La SFC ordenó a Avitar suspender la captación no autorizada de dineros del público
viernes, 15 de julio de 2022
La constructora e inmobiliaria adquirió dentro de su dinámica comercial obligaciones con 75 personas por más de $1.000 millones
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), ordenó a la sociedad Avitar Constructora e Inmobiliaria, representada legalmente por el señor Jersson Jahir Velandia Suarez, suspender de manera inmediata las operaciones que constituyen captación ilegal o recaudo no autorizado de dineros del público.
La medida impuesta por la Superfinanciera también ordenó la devolución inmediata de los recursos captados de forma irregular e impide la realización de este tipo de autorizaciones en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.
La entidad estableció que la sociedad Ávitar Constructora e Inmobiliaria., adquirió por medio de las figuras denominadas “contratos de inversión” y “contratos de anticresis”, obligaciones con terceras personas a través de la recepción de dinero y con el compromiso de restituirles en igual cantidad al vencimiento del plazo contractual, más un rendimiento fijo mensual que oscilaba entre 3% y 5%.
La constructora adquirió dentro de su dinámica comercial obligaciones con 75 personas por más de $1.000 millones, obligándose a restituirlos en su totalidad más una rentabilidad fija mensual a cada aportante, sin prever a cambio la entrega real y efectiva de un bien o servicio
De esta manera, la constructora sumó 70 contratos vigentes suscritos con igual número de personas por un valor de $4.979,3 millones, los cuales fueron registrados contablemente como “ingresos recibidos por anticipado”. Adicionalmente, bajo el concepto “cuentas por pagar a terceros” registró cinco préstamos adquiridos por la sociedad durante 2021.
La SFC remitió copia de la medida a otras autoridades, entre ellas la Superintendencia de Sociedades, para la correspondiente intervención; y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.