El procedimiento de implementación de las inversiones forzosas durante casi 40 años

Desde 1990 el Estado ha utilizado las inversiones forzosas como un mecanismo para canalizar recursos hacia sectores estratégicos, como el agro y la vivienda. Ahora el Gobierno se alista para implementar la que sería la tercera inversión forzosa en 36 años, con la que busca financiar la atención de la crisis climática que ha afectado a varios departamentos.

Ayer en la tarde, algunos presidentes de los principales bancos de la nación como Mario Pardo, presidente de Bbva Colombia; María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval; Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; Javier Suárez, presidente de Davivienda y el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, se reunieron con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para tratar el tema de la inversión forzosa planteado hace algunos días por Gustavo Petro.

Con este mecanismo busca obligar a las entidades financieras a destinar un porcentaje de sus captaciones o pasivos a la financiación de un objetivo definido por el Gobierno. Sin embargo, la banca está dialogando con los funcionarios porque ha advertido previamente que si se implementa generaría grandes riesgos tanto para el sector como para los ciudadanos.

Las inversiones forzosas

Para entender el alcance de la propuesta, es necesario revisar los antecedentes de este tipo de mecanismos en Colombia desde 1990. El primero sigue vigente y es el de los Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA, emitidos por Finagro.

Esta norma exige a los bancos destinar un porcentaje de sus recursos (5,6% de los depósitos) en TDA, para financiar el crédito agropecuario, con esto buscan canalizar recursos hacia el financiamiento rural. Asobancaria señaló que este mecanismo tenía una mayor relevancia en años anteriores y, aunque su participación ha disminuido, insiste en que sigue imponiendo importantes restricciones sobre el balance de los bancos.

La segunda se emitió luego de que en 1999 se evidenciara una crisis hipotecaria. Ante esta situación y de acuerdo con documentos de Función Pública, el Gobierno ordenó a establecimientos de créditos, sociedades de capitalización, fondos de valores, de inversión y sociedades fiduciarias a invertir 0,68% anual de sus pasivos, o si eran aseguradoras sobre sus primas, por seis años (2000-2006) en Títulos de Reducción de Deuda.

Tuvo como objetivo rescatar el sistema de vivienda sin usar directamente recursos del presupuesto nacional.

La tercera inversión forzosa es la que busca actualmente el Gobierno. Aunque aún no ha definido el porcentaje de recursos que deberían destinar las entidades financieras ni el vehículo a través del cual se canalizarían, el debate ya abrió diferencias entre el Ejecutivo y el sector financiero sobre sus posibles efectos en el crédito y el costo para los usuarios.

Los efectos

Como lo advirtió Asobancaria, entre los primeros efectos que tendrá esta medida sería el encarecimiento del crédito y esto conllevaría un menor crecimiento económico, de hecho, prevé que el PIB se reduzca 0,3 puntos porcentuales.

Hernán Alzate Arias, presidente del Autorregulador del Mercado de Valores, afirmó que este tipo de mecanismos pueden frenar la dinamización de créditos, lo que deriva en que estos recursos sean canalizados a través de TES.

“Hoy la proporción de TES dentro de los activos de los establecimientos de crédito se acerca a 22%, un nivel alto frente a periodos anteriores cuando estaba cerca de 10 puntos porcentuales por debajo”, afirmó.

Otro efecto es la distorsión en el mercado de capitales, que pasaría por mayores tasas de interés que derivarían en mayores costos del crédito público, las tasas altas atraen capitales internacionales, generando entradas y salidas de recursos que pueden afectar el tipo de cambio.