma diferente en cada uno de los segmentos. La menor actividad económica reducirá la siniestralidad en los ramos generales, pero habrá un incremento de la siniestralidad en los ramos de vida por el crecimiento de las tasas de mortalidad y el crecimiento de la demanda de servicios asistenciales como consecuencia de la pandemia.

¿Cómo ha tenido que afrontar Positiva Compañía de Seguros el impacto del covid-19?
Tenemos un impacto similar al que ha tenido el sistema. La particularidad más especial es que dada la caracterización de nuestros clientes, pues tenemos una importante participación en el sector estatal, no hemos tenido tan abrupta caída en los ingresos como las que ha tenido el resto del ramo.

Desde el ramo de riesgos laborales son múltiples los impactos. El más fuerte ha sido el suministro de elementos de protección personal para nuestros asegurados, una actividad que estaba prohibida. Se trata de unos productos que no sabíamos comprar, de un mercado que no conocíamos y de un mercado altamente estresado por la demanda mundial.

Esa obligación que nos impusieron los Decretos 488 y 500 implican atender unas necesidades que en el sector salud están estimadas en aproximadamente $453.400 millones mensuales. Los decretos nos imponen la obligación de invertir al menos 7% de nuestras primas. En conjunto, este porcentaje asciende a $23.000 millones mensuales. Esto representa escasamente 5% de la necesidad.

En México se encontró que 97% de las personas que habían fallecido por covid-19 no tenían un seguro de vida. ¿Han visto una tendencia similar aquí en Colombia?
Aunque quisiera responder esa pregunta, las cifras que maneja Positiva están focalizadas en mirar un sector que está formalizado. Lo que sí vislumbramos es que el aseguramiento voluntario es un mercado que va a crecer significativamente en el futuro inmediato, porque la pandemia nos ha puesto de presente que el evento de morir o de incapacitarse es un riesgo cierto que puede presentarse en cualquier momento.

Entonces, ¿una de las buenas consecuencias de esta pandemia es el aumento de la penetración de seguros?
Indudablemente y eso es parte de la formación que las aseguradoras en conjunto proveemos. El aseguramiento es una manera de poder tener unas perspectivas de mejores condiciones, porque el seguro lo que hace es proveer unas condiciones que mitigan esa situación de catástrofe o siniestro. En la medida en que la cultura del aseguramiento aumente, tendremos familias y empresas a las cuales las eventualidades las afectarán menos.

¿Qué se podría cambiar de la ley para aumentar la penetración de seguros?
Tal vez uno de los aspectos en lo que haya intervención legislativa es en el aseguramiento de riesgos laborales. Yo creo que se buscarán mecanismos que garanticen la solidaridad del sistema, entre los asegurados y los prestadores para que haya mayor homogeneidad en las coberturas y beneficios que reciben los trabajadores. En el de vida hay unas condiciones regulatorias y lo que tiene que atenderse son las capacidades de producción y acercamiento al cliente por parte de las aseguradoras.

¿Esta regulación se podría incluir en una reforma laboral?
En la agenda legislativa del Gobierno, por lo que se ha podido conocer, hay temas que tienen mayores prioridades. Pero con absoluta seguridad, este tema de riesgos laborales va a ser objeto de especial reglamentación.

¿Qué seguros han creado o se crearán con la nueva normalidad?
Hemos enfocado nuestros esfuerzos en lanzar productos digitales con los que podamos llegar a la población bajo este nuevo modelo de operación que nos ha impuesto el covid-19. En los próximos días, estaremos anunciando el lanzamiento de seguros de vida individual que atienden algunas necesidades apremiantes con primas muy atractivas por su bajo costo.

Con Marsh lanzamos un seguro de vida-pandemia y en su cobertura hemos incorporado las experiencias que han tenido en otros países.

También nos encontramos en las etapas finales del diseño de un producto de enfermedades catastróficas y de un producto de vida con ahorro para aquellas personas que desean mejorar sus ingresos al momento de pensionarse.

Como somos optimistas respecto a la apertura, tenemos en este momento ya listos para salir a producción dos productos de aseguramiento para viajeros. Estos saldrían al mercado en dos meses. Además, desde marzo repotenciamos el seguro exequial y lo estamos comercializando nuevamente.

¿Cuál ha sido el índice de siniestralidad de Positiva durante la cuarentena?Hemos tenido una disminución en la siniestralidad. Como la mayor parte de la cartera está representada en riesgos laborales, esta situación en la que los trabajadores están teniendo menos desplazamientos y han permanecido confinados, indudablemente implica menos exposición al riesgo.

EL PERFIL
Francisco Salazar Gómez es abogado y especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Canónico. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 35 años. Ha trabajado en organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, donde se desempeñó como procurador delegado ante el Consejo de Estado, y en la Contraloría General de la República, como experto jurídico. Fue gerente director nacional del Banco Popular, jefe de postgrados en derecho de la Universid ad Pontificia Bolivariana y docente de las universidades Católica de Colombia, del Cauca, Santo Tomás de Bucaramanga y Externado de Colombia.