La actuación penal es la que ha sufrido más dilaciones

De no haber sido por la insolvencia en la que Interbolsa S.A. se declaró en noviembre del año pasado para pagar una deuda que rondaba los $20.000 millones, poco o nada se hubiera conocido del descalabro que surgió en el seno de la comisionista de bolsa colombiana más grande del mercado y eje central de Interbolsa Holding. Todo por cuenta de los malos y amañados manejos de sus directivos.

Desde entonces, las Superintendencias Financiera y de Sociedades, y este año la Fiscalía General de la Nación, han tratado de desenredar la maraña de estrategias realizadas en mayor parte a través de Fabricato, con el fin de controlar por completo a la comisionista y engordar las acciones de la textilera.

Según las pesquisas, de esas maniobras ilícitas hicieron parte desde el presidente del grupo empresarial, Rodrigo Jaramillo Correa, pasando por su vicepresidente ejecutivo Juan Camilo Arango Medina; el presidente de la Comisionista, Álvaro de Jesús Tirado Quintero, entre otros de sus principales cabezas.

Los primeros procesos en iniciarse fueron los administrativos. El primer paso lo dio la Superfinanciera, que vigilaba a la comisionista y también a la Holding, por ser intermediaria y emisora de valores. La orden fue la liquidación forzoza de la primera, y la posesión de sus bienes, haberes y negocios.

Pero gracias a que la comisionista es una sosciedad, la Supersociedades pudo intervenir. Así, entre julio y enero pasados, estableció que Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil y Financiero, creadas por Juan Carlos Ortíz Zarrate y Tomás Jaramillo Botero (hijo de Rodrigo Jaramillo), y la Compañía Colombiana de Capitales SAS, de Victor Maldonado Rodríguez, eran usadas para manipular los recursos y direccionar las inversiones del fondo Premium Capital, constituido y administrado en principio por Ortiz y Jaramillo, quienes terminaron como sus asesores a través de las mencionadas firmas, luego de cederlo a Eric Andersen.

Sin embargo, antes de que salieran a la luz los nombres de Maldonado, Ortiz y Jaramillo, había aparecido el abogado Jaime Granados con un poder de Andersen para denunciar a los dos últimos. Al escándalo se le sumó entonces una denuncia penal y el informe presentado por la Superfinanciera al Fiscal general Eduardo Montealegre, quien el 14 de noviembre ya había anunciado el comienzo de las indagaciones preliminares.

Montealegre conformó para ello un grupo especial conformado por 14 funcionarios, entre fiscales especializados y agentes de Policía Judicial del CTI, el cual es liderado por Alexandra Ladino y que responde a las ordenes directas del vicefiscal Jorge Perdomo.

Esa labor conjunta entre la Fiscalía y la Superfinanciera logró, entre otros indicios, descubrir el nexo del inversionista italiano Alessandro Corridori, quien se convirtió en el accionista mayoritario de la textilera Fabricato, considerada esta una “causa eficientes de quiebra” de la Holding por las autoridades.

Para el ente acusador, el descalabro de la comisionista Interbolsa comenzó a través de las acciones que adquirió de Fabricato por medio de las denominadas operaciones ‘repo’, que consisten en que un inversionista requiere de estas operaciones para transferir o ceder a otro temporalmente un paquete de acciones a cambio de una suma de dinero. Es decir, son mecanismos de venta con pacto de recompra de títulos para conseguir liquidez.

El problema de legalidad, como sospechan los organismos de control, es que el grupo empresarial habría adquirido la compañía con dinero de sus clientes. Con ello, la comisionista obtuvo operaciones por $292.296 millones en ‘repos’ de la textilera, con lo cual las acciones de esta aumentaron su costo en año y medio de $30 a $90. En el incremento de la acción, cree la Fiscalía, habrían incidido además “empresas testaferras” como Manantial, Giteco, P&P Investment, Invertáctticas y, en calidad de persona natural el propio Corridori.

La repentina mejoría de Fabricato, paradójicamente, ocasionó la desconfianza en el mercado y la no negociación de esos títulos con los cuales se financiaba. Por eso la firma quedó sin cómo responder por los dineros de los inversionistas. Una escalera de deudas que hoy tienen a la Holding con pasivos de aproximadamente $250 mil millones propiedad de bancos, 300 personas naturales en Luxemburgo y la Dian, y activos por menos, $163 mil millones.

La investigación está estancada en las imputaciones
La audiencia de imputación de cargos se inició el 6 de septiembre, luego de dos meses de haber sido programada, pero fue suspendida mientras el juez decide si el liquidador de la Holding, Pablo Muñoz, puede constituirse como víctima del proceso. De los 16 indiciados por concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de títulos valores, abuso de confianza, operación sin autorización de los titulares, ese día comparecieron Rodrigo Jaramillo, Alessandro Corridori y ocho personas más.

Las opiniones

Gerardo Hernández
Superintendente Financiero
“Se confirmó que las actuaciones de la Superfinanciera mitigaron los posibles efectos de contagio en el mercado de valores por la liquidación de la firma comisionista”.

Pablo Muñoz
Liquidador de Interbolsa
“En el tema de Fabricato, desde 2011 que empieza la especulación, la operación no tenía más motivación que favorecer al grupo de Alessandro Corridori”.