Número de personas que pagan impuesto de renta debe ampliarse

Me llena de especial regocijo que estemos en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias, que año tras año nos acoge con gran generosidad. Estamos en una de las ciudades más bellas de todo el Caribe, en la que convergen los eventos más importantes del país. No en vano, Cartagena ostenta el merecido rótulo de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.

Los encantos de Cartagena trascienden su hermosura. Esta ciudad y, en general la Costa Caribe, han logrado sacar provecho de su posición privilegiada y del cambio hacia un modelo de desarrollo menos proteccionista. Gracias al empuje y la calidez de su gente, a sus instituciones amigables con la inversión y a una clase empresarial comprometida con el desarrollo de las comunidades, tenemos hoy en día una pujante región Caribe que crece más que el resto del país y exhibe tasas positivas de crecimiento en todos los sectores, que son superiores a las del promedio nacional en construcción, comercio, industria y turismo. El buen desempeño de estas ramas, sumado a la dinámica actividad portuaria, ha permitido que la región registre la más baja tasa de desempleo. 

Así las cosas, ¡¡¡¡me sorprende que el peso colombiano no se haya devaluado respecto a “la barra”!!!!

Si en el siglo que transcurrió después de la independencia, Cartagena sufrió un gran declive en su economía y en su población, hoy – cuando se prepara para celebrar el bicentenario del sitio a la que la sometió Pablo Morillo – la ciudad se encuentra en pleno auge.

El buen momento histórico de Cartagena se relaciona con la pujanza de su puerto y sus zonas francas, el auge del turismo y la ampliación de su refinería. Vislumbro que esta ciudad protagonizará, en la próxima década, una revolución económica y social sin precedentes, si logra aprovechar este buen momento para elevar el nivel de vida de sus habitantes.

Así como la Costa Caribe se destaca en la mayoría de los indicadores económicos frente a otras regiones del país, el progreso alcanzado por Colombia durante los últimos 15 años en el contexto regional y mundial, también es notable.

El país restableció su estabilidad económica y financiera, al amparo de la cual logró tasas de crecimiento sostenidas superiores al 4% anual en la última década, por encima de las de América Latina (3.6%) y del promedio mundial (2.8%). Además, Colombia cuenta con una inflación baja y estable. Esta situación de dinámico crecimiento e inflación controlada contrasta con algunas economías tanto desarrolladas como emergentes, donde la recuperación es lenta y los rebrotes inflacionarios son perturbadores.

La economía colombiana se destaca por la eficacia de su marco institucional para el diseño e implementación de las políticas monetarias y fiscales, que le permite adoptar posturas contra cíclicas y mantener la confianza de los mercados. 

Una de las bases de la estabilidad económica es la consolidación fiscal lograda en estos años, que reconstruyó la solvencia de lo público. Gracias a ella, se disminuyó el riesgo soberano, la deuda recuperó el grado de inversión y se despierta un creciente apetito entre los inversionistas internacionales por nuestros títulos. Los inversionistas premiaron la estabilidad macroeconómica y las buenas perspectivas de crecimiento con unos flujos dinámicos de inversión extranjera, tanto directa como de portafolio. La disciplina en las finanzas públicas, reforzada con la adopción de la regla fiscal aprobada por el Congreso de la República en 2011, liberó recursos para el sector privado, reduciendo su costo de fondeo. Gracias a ello, y con el mayor flujo de ahorro externo, la tasa de inversión aumentó, lo cual aceleró el crecimiento económico.

Por esto quiero hacer un reconocimiento al Banco de la República y al Ministerio de Hacienda. Su manejo responsable nos ha valido la estabilidad macroeconómica que hoy ostentamos y que buena parte del mundo envidia.  

Otro cimiento de la estabilidad económica en estos años ha sido la solidez de la banca doméstica, construida con base en una concepción prudente del negocio, que privilegia el otorgamiento de crédito sobre el arbitraje en otros mercados financieros, junto con el fondeo mediante depósitos y aportes de capital, en lugar de la emisión de deuda o el mercado monetario. Por estos motivos, los establecimientos bancarios que operan en el país tienen unos bajos riesgos de crédito, de mercado y de liquidez, junto con una firme solvencia.

Debo advertir con preocupación que todavía tenemos algunos lunares que empañan este buen desempeño. El desempleo en el país es alto (9%) comparado con el de la región (6.3%), aunque su tendencia es decreciente. La desigualdad es una de las más altas del mundo y la pobreza todavía afecta a un 32% de la población colombiana.

Parte del rezago en el desarrollo económico y social en Colombia se debe a que la base de la tributación en el país es baja, lo cual no permite un mayor gasto público. Esto impide acelerar las mejoras en la competitividad de la economía, ya que la provisión de bienes públicos, sin que se comprometa la solvencia del Estado, es insuficiente. El desarrollo de un país es directamente proporcional a lo que pagan sus ciudadanos. Según las estadísticas de la OCDE, el recaudo de impuestos en el país equivale a cerca de 20% del PIB (incluyendo las contribuciones a la seguridad social), mientras que en el promedio de los países de esa organización multilateral –a la cual aspiramos a pertenecer– asciende a 34% del PIB.

Para financiar un mayor gasto público, el incremento del recaudo puede hacerse a través de tres vías, que no son excluyentes entre sí: un aumento en la base de contribuyentes, un control de la evasión y un aumento de las tarifas. 

Respecto al primer punto, cabe mencionar que el número de personas que tributan al impuesto de renta debe ampliarse. Todos los colombianos debemos ser conscientes de la obligación de pagar impuestos, independientemente de la magnitud del aporte que debamos hacer. Así sea mil pesos, el hecho de contribuir genera el derecho de control. Los contribuyentes somos responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos.

La evasión, por su parte, está estimada por la OCDE en más de 6% del PIB, lo que equivale a cerca de 45 billones de pesos anuales. Sí, ¡billones! Es decir, casi la mitad del recaudo anual de impuestos. Con esos fondos se podría doblar la inversión requerida para los proyectos viales de las concesiones de cuarta generación, casi triplicar el gasto en educación o multiplicar por cinco el gasto en inclusión social y reconciliación. 

Mucho se ha dicho sobre la evasión en el país, pero es poco lo que se ha avanzado en resultados concretos. Y no por falta de acción del Gobierno, sino porque no existen las suficientes herramientas para controlar este flagelo. Para combatirlo con efectividad, considero que es indispensable endurecer los castigos contra los evasores de oficio, e incluso privarlos de la libertad, por la magnitud del perjuicio que infligen a la sociedad. El corrupto y el evasor son dos caras de una misma moneda. Si el peculado tiene cárcel, ¿por qué la evasión de impuestos no?

Respecto a la carga impositiva, debemos propender por un esquema tributario que estimule el ahorro y favorezca la inversión, el crecimiento y la generación de empleo, en lugar de obstaculizarlos. Subir las tarifas nominales iría en contra de este propósito. En Colombia cada reforma tributaria aumenta el recaudo en menos de un punto del PIB y siempre por cuenta de los mismos contribuyentes!!

Creo que es necesario balancear la carga impositiva entre individuos y corporaciones, en favor de estas últimas. El impuesto sobre el individuo, y no sobre la corporación, es el que permite que la política fiscal sirva efectivamente para cerrar brechas en la distribución del ingreso. 

Finalmente, se requiere la simplificación de los procedimientos tributarios, con el objeto de facilitar al contribuyente cumplir con sus obligaciones. ¡Ojalá pagar impuestos fuera tan fácil como comprar un chance!

Si bien es cierto que en el país se requiere un mayor recaudo, es importante que en la escogencia de los tributos se tenga presente cuáles son los que generan las mayores distorsiones en los mercados, con el objeto de no utilizarlos. Entre ellos los más perturbadoras son los que estimulan la preferencia por el dinero en efectivo, como ocurre con el gravamen a las transacciones financieras (GMF) y la retención anticipada del IVA, el ICA y el impuesto de renta. 

Como dice un amigo mío, la verdadera traducción de IVA es: ¡¡¡Imposible Vivir Así!!!

Por tanto, para desestimular los pagos en efectivo se debe persistir en eliminar esas distorsiones tributarias y reducir los costos de aceptar otros medios de pago en los establecimientos de comercio al por menor.

Hace un año planteamos en este foro la necesidad de estimular una reducción en el uso del efectivo en la economía colombiana. Argumentamos, en ese momento, que el común denominador de las actividades delictivas en el país es que se financian y se pagan con dinero en efectivo. Llegó el momento de pasar del propósito a la gestión. El punto de partida es sencillo: lo que no se mide, no se gestiona. Por lo tanto, requerimos fijarnos de una vez por todas unas metas en términos de la senda de reducción del efectivo como proporción de nuestra oferta monetaria. Hoy en día estamos en un vergonzoso 50%. Estimo conveniente, por tanto, que sigamos la siguiente senda: en los próximos dos años, debemos disminuir la preferencia por efectivo a las dimensiones que corresponden al nivel de desarrollo económico y social de nuestro país. Esto es, una proporción del efectivo respecto a M1 cercana al 30%, nivel que en la actualidad presenta, por ejemplo, la economía mexicana. A la vuelta de cuatro años, debemos procurar reducirla al 20%, nivel que tienen Chile y Estados Unidos. Finalmente, debemos trazarnos como la gran meta de mediano plazo unos niveles de efectivo que no superen el 10% como proporción de la oferta monetaria, a la par de países como Corea, los europeos, Canadá y Japón. Ojalá estas metas fueran obligatorias, como ocurre con las del déficit público en la Regla Fiscal, que tienen un imperativo legal.

Quiero proponer a los honorables Congresistas presentes en este recinto, que analicen la posibilidad de establecer la obligación de alcanzar estas metas, fijándolas en una ley. 

Para cerrar quisiera contarles una anécdota. Cuando empecé a escribir estas palabras, meses atrás, reflexioné sobre el país que deseo para mis hijos. Quiero compartir con ustedes mis sueños. Sueño con una Colombia con instituciones fuertes, donde la justicia sea eficaz, expedita y respetada. Un país donde la disciplina y la confianza imperen. Un país en el que los hijos de la patria, nuestros hijos, tengan una educación que permita que el que más estudie y mejor se prepare sea premiado. Sueño con que los profesores sean los más admirados de nuestra sociedad, de forma que agradezcamos todos los días a quienes imparten la educación a nuestros hijos. Sueño con que la porción más grande del presupuesto nacional se invierta en educación. Sueño con que nuestros hijos aprendan lógica matemática, sean bilingües, puedan investigar usando las herramientas tecnológicas, aprendan a comunicarse, practiquen deporte y desarrollen habilidades artísticas. Sueño con un país donde nuestros agricultores y ganaderos sean más productivos, sacando provecho del sol y del agua a nuestro favor para trabajar la tierra. Sueño con un país donde reduzcamos a la mitad los tiempos de desplazamiento por carretera. Sueño con un país en paz.

Los colombianos le dimos nuestro voto de confianza al Presidente Santos. Sabemos de sus capacidades y de su amor por la patria. Sabemos que la paz es fundamental. Somos muchos más los colombianos de bien, trabajadores de sol a sol. El gobierno cuenta con nosotros para seguir en la senda de construir un mejor país, esa Colombia solidaria, que respeta las instituciones, que fomenta la libre competencia, que protege los derechos individuales, que clasifica a los mundiales y que busca la equidad.