El Consejo de Estado frenó traslado de $5 billones de fondos privados a Colpensiones

El Gobierno recibió un nuevo revés judicial luego de que el Consejo de Estado suspendiera temporalmente los apartes restantes del decreto que obligaba a las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, a trasladar recursos a Colpensiones correspondientes a afiliados que hicieron uso de la ventana de oportunidad.

Aunque la decisión es provisional y no corresponde a un fallo de fondo, representa un golpe para la administración pública, que esperaba recibir en los próximos días cerca de $5 billones provenientes de esos traslados.

El alto tribunal ya había suspendido previamente varios apartes del decreto que inicialmente contemplaba el giro de $25 billones desde las AFP hacia Colpensiones. Sin embargo, algunas disposiciones seguían vigentes y permitían avanzar con una parte de los traslados. De hecho, en los próximos tres días las administradoras debían comenzar a transferir cerca de $5 billones, trámite que ahora quedó suspendido.

Según el documento publicado por el Consejo de Estado, la nueva decisión se produjo tras admitir varias demandas que solicitaban extender la medida cautelar a los apartes que aún permanecían vigentes.

La decisión fue bien recibida por el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, quien en reiteradas ocasiones había pedido suspender por completo el decreto. Incluso, después de que quedaran vigentes algunos apartes en decisiones anteriores, el dirigente gremial solicitó al alto tribunal complementar la medida cautelar.

Velasco había asegurado que, tras la expedición del decreto de traslado de recursos, numerosos ciudadanos presentaron demandas ante el Consejo de Estado argumentando que la norma obligaba a realizar traslados de dinero en plazos demasiado cortos.

El dirigente gremial aseguró que ese giro de $5 billones que fue suspendido se iba a destinar para el pago de pensiones de traslados durante la reforma y esos recursos que llegan por las personas que se cambiaron de régimen "son más que suficientes para cubrir las obligaciones asociadas".

Dijo que las pensiones de este grupo de trasladados costarían alrededor de $450.000 millones, pero los nuevos cotizantes aportan cerca de $600.000, lo cual deja un excedente de $150.000 millones.

Asofondos afirma que la urgencia del traslado a través del decreto suspendido busca otro efecto: liberar espacio de caja inmediato para el Gobierno Nacional, pues cada peso transferido a Colpensiones equivale a un peso adicional para las finanzas públicas.

En contraste, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, cuestionó esta decisión y aseveró que no tiene lógica que el Estado pague las pensiones mientras los fondos privados conservan los recursos de las y los trabajadores. “Los derechos de los pensionados y la sostenibilidad del sistema deben estar siempre por encima de los intereses del gran capital financiero”, argumentó.

“El Consejo de Estado será responsable de una eventual suspensión en el pago de pensiones ya consolidadas de los colombianos, cuyos ahorros siguen atrapados en los fondos privados para su usufructo”, aseveró el jefe de la cartera laboral.

Asimismo, señaló que el Gobierno ve con preocupación esta decisión porque significa que Colpensiones sigue asumiendo el pago de esas mesadas con cargo al sistema público, mientras los recursos continúan sin ser trasladados por los fondos privados. “Respetamos las decisiones judiciales, pero no se comprende que esta suspensión se extienda a personas cuyo derecho pensional ya fue reconocido y hoy es asumido por Colpensiones. No puede existir un sistema donde el Estado asume las obligaciones mientras los fondos privados conservan la plata”.

En cuanto a Colpensiones, Jaime Dussan, su presidente, aseguró el mes pasado que se han trasladado cerca de 109.000 personas y de ellos se han pensionado casi 24.000, a quienes se les paga su mesada mensual. "Precisamente esos recursos ya tendrían que estar en las cuentas de Colpensiones, pero no han entrado", dijo en su momento refiriéndose al traslado.

Aseguró que el fondo más alto para el pago de las pensiones proviene del PGN, el cual, junto a las cotizaciones de los ciudadanos, supera los $78 billones.

Asimismo, horas después de conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro dijo que van a demandar penalmente al magistrado ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar, por prevaricato. A su juicio es una sentencia a favor de los intereses de banqueros.