El Gobierno fija tope de 30% a inversiones en el exterior en cinco años de las AFP

En una decisión que marca un giro en la política financiera del país, el Gobierno Nacional ordenó limitar drásticamente la cantidad de dinero que los Fondos de Pensiones Obligatorias, AFP, pueden invertir fuera de Colombia. A través del Decreto 0369 de 2026, se estableció un "techo" global de inversión en el exterior de 30%, con el objetivo de movilizar el ahorro interno hacia proyectos que impulsen la economía local.

La medida se apoya en un diagnóstico del Dane que evidencia un desbalance en la economía: mientras la inversión en Colombia se aproxima a 20% del PIB, el ahorro nacional apenas alcanza 8%. Frente a esta brecha, el Gobierno busca redirigir los recursos de los afiliados, hoy invertidos en el exterior, hacia sectores estratégicos dentro del país, como infraestructura y proyectos productivos, con el fin de generar mayores efectos multiplicadores en la economía local.

Un ajuste gradual de cinco años

El decreto plantea una transición progresiva para que las AFP ajusten sus portafolios así: en los tres primeros años, las administradoras deberán reducir su exposición externa a 35%; al completar los cinco años, se deberá alcanzar el límite definitivo de 30%.

El Gobierno decretó que la totalidad de los flujos provenientes de las nuevas cotizaciones se destinen a inversiones nacionales hasta que se cumpla el límite establecido.

Para facilitar este proceso, el Ministerio de Hacienda liderará la creación de un banco de proyectos de inversión. Este espacio servirá para identificar y divulgar iniciativas públicas y privadas que sean compatibles con el régimen de seguridad, rentabilidad y liquidez que exige la Ley 100 para el dinero de los trabajadores.

Si una AFP decide no invertir en lo local y superar el límite de 30%, tendrá que presentar un documento técnico ante la Superintendencia Financiera justificando por qué no encontró oportunidades que garantizaran el bienestar del ahorro individual en el país.

Los puntos de vista

Esta idea de repatriar los fondos de las pensiones viene desde diciembre de 2025 cuando el Gobierno dijo que se traerían hasta $200 billones.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, presentó, en su momento, un ejercicio contrafactual para ilustrar el efecto de la diversificación internacional. “$1 millón invertido en 2011, con la posibilidad de diversificar en el exterior, hoy valdría cerca de $3,23 millones, con un retorno promedio de 8,5% y un riesgo bajo. Si ese mismo recurso solo se hubiera invertido en activos locales, hoy sería de aproximadamente $1,67 millones, con un retorno de 3,8% y el doble de riesgo”, explicó. En la práctica, añadió, se estaría perdiendo cerca de la mitad del retorno.

Hoy los fondos administran cerca de $500 billones, de los cuales alrededor de $250 billones están invertidos en el exterior. Traer $120 billones significaría repatriar casi la mitad de esos recursos. Frente a las versiones que hablan de una eventual repatriación de hasta $120 billones, Velasco fue enfático en señalar que se trata de cifras especulativas.

Los riesgos

El directivo advirtió que la repatriación forzada implicaría vender activos rentables en el exterior, en muchos casos de manera apresurada. “Cuando a uno lo obligan a vender, le toca vender barato. Luego esos dólares entrarían a presionar una revaluación de la moneda, lo que significa recibir menos pesos por cada dólar. Y después habría que comprar activos en Colombia, que hoy son escasos y relativamente caros”, señaló.

A juicio de Velasco, este proceso tendría un triple impacto negativo sobre los recursos de los afiliados: pérdida de valor por la venta anticipada de activos, menor conversión cambiaria y dificultades para encontrar alternativas de inversión atractivas en el mercado local. “Hoy no hay una oferta suficiente de activos en Colombia. La inversión no se ha recuperado plenamente tras la pandemia y, en este momento, el país no necesita ese ahorro”, dijo.

Según explicó, las empresas no financieras en Colombia generan ahorro neto y, aun así, los fondos de pensiones enfrentan dificultades para colocar recursos. “El año pasado tuvimos cerca de $11 billones en recursos comprometidos que no fueron llamados por los inversionistas, pese a estar aprobados. Eso muestra la fragilidad de la inversión y la falta de proyectos con una relación adecuada entre riesgo y rentabilidad”, advirtió.

Finalmente, el directivo subrayó que los principales afectados no serían las administradoras de fondos, sino los afiliados. “Aquí quienes pierden son los trabajadores colombianos y su ahorro pensional. Esto reduce la capacidad de inversión futura del país y aumenta el pasivo pensional. Los fondos no ganamos con comprar y vender activos; nuestra comisión se cobra desde la cotización. Las pérdidas recaen directamente sobre los ahorros de los trabajadores”, concluyó.