Emisor, Colpensiones y Hacienda pidieron revisar la reforma pensional

La reforma pensional vuelve a enfrentar varios obstáculos pese a que hace unas semanas la Corte Constitucional declaró exequible la mayoría del texto y devolvió a la Cámara de Representantes nueve artículos o apartes para subsanar vicios de trámite. En los últimos días, Colpensiones, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda han presentado solicitudes ante el Alto Tribunal relacionadas con la entrada en vigencia y la implementación del nuevo sistema pensional.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, envió una carta a la Corte en la que solicitó abrir un incidente de impacto fiscal sobre la sentencia C-264 de 2026. El jefe de la cartera económica calcula que la reforma pensional requerirá al menos $5 billones adicionales para Colpensiones tras la entrada en vigencia del nuevo sistema el 1 de abril de 2027.

Según la cartera económica, estos recursos no pudieron ser incluidos en la planeación presupuestal ordinaria, debido a que la nueva fecha de entrada en vigencia fue establecida cuando el proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027 ya estaba avanzado.

Esto se suma a la carta que envió el martes en la tarde Colpensiones, en la que solicitó al Alto Tribunal postergar un año la entrada en vigencia de la ley que modifica el régimen pensional. La entidad pidió que se aplazara del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2028.

En esa carta, Colpensiones argumentó que requiere un plazo adicional para culminar la adecuación tecnológica, operativa, financiera e institucional necesaria para implementar la reforma. Según la entidad, una entrada en vigencia sin la arquitectura operativa lista podría generar dificultades en el funcionamiento del sistema.

Uno de los principales riesgos señalados por la entidad está relacionado con la interoperabilidad entre los diferentes actores que participarían en la implementación, entre ellos el Ministerio de Hacienda, Colpensiones, la Ugpp y las administradoras de fondos de pensiones.

La tercera solicitud estuvo a cargo del Banco de la República, que pidió claridad sobre los plazos de entrada en vigencia de la ley, debido a que necesita determinar a partir de cuándo puede realizar las actuaciones necesarias para la preparación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, Fapc, cuya administración está a su cargo.

Ante esto, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, dijo que el sistema pensional requiere la coordinación de múltiples entidades para garantizar su adecuada implementación. “En este momento existe un fallo. Sin embargo, estas tres actuaciones del día de ayer podrían cambiar este panorama temporal”, explicó el dirigente gremial sobre la pensional.

Darío Ramírez, socio de Serrano Martínez CMA, experto en derecho laboral, seguridad social y migratorio, explicó que de las tres solicitudes presentadas frente a la fecha de entrada en vigencia de la reforma pensional fijada en la Sentencia C-264 de 2026, únicamente la promovida por el Ministro de Hacienda tiene una vía regulada jurídicamente y es el Incidente de Impacto Fiscal con fundamento en el artículo 334 de la Constitución Política, el cual es un mecanismo reservado para el procurador y los ministros.

Es decir que esta petición procede, pero no significa que la Corte Constitucional deba conceder lo solicitado y sobre ello, comentó dos precedentes relevantes. "Uno de ellos es la sentencia C-288 de 2012, que al declarar exequible el Acto Legislativo 3 de 2011, precisó que la modulación, modificación o diferimiento de los efectos de un fallo es potestad del Juez y no un deber; que la sentencia misma permanece intangible por efectos de la Cosa Juzgada, y que la carga de demostrar el impacto fiscal pesa sobre el Ministro que presenta la solicitud y no puede trasladarse a las Altas Cortes".

El otro precedente relevante es al que se hace referencia en el Auto 233 de 2016 proferido por la Corte Constitucional. "La Corte accedió a diferir los efectos de una sentencia por esta vía, se exigió que la sustentación acreditara las consecuencias sobre las finanzas públicas; la presentación de un plan concreto de cumplimiento y sobre todo, que se tratara de alteraciones serias y no de cualquier incidencia negativa en el recaudo".

Ramírez explica que se generarán tensiones cuando la Corte Constitucional tome la decisión sobre el Incidente de Impacto Fiscal. "Es importante advertir la existencia de un el límite contenido en el Parágrafo del artículo 334 de la Constitución Política, en cuanto a que la interpretación de dicho artículo, bajo ninguna circunstancia puede invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva".