¿Protección o exclusión?, se reabre debate de lo que debería pasar con la tasa de usura
lunes, 28 de septiembre de 2026
El debate sobre eliminar o modificar el tope legal de intereses reabrió la discusión sobre el acceso al crédito formal y la necesidad de segmentar la tasa por modalidades
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El debate abierto por David Vélez, cofundador de Nu, sobre la tasa de usura reavivó la discusión sobre la inclusión financiera en Colombia. Luego de eso, un informe de Anif expuso que la metodología que se usa para establecerla limita el acceso al crédito formal para personas con bajo o nulo historial crediticio, empujándolas hacia la informalidad del gota a gota.
Mientras algunos proponen la libertad de tasas, gremios y expertos sugieren ajustar el cálculo mediante la segmentación del indicador por modalidades de crédito.
La tasa de usura, fijada formalmente en 1,5 veces el Interés Bancario Corriente, rige bajo el Código Penal desde julio de 2001. Este indicador busca proteger a los consumidores financieros de cobros excesivos limitando los intereses.
Sin embargo, cuando este techo normativo queda por debajo del riesgo real de prestar a ciertos clientes, las entidades financieras optan por no ofrecerles recursos. Las consecuencias de este techo normativo se evidencian en un ejercicio numérico de solicitud de crédito por $1 millón. El primer cliente tiene buen historial, ingresos estables y capacidad de pago demostrada, mientras que el segundo carece de historial financiero y sus ingresos son variables.
El costo y el riesgo para la entidad no son iguales, pero ambos quedan sujetos al mismo límite. Si ese tope no permite cubrir los costos asociados a prestarle al segundo usuario, la entidad considera inviable el financiamiento.
Estas restricciones se reflejan en el Reporte de Inclusión Financiera de la Superfinanciera y Banca de las Oportunidades, donde el acceso al crédito formal cobija a 36,6% de los adultos. El indicador sube a 51,6% si se incluyen entidades no financieras, marcando un rezago entre los hogares que ganan menos de salario mínimo. En este grupo los bancos financian 21,7% de la deuda y el gota a gota alcanza 17,7%. En familias con ingresos superiores a cuatro salarios mínimos, el sistema formal cubre 64,1%.
Para mitigar esta exclusión, Anif propone flexibilizar la metodología separando la certificación del Interés Bancario Corriente de las carteras de consumo y ordinaria.
Actualmente, el indicador conjunto es de 19,2%, pero si la cartera de consumo se certificara por separado, el nivel alcanzaría 24,3%. Esto permitiría un incremento real de 5,3% en consumo, equivalente a $11,8 billones en préstamos. Si el techo comercial se equiparara, el crecimiento aumentaría 3,2% aportando $13 billones extra en este mercado.
En línea con esta postura, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, advirtió que la fórmula actual no genera una estimación correcta del riesgo representativo y termina excluyendo a grandes segmentos poblacionales.
Apoyó la separación de las modalidades, señalando que la medida desbloquearía más de $10 billones en financiamiento. A esta iniciativa se sumó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, quien sugirió calcular la tasa utilizando únicamente las tasas de mercado.
Desde el sector de los neobancos, David Vélez insistió en la paradoja que plantea la norma y propuso eliminar el tope de intereses para fomentar la competencia, exigiendo transparencia en los costos.
El CEO sostuvo que la fijación de precios no ha funcionado en ningún país, citando los controles de alquileres en Nueva York y de alimentos en Venezuela.
Para evitar exclusiones, Vélez sugirió apalancarse en herramientas como Bre-B, pagos digitales y Open Finance, permitiendo que usuarios consigan ofertas. Los efectos de la restricción legal también fueron analizados por Fedesarrollo. Ximena Cadena, subdirectora de la entidad, planteó concentrar el cálculo en las líneas de consumo y excluir los créditos comerciales.
La investigadora señaló que el cambio metodológico aplicado en 2023 redujo artificialmente la participación de los clientes con préstamos pequeños al pasar a promedio ponderado.
Bajo esa nueva metodología, según el centro de pensamiento, el crédito comercial pasó de representar 28% a 71% del cálculo, mientras que las tarjetas de crédito bajaron de 32% a 12%.
Cadena agregó que existen diferencias estructurales entre las líneas ofrecidas en las zonas rurales y las ciudades, debido a los altos costos logísticos. Destacó que en la ruralidad, las entidades enfrentan gastos adicionales asociados a la movilización operativa del personal.
La subdirectora de Fedesarrollo, propuso diferenciar los préstamos según montos y eliminar recursos de redescuento en microcrédito para equilibrar.
Cadena dijo que países como Brasil y México no cuentan con este límite, pero Chile, Ecuador y Perú sí establecen topes legales.
En contraste con las iniciativas de flexibilización o modificación, María Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, ya había fijado su postura ante este debate, al considerar que es una solicitud de los neobancos que argumentan que para no prestar a 80%, los dejen prestar a 60%.
La directiva argumentó que el país debe seguir luchando contra la informalidad mediante una inclusión financiera real y no solo basarla en la existencia de esta tasa.