El Gobierno propone cambiar la fórmula del deslizamiento del mínimo en pensiones

El Gobierno Nacional continúa publicando borradores de decretos que buscan modificar algunas de las decisiones adoptadas por la administración anterior y que tienen efectos sobre el sistema pensional. En esta oportunidad, el Ministerio de Hacienda propone modificar el Decreto 1485, relacionado con el deslizamiento del salario mínimo en las rentas vitalicias, para ajustar la fórmula con la que se calcula la cobertura de este riesgo y la distribución de sus costos entre el Estado y las aseguradoras.

Este borrador, publicado para comentarios, propone modificar la fórmula establecida en el decreto anterior. Uno de los principales cambios está en el cálculo de la variable utilizada por las aseguradoras: la norma vigente establece que se debe tomar el mayor valor entre el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos 10 años y 35% del promedio de la inflación del mismo periodo.

En cambio, el nuevo borrador propone utilizar únicamente el promedio del crecimiento real anual de la productividad de los últimos 10 años. Con este ajuste se eliminaría el componente ligado a la inflación, lo que podría reducir el valor de la variable utilizada para calcular el capital necesario para financiar las rentas vitalicias y modificar la distribución del riesgo entre el Estado y las aseguradoras.

Este nuevo proyecto de decreto también incluye una regla de transición que permitiría a las aseguradoras que ya habían celebrado contratos de pensión bajo las disposiciones anteriores renegociarlos y ajustarlos con la nueva fórmula, de acuerdo con las condiciones establecidas en el borrador.

No obstante, hay un punto que se mantendría igual: el decreto anterior eliminó el reconocimiento de intereses cuando el Gobierno se demora en girarles recursos a las aseguradoras. En ese sentido, se mantendría la disposición según la cual el Ministerio de Hacienda giraría los recursos «sin que haya lugar al reconocimiento de intereses» por el periodo transcurrido desde enero hasta la fecha de pago.

El nuevo borrador establece tres escenarios a los que se enfrentarían el Gobierno y las aseguradoras cada año, dependiendo de la diferencia entre el incremento del salario mínimo y el valor proyectado. El primero es el de cobertura positiva, que se presenta cuando el aumento del salario mínimo supera lo previsto y genera una diferencia que debe ser cubierta por el Estado, conforme al mecanismo establecido.

El segundo escenario es el de cobertura negativa y se daría si el salario mínimo aumenta menos de lo proyectado. En ese caso, las aseguradoras tendrían que devolver los recursos correspondientes al Gobierno o ajustar las reservas, de acuerdo con las condiciones previstas en el mecanismo de cobertura.

El tercer escenario es el de cobertura neutra y se presenta cuando el incremento del salario mínimo coincide con el valor proyectado. En ese caso, no habría desembolsos adicionales entre las partes, pues no se generaría una diferencia que deba ser cubierta.

Con esta modificación, el Gobierno busca reducir el efecto que la fórmula anterior podría tener sobre el capital requerido para financiar las pensiones de renta vitalicia. Al eliminar el componente ligado a la inflación, el proyecto propone calcular el deslizamiento únicamente con base en el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos 10 años. El efecto final sobre el capital requerido dependerá de los cálculos aplicables y de las condiciones de cada caso.

Los sobrecostos que se advirtieron con el decreto

Cuando el Gobierno decidió aumentar en 23% el salario mínimo, que quedó en $1,75 millones y que, con el auxilio de transporte de $249.095, sumó un total cercano a los $2 millones, también se expidió el decreto que modificó la fórmula del deslizamiento. El cambio incidió en el cálculo del capital necesario para financiar las pensiones de renta vitalicia, al incorporar un componente relacionado con la inflación en la variable utilizada para las proyecciones.

Tras esa situación, se advirtió que pensionarse en 2026 con una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo requeria 57% más de capital. Según el cálculo divulgado en ese momento, mientras en 2025 se necesitaban cerca de $350 millones para financiarla, en 2026 el monto ascendía a alrededor de $550 millones. Esta diferencia de $200 millones representa un mayor capital requerido para financiar la renta vitalicia, aunque no implica que todos los trabajadores deban ahorrar exactamente esa suma adicional, pues el cálculo depende de las condiciones particulares de cada caso.

En esa oportunidad, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, señaló que el decreto trasladaba a los trabajadores el costo de un aumento elevado del salario mínimo que anteriormente asumía el Gobierno. Según advirtió, este cambio podía dificultar el acceso a una pensión de renta vitalicia para quienes no contaran con el capital necesario.

Este sería el segundo cambio normativo de la administración anterior que el Gobierno actual busca modificar. El primero estuvo relacionado con las restricciones a las inversiones en el exterior de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, mediante una propuesta que buscaba limitar a 35% los recursos administrados que podían invertirse fuera de Colombia.

La medida fue cuestionada por las AFP, que advertían sobre los riesgos de restringir las alternativas de inversión de los recursos pensionales. Ahora, el Gobierno busca modificar esas disposiciones para ampliar el margen de decisión de las administradoras sobre la inversión de los ahorros de los afiliados, dentro de las reglas y los límites regulatorios aplicables.