Gobierno ajusta mecanismo que cubre el impacto del salario mínimo en las pensiones

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1485 con el cual reformó de manera integral el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo en el sistema pensional, específicamente para las pensiones reconocidas bajo la modalidad de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida.

Esta medida, la cual está firmada por el Ministerio de Hacienda, busca corregir distorsiones técnicas y financieras que se venían presentando en la aplicación del esquema vigente desde 2016.

La norma sustituye el Título 17 del Decreto 1833 de 2016 y redefine el alcance del mecanismo que cubre el riesgo generado cuando el aumento del salario mínimo legal mensual vigente supera la inflación certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.

Según el Ejecutivo, el comportamiento histórico de los últimos diez años evidencia que la brecha entre ambos indicadores se ha ampliado de forma significativa, lo que hacía necesario ajustar los parámetros técnicos para preservar el equilibrio actuarial y financiero del sistema pensional.

Dentro de los principales cambios introducidos por el decreto es la modificación del parámetro de deslizamiento del salario mínimo.

Ante esto, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, aseguró que este decreto traslada a los trabajadores el costo de un aumento elevado del salario mínimo que antes asumía el Gobierno, lo que en la práctica aleja a miles de personas de la posibilidad de pensionarse.

Además, explicó que el cambio en la fórmula de cálculo hace que ya no sea suficiente acumular alrededor de $350 millones para acceder a una renta vitalicia mínima, sino que ahora se requieran cerca de $550 millones, una diferencia que obliga a trabajar más de una década adicional.

A partir de ahora, las aseguradoras deberán proyectar el crecimiento de las mesadas utilizando el mayor valor entre dos indicadores: el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos diez años o 35% del promedio de la inflación anual del mismo periodo.

Cabe resaltar que este parámetro será publicado anualmente por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda.

El decreto también limita el acceso al mecanismo de cobertura. Solo podrán beneficiarse las rentas vitalicias que reconozcan mesadas equivalentes a un salario mínimo, aunque se permitirá la inscripción de pensiones de hasta dos salarios mínimos, caso en el cual la cobertura solo se activará cuando la mesada llegue exactamente al valor del mínimo legal; adicionalmente, se excluyen de manera expresa las pensiones que hayan accedido a excedentes de libre disponibilidad, al considerar que esto representaba un doble beneficio.

El presidente de Asofondos advirtió que el decreto también genera un riesgo inmediato sobre los seguros de invalidez y sobrevivencia, ya que el mayor costo de la pensión mínima encarece las primas por encima de los límites legales.

Según explicó, con los recursos actuales no alcanza para cubrir ese seguro previsional, lo que podría dejar desprotegidos a los afiliados en caso de accidente o fallecimiento, obligando al Estado a intervenir de manera urgente.

Otro ajuste relevante es la eliminación del reconocimiento automático de intereses en los casos de cobertura positiva, una práctica que, según el Gobierno, no era coherente con el carácter discrecional del mecanismo previsto en la Ley 100 de 1993.

En adelante, cuando la diferencia entre el aumento real del salario mínimo y la proyección actuarial sea positiva, el Ministerio de Hacienda girará únicamente el valor correspondiente a esa brecha, sin intereses adicionales por el tiempo transcurrido.

En el ámbito operacional, el decreto redefine los procedimientos de preinscripción e inscripción de las rentas vitalicias, fija plazos más claros para las aseguradoras y fortalece las funciones de control de la Oficina de Bonos Pensionales, que podrá cruzar información con la Registraduría y el Ministerio de Salud para verificar la vigencia de los beneficiarios.

Velasco señaló que, aunque el Gobierno busca un ahorro fiscal de corto plazo, la medida terminará generando mayores costos para la Nación en el mediano y largo plazo.

Indicó que el decreto presionará el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que tendrá que cubrir a más personas cuyos ahorros no alcancen, acelerando su agotamiento y obligando al Estado a asumir mayores erogaciones futuras para garantizar las pensiones mínimas.

La financiación del mecanismo seguirá dependiendo del Presupuesto General de la Nación y de la autorización del Confis, dentro del Marco de Gasto de Mediano Plazo.