Paso de nueve superintendentes solidarios en este Gobierno agudiza crisis de la entidad

Durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos, han pasado nueve superinten- dentes solidarios por la entidad, y la unión de un nombre más en la lista sería inminente. Se trata del actual dirigente de la Superintendencia de Economía Solidaria, Héctor Ruiz Velandia, a quien la Procuraduría General de la Nación (PGN) le abrió un proceso de indagación preliminar por “presuntas irregularidades en la autorización de viáticos y viajes a la ciudad de Cartagena y al exterior en el año 2017”.

Con la apertura de este proceso, que según fuentes del sector provocaría la renuncia de Ruíz, nuevamente la Supersolidaria quedaría en el limbo. Y es que además del paso de los nueve dirigentes desde Enrique Valderrama Jaramillo, que finalizó su administración en 2012 hasta Andrés Felipe Uribe quien duró un buen tiempo interino hasta que le dio paso a Ruíz, el camino de la entidad ha estado enlodado por la falta de acción ante algunos escándalos como el de las libranzas.

Según los expertos, a pesar de que la entidad se creó con el objetivo de supervisar la actividad financiera de las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutualistas se ha visto manchado porque sus funciones las han desempeñado otros entes de control. Además, la inestabilidad de funcionarios dentro de la entidad, según miembros del sector, ha generado problemas de transparencia, asertividad y lentitud en los procesos que tienen un gran efecto en el negocio.

“Como Ascoop uno de los principales problemas y a lo que nos hemos visto enfrentadas las cooperativas es este cambio de nueve superintendentes con políticas distintas y criterios diferentes no han permitido una coherencia en el ejercicio de control. Porque las cooperativas estamos de acuerdo con el control, pero que sea coherente, disciplinado y que tenga estructura y criterios y razones”, dijo María Eugenia Pérez, directora de Ascoop.

Uno de los problemas más sonados fueron las irregularidades en el manejo de las libranzas extrabancarias que en su momento la entidad afirmó “no significan un riesgo sistémico y de 4.000 entidades cooperativas vigiladas son pocas las que estarían en líos con este tema”. Sin embargo, se criticó que las medidas de la Entidad solo llegaron después de que la Supersociedades decretó la reorganización de Elite.

Pero allí no acaban los problemas, pues el trabajo asociado en su momento también significó un dolor de cabeza, pues aunque está protegido por la ley desde 1931 y por la Constitución, según el presidente de Confecoop, Carlos Acero, “el uso indebido y hasta ilegal de la figura fundamentalmente por algunos focos en el estado y algunos en la empresa privada, llevó a la desnaturalización. Aquel gobierno adoptó una serie de medidas que en lugar de proteger, lo que hizo fue restringir y limitar el desarrollo de la figura”. Por eso lo que ha solicitado esta entidad es que “ya que estamos en un estado social de derecho lo que pedimos es igualdad de oportunidades y condiciones, y como lo hemos dicho desde 2001, que el Estado cumpla con su papel de regulador pero también de eficaz control para preservar el buen nombre cooperativo”.
Aunque las cooperativas vienen de un proceso de nacer de las cenizas, los ires y venires de varios funcionarios en el ente que las vigila, para los expertos, ha sido un distractor, y como lo expresó Acero “más allá del caso en particular de Ruiz el mensaje importante para el Gobierno, desde hace tres o cuatro años, fue que la misma normativa aplicada a las Superintendencias Financiera, Industria y Comercio y Sociedades se cumpla en este caso. En la que sus cabezas se eligieran por periodos fijos de cuatro años, en una selección pública y abierta y requisitos de aspirantes de primer índole ya que no puede, no debe y no tiene que ser una cuota política”.

Relevancia de la Superintendencia

Aunque para los expertos del sector cooperativo la posición de la Superintendencia ha sido negativa, se le debe dar una mayor importancia. Como afirmó María Eugenia Pérez, directora ejecutiva de Ascoop, este organismo debería tener mayor importancia porque “regula más de siete millones de asociados a las cooperativas y son empresas que resuelven muchas necesidades insatisfechas”. Por eso para Pérez es necesario “dar permanencia y coherencia en el ejercicio del control de la Supersolidaria ante las cooperativas, y se necesita visibilizar la acción de la Super en un ejercicio proactivo y dinámico que garantice entidades organizadas”.