Información: aliada en la profundización financiera

 Durante la última década, Colombia ha presentado importantes avances en temas de inclusión financiera gracias al trabajo conjunto del sector bancario y el Gobierno Nacional.

El índice de bancarización, medido como el número de adultos que tienen al menos un producto financiero, ha crecido a tasas superiores a 6% durante los últimos tres años. Lo cual se tradujo en un aumento de dicho indicador en más de diez puntos porcentuales, situándolo en 71,2% a junio de 2014; a esta misma fecha, 33,4% de la población adulta tenía al menos un crédito.

Uno de los factores determinantes en la efectividad de las políticas de inclusión ha sido la reducción en las asimetrías de la información. Este se ha manifestado a través del acceso a los servicios financieros, la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad en el país. La naturaleza de la actividad bancaria depende significativamente de un adecuado conocimiento del cliente financiero y en la medida que se tenga información de calidad, se garantiza una mejor administración del riesgo de crédito; lo cual incentiva la colocación de cartera y la reducción de exigencias.

En la actualidad, existen varios Proyectos de Ley que están cursando su trámite legislativo en el Congreso y tienen como objetivo modificar el manejo de la información financiera y crediticia. En particular, se destaca el Proyecto de Ley N°90 de la Cámara que busca modificar la Ley Estatutaria 1266 de 2008, en relación con el Habeas Data, en el cual se propone reducir del término de permanencia de la información en los bancos de datos, eliminar de las centrales de riesgo a los deudores morosos cuyas obligaciones sean inferiores a un salario mínimo y establecer un régimen de amnistía para los titulares de la información reportada, entre otras disposiciones.

Si bien este tipo de normativas se soportan en el mejoramiento del derecho de Habeas Data, se debe tener en cuenta que la información disponible y el tiempo de permanencia en las Centrales de Información permiten mejorar los modelos de riesgo en las entidades, incentivando la inclusión financiera y no obstaculizándola. De hecho, varias de estas disposiciones podrían tener efectos adversos sobre la economía e irían en contravía de las metas del Gobierno Nacional en tanto que (i) se aumentarían las tasas de interés frente a una mayor incertidumbre por el desconocimiento del comportamiento crediticio del cliente y existirían mayores costos asociados a su seguimiento; (ii) se generarían problemas en la estabilidad del sistema financiero debido a los deterioros en la cartera de crédito; (iii) se desmejoraría el clima de los negocios reduciendo los niveles de inversión extranjera; entre otros.

Los indicadores de bancarización en Colombia continúan siendo inferiores a los países de ingreso medio alto y a los de la Ocde. Por tal motivo, el Gobierno Nacional recientemente a solicitud de Asobancaria, viene elaborando una propuesta, como el Decreto de Crédito de Bajo Monto, que busca generar mayor acceso, y por ende aumentar la profundización financiera como herramienta clave para reducir la desigualdad económica y promover el crecimiento económico; también se expidió la Ley de inclusión financiera (1735 de 2014), mediante la cual se busca ampliar el acceso a los servicios transaccionales a través de medios electrónicos y de programas de educación financiera.

Si bien esta normativa busca profundizar el acceso al crédito y al sistema bancario, se han gestado algunos proyectos de Ley, de iniciativa parlamentaria, que pretenden restringir y limitar el acceso a la información financiera; desconociendo que el mejor conocimiento del cliente, posibilita la bancarización.