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Los casos más comunes de suplantación y cuáles son los amparados por la Ley 2573

Gráfico LR

Esta ley ampara la suplantación física, digital y también a las víctimas de perfiles digitales falsos que afecten su buen nombre

Evelyn Acevedo Rueda

Recientemente se expidió la Ley 2573 de 2026, una normativa que busca proteger a las víctimas de suplantación de identidad de reportes negativos en centrales de riesgo y el cobro de deudas por parte de bancos, establecimientos comerciales y operadores de telecomunicaciones.

Aquí le contamos cuáles son los casos más comunes de suplantación y cuáles son los que protege esta nueva ley.

El primer caso más común es la suplantación documental. Se trata del uso de cédulas robadas o falsificadas, con hologramas y códigos editados, para adquirir productos crediticios sin la autorización del titular real del documento.

El segundo caso más común es el de identidad sintética. Es cuando se mezclan datos reales de una persona con información falsa; por ejemplo, mezclar la cédula de una persona real con un nombre y dirección inventados para crear una "identidad nueva". Se usa regularmente para crear historiales crediticios ficticios o perfiles únicos con información de diferentes personas.

Ahora bien, de acuerdo con el reporte Fraud Beat 2026 de AppGate, 85% de las amenazas de estafa y suplantación inician principalmente en redes sociales. Asimismo, el sector financiero es el más afectado, concentrando 35,5% de los casos de fraude en el mundo. Además, solo en 2025 la Policía Nacional recibió alrededor de 62.299 denuncias por delitos informáticos relacionados con este fenómeno.

La información personal, fotografías y vídeos que los delincuentes logran captar de la exposición externa de los usuarios en internet termina convirtiéndose en insumo para ejecutar la suplantación digital, dando lugar a las otras dos modalidades más comunes de fraude.

El tercer caso es el de fraude en apertura u onboarding. En esta situación también se utiliza un documento sin autorización de su titular para adquirir productos financieros de forma inmediata por internet o a través de una aplicación.

El cuarto caso más común son los ataques biométricos y deepfakes. Aquí se utiliza la inteligencia artificial para crear rostros falsos o identidades sintéticas "perfectas" y así tener material que pueda engañar a los sistemas de reconocimiento facial de los bancos, comercios o compañías de telefonía. Este modus operandi ha avanzado tanto que ya es tipificado como delito bajo la ley 2502 de 2025.

¿En qué casos me protege la Ley 2573 de 2026?

La ley 2573 del 19 de mayo de 2026 ampara la suplantación física y la suplantación digital. También protege explícitamente a las víctimas de perfiles digitales falsos que afecten su buen nombre. En el caso del uso de IA y deepfakes, las personas están protegidas también por una norma paralela: la ley 2502 de 2025.

Los ciudadanos que sean víctimas de suplantación deben notificar de inmediato a la entidad que esta exigiendo el cobro de la deuda, aportar pruebas, realizar validaciones de identidad y denunciar el delito de falsedad personal ante la Fiscalía en un plazo máximo de 20 días hábiles desde que notificó a la entidad del posible fraude.

Una vez las entidades sean informadas del posible fraude, deben suspender inmediatamente el cobro de la deuda, intereses y gastos de cobranza. También están obligadas a reportar a las centrales de riesgo el caso bajo la etiqueta de "Víctima de Falsedad Personal" para impedir que el puntaje crediticio de la vícitma se vea afectado por la suplantación.

Si se comprueba el fraude, el ciudadano quedará totalmete exonerado del cobro de la deuda y se desvinculará su perfil del reporte negativo. No obstante, si no se puede comprobar legalmente que hubo suplantación, la entidad podrá reaundar el cobro y el usuario se enfrentará a responsabilidades penales por falsa denuncia.

Antes de esta ley, las personas que sufrían de un fraude mediante la modalidad de suplantación tenían que cargar con un reporte negativo en su historial crediticio, así como lidiar con las llamadas de cobranza por deudas que se adquirieron sin su autorización.

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