Moody's señaló que ánimo de inversionistas sigue siendo afectado por las reformas

El Gobierno ha establecido una serie de reformas que incluyen reformas sanitarias, de las pensiones, fiscales, agrarias y laborales, así como cambios en el mandato del Banco de la República para trabajar en los puntos que consideran menos sólidos del país.

Sin embargo, pesa a que el Congreso de Colombia ha rechazado algunas de estas propuestas, según un informe de Moody's los posibles cambios políticos y normativos siguen pesando en el ánimo de los inversionistas y han contribuido a la volatilidad de los tipos de cambio y las finanzas.

El peso colombiano fue una de las monedas de mercados emergentes con peor comportamiento a principios de 2023, y las primas de riesgo se han ampliado, añadiendo presiones a corto plazo a la asequibilidad de la deuda. Incluso si las reformas no se materializan, hay un deterioro de la confianza empresarial hacia Colombia debido a la incertidumbre política, afectando la inversión y el crecimiento potencial del PIB.

Si bien las propuestas de reforma abarcan las empresas públicas, los bancos, las empresas, las autopistas de peaje, las compañías eléctricas y los servicios públicos, los sólidos marcos institucionales del país, incluida una norma fiscal renovada, actuarán como contrapesos, limitando el riesgo de una desviación radical de los marcos políticos existentes.

El nuevo Gobierno no dispone de mayoría en la Cámara Legislativa y en abril de 2023 su coalición gobernante se rompió tras no llegar a un acuerdo sobre la reforma a la salud, lo que comprometió las posibilidades de aprobación de las reformas.

Aunque la fortaleza de las instituciones colombianas tienen una credibilidad y eficacia de las políticas soberanas y una estructura institucional superiores a la media latinoamericana, algunas de las ambiciosas reformas explican las preocupaciones de los inversionistas.

Por ejemplo, la intención de la administración de acelerar significativamente la transición de carbono del país, según el informe, tendría implicaciones crediticias sustanciales, positivas para los sectores de infraestructura a largo plazo, aunque también crearía nuevos riesgos y compensaciones.

Si la agenda avanza, estas medidas crearían oportunidades de negocio para las eléctricas, pero también implicarían mayores riesgos crediticios para las centrales eléctricas de gas y las empresas de transporte de gas.

El ritmo de la transición será decisivo para evaluar estas compensaciones y su impacto.

Para la petrolera estatal Ecopetrol, las medidas para acelerar la transición energética pesarían sobre las exportaciones del país y los ingresos públicos relacionados con el petróleo, y los aspectos negativos superarían a los positivos a corto y medio plazo.

Algunos cambios regulatorios que perjudican la calidad crediticia ya han tenido lugar en los sectores de autopistas de peaje y servicios públicos, afectando a emisores calificados como el Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.

Muchas medidas para mitigar la exposición del público a los altos precios de la energía afectan a los costes y entornos operativos de las empresas en diferentes grados.

Recientemente, el Gobierno impuso por decreto una congelación temporal de las tarifas de las autopistas de peaje y las empresas eléctricas, limitando la repercusión de 13% de la inflación prevista en los contratos regulados.

En cuanto a las instituciones financieras, una propuesta de reforma de las pensiones perjudicaría la disponibilidad de financiación para los bancos y podría aumentar los pasivos por pensiones para el Gobierno a largo plazo.

Aunque el gobierno crearía un fondo para neutralizar el impacto de la reforma en el mercado local de bonos, el cambio desplazaría al sector privado en Colombia, limitando la disponibilidad de financiación local para los bancos y restringiendo la oferta de crédito.

Sin embargo, un aspecto positivo de la reforma de las pensiones sería la ampliación de la red de seguridad social mediante una transferencia a la población de edad avanzada extremadamente pobre.