Gobierno ajusta mecanismo que cubre el impacto del salario mínimo en las pensiones

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1485 con el cual reformó de manera integral el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo en el sistema pensional, específicamente para las pensiones reconocidas bajo la modalidad de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida.

Esta medida, la cual está firmada por el Ministerio de Hacienda, busca corregir distorsiones técnicas y financieras que se venían presentando en la aplicación del esquema vigente desde 2016.

Ante esto, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó que este decreto rompe con una responsabilidad que el Estado venía asumiendo desde hace más de una década frente a las pensiones mínimas.

Según indicó, “el Gobierno Nacional le ha correspondido compensar a las aseguradoras para que puedan seguir garantizándole a los colombianos su mesada de un salario mínimo pensional”, pero con la nueva norma “se lava las manos y dice que ya no va a seguir compensando por esa decisión de aumentar el salario mínimo”, lo que termina trasladando ese riesgo directamente a los trabajadores.

Asofondos y Fasecolda demandarán el decreto

El debate alrededor de este decreto escaló luego de que el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales Cobo, anunciara en entrevista con La FM de RCN Radio que presentarán una demanda contra la norma; esta decisión abrió la puerta a un frente jurídico contra el decreto, al considerar que sus efectos comprometen la estabilidad del sistema pensional y trasladan riesgos que hasta ahora asumía el Estado.

Ante esto, Velasco, confirmó que el gremio acompañará esas acciones judiciales. “Nos toca tratar de defender la posición de los trabajadores colombianos y por supuesto que estaremos acompañando a Fasecolda en esas acciones”, afirmó.

Velasco sostuvo que el decreto responde a una lógica de ahorro fiscal de corto plazo que termina perjudicando a los trabajadores. “No hay derecho a que por ahorrarse unos pesos en el cortísimo plazo fiscal echemos por la borda décadas de desarrollo de las mesas pensionales y de los derechos de los trabajadores colombianos a formar una pensión digna”, dijo.

Además, reiteró que Asofondos acompañará el proceso anunciado por Fasecolda en defensa del sistema y de los afiliados.

La norma sustituye el Título 17 del Decreto 1833 de 2016 y redefine el alcance del mecanismo que cubre el riesgo generado cuando el aumento del salario mínimo legal mensual vigente supera la inflación certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.

Según el Ejecutivo, el comportamiento histórico de los últimos diez años evidencia que la brecha entre ambos indicadores se ha ampliado de forma significativa, lo que hacía necesario ajustar los parámetros técnicos para preservar el equilibrio actuarial y financiero del sistema pensional.

Dentro de los principales cambios introducidos por el decreto es la modificación del parámetro de deslizamiento del salario mínimo.

Velasco aseguró que este decreto traslada a los trabajadores el costo de un aumento elevado del salario mínimo que antes asumía el Gobierno, lo que en la práctica aleja a miles de personas de la posibilidad de pensionarse.

El presidente de Asofondos advirtió que uno de los efectos más fuertes del decreto es que encarece de manera sustancial la posibilidad de pensionarse. “Ahora no se van a necesitar $350 millones para poder comprar una pensión mínima, sino que va a ser necesario cerca de $200 millones más”, señaló, lo que implica que muchos colombianos tendrán que trabajar entre 15 y 20 años adicionales.

A partir de ahora, las aseguradoras deberán proyectar el crecimiento de las mesadas utilizando el mayor valor entre dos indicadores: el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos diez años o 35% del promedio de la inflación anual del mismo periodo.

Cabe resaltar que este parámetro será publicado anualmente por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda.

El decreto también limita el acceso al mecanismo de cobertura. Solo podrán beneficiarse las rentas vitalicias que reconozcan mesadas equivalentes a un salario mínimo, aunque se permitirá la inscripción de pensiones de hasta dos salarios mínimos, caso en el cual la cobertura solo se activará cuando la mesada llegue exactamente al valor del mínimo legal; adicionalmente, se excluyen de manera expresa las pensiones que hayan accedido a excedentes de libre disponibilidad, al considerar que esto representaba un doble beneficio.

El presidente de Asofondos advirtió que el decreto también genera un riesgo inmediato sobre los seguros de invalidez y sobrevivencia, ya que el mayor costo de la pensión mínima encarece las primas por encima de los límites legales.

Según explicó, con los recursos actuales no alcanza para cubrir ese seguro previsional, lo que podría dejar desprotegidos a los afiliados en caso de accidente o fallecimiento, obligando al Estado a intervenir de manera urgente.

Otro ajuste relevante es la eliminación del reconocimiento automático de intereses en los casos de cobertura positiva, una práctica que, según el Gobierno, no era coherente con el carácter discrecional del mecanismo previsto en la Ley 100 de 1993.

En adelante, cuando la diferencia entre el aumento real del salario mínimo y la proyección actuarial sea positiva, el Ministerio de Hacienda girará únicamente el valor correspondiente a esa brecha, sin intereses adicionales por el tiempo transcurrido.

Velasco también alertó sobre el impacto inmediato del decreto en el seguro previsional, que cubre los riesgos de invalidez y muerte. “Como las pensiones son más caras, la prima del seguro se vuelve impagable y se genera una falla de mercado que el gobierno nacional tendrá que subsanar”, advirtió.

Además, sostuvo que la medida no solo perjudica a los trabajadores, sino que incrementa el pasivo del Estado, pues “los efectos del decreto salen más costosos que la plata que el gobierno se va a ahorrar en el corto plazo”.

En el ámbito operacional, el decreto redefine los procedimientos de preinscripción e inscripción de las rentas vitalicias, fija plazos más claros para las aseguradoras y fortalece las funciones de control de la Oficina de Bonos Pensionales, que podrá cruzar información con la Registraduría y el Ministerio de Salud para verificar la vigencia de los beneficiarios.

Velasco señaló que, aunque el Gobierno busca un ahorro fiscal de corto plazo, la medida terminará generando mayores costos para la Nación en el mediano y largo plazo.

Indicó que el decreto presionará el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que tendrá que cubrir a más personas cuyos ahorros no alcancen, acelerando su agotamiento y obligando al Estado a asumir mayores erogaciones futuras para garantizar las pensiones mínimas.

La financiación del mecanismo seguirá dependiendo del Presupuesto General de la Nación y de la autorización del Confis, dentro del Marco de Gasto de Mediano Plazo.