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FMI y Banco Mundial ratifican solidez y resiliencia del sistema financiero colombiano

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Con relación a la crisis derivada por la pandemia, destacan la gestión de una respuesta política, fiscal, monetaria y de apoyo contundente

Nathalia Morales Arévalo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) evaluó al sector financiero colombiano en el marco del Financial Stability Assesment Program – Fsap, y determinó el compromiso de las autoridades y de la industria en la consolidación de un sistema "resiliente, inclusivo y sostenible".

En su informe, los evaluadores concluyeron que, ante escenarios de estrés, los bancos en Colombia muestran niveles de solvencia y liquidez que los hacen ser resistentes a eventuales crisis económicas, algo que por demás se hizo evidente durante la crisis inducida por la pandemia en 2020 y 2021.

Destacan además los avances en la supervisión bancaria en línea con los principios de supervisión eficaz de Basilea. Consideran que la Ley de Conglomerados y la aplicación gradual de los requisitos de Basilea III han dado lugar a un marco más sólido a la industria.

En particular, los organismos multilaterales señalan que de los 29 principios de supervisión bancaria de Basilea, el país pasó de tener un 41% de ellos cumplidos/ampliamente cumplidos en 2012 a registrar 90% en 2021.

Con relación a la crisis derivada por la pandemia, destacan la gestión ordenada con una respuesta política, fiscal, monetaria y de apoyo contundente con medidas como el PAD y el otorgamiento de períodos de gracia a los deudores, evitando la ocurrencia de fallas sistémicas que comprometieran la estabilidad y solidez del sistema financiero.

Con respecto a la inclusión financiera, indican que el compromiso firme y sostenido del sector público junto con las reformas legales y reglamentarias permitieron alcanzar los objetivos de acceso, los cuales deben ser complementados con los desarrollos pendientes para pagos digitales.

Finalmente, los evaluadores del Fsap 2021 señalan que Colombia está a la vanguardia de la región en el desarrollo de un entorno normativo favorable para facilitar la movilización de capital hacia proyectos sostenibles y mejorar el papel del sector financiero en la gestión de los riesgos climáticos.

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