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Superfinanciera advirtió a aseguradoras por demoras en indemnizaciones tras sismo

La entidad señaló que los pagos realizados hasta ahora no han sido suficientes para atender a todos los afectados y recordó a las compañías los plazos y obligaciones que deben cumplir para reconocer las indemnizaciones

Bárbara Andreina Orozco Ostos

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La Superintendencia Financiera publicó una carta circular en la que detalló cuáles son las obligaciones y compromisos que tienen que cumplir las aseguradoras en el marco del terremoto ocurrido el 10 de agosto en Choco y que afectó a varios departamentos.

Mediante la carta, la entidad regulatoria destacó que desde que ocurrió el siniestro hasta la fecha ha velado por el cumplimiento de los compromisos por parte de las aseguradoras. No obstante, advirtió que, pese al incremento en el pago de siniestros producto de las diferentes actividades de supervisión, los niveles alcanzados no atienden las necesidades de la totalidad de consumidores financieros afectados por el evento sísmico.

“Esta situación evidencia la necesidad de que las entidades aseguradoras intensifiquen sus esfuerzos en la gestión de los siniestros pendientes para dar cumplimiento a la ley y, en consecuencia, en el pago oportuno de las indemnizaciones, cuando a ello haya lugar”, señaló la Superfinanciera.

Además, aclaró que las aseguradoras no pueden condicionar el pago a requisitos adicionales que no estén contemplados en la ley o en el contrato de seguro. La entidad resaltó que, al ser el sismo un hecho notorio, las compañías deben valorar esa circunstancia y aceptar los medios probatorios idóneos aportados por el cliente, incluso extrajudiciales, recordando que corresponde a la aseguradora demostrar los hechos o circunstancias que excluyan su responsabilidad.

Otro de los puntos que recordó la Superfinanciera es que las compañías tienen un plazo de un mes para pagar las indemnizaciones, una vez el asegurado acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, de acuerdo con el artículo 1080 del Código de Comercio.

Gráfico LR

En caso de que se supere este plazo, las aseguradoras deberán reconocer intereses moratorios o indemnizar los perjuicios ocasionados por el retraso. Para garantizar que los recursos lleguen oportunamente a los afectados, la entidad también recordó que las compañías pueden acudir a mecanismos alternativos de pago, como cuentas de depósito, fiducias de administración y pagos o consignaciones.

La circular también hizo precisiones sobre los seguros de terremoto que cubren los bienes comunes de edificios y conjuntos residenciales sometidos al régimen de propiedad horizontal. En estos casos, las aseguradoras no pueden exigir el acta de la asamblea general de propietarios en la que se decida si se reconstruye o no el inmueble como requisito para desembolsar la indemnización.

La Superfinanciera aclaró que el pago debe realizarse directamente a la propiedad horizontal, por medio de su representante legal, una vez se haya acreditado el daño. Posteriormente, será la copropiedad la que decida si destina los recursos a la reconstrucción o si los distribuye entre los propietarios de acuerdo con sus coeficientes de participación.

Otro de los aspectos que abordó la entidad fue el papel de los ajustadores de seguros en el proceso de reconocimiento de los daños. Al respecto, señaló que su contratación es facultativa para las aseguradoras y que sus informes no constituyen un requisito legal para realizar el pago de las indemnizaciones.

En ese sentido, advirtió que la designación de un ajustador, la realización de visitas técnicas pendientes o la espera de sus informes no suspenden ni amplían el plazo legal de un mes que tienen las compañías para pagar, una vez el asegurado haya acreditado su derecho.

Finalmente, la Superfinanciera advirtió que exigir documentos que no tengan relación con el siniestro, la cuantía de la pérdida o las condiciones de la póliza puede constituir una práctica abusiva.

Por ello, anunció que realizará un seguimiento estricto al cumplimiento de estas obligaciones y recordó que podrá imponer sanciones a las entidades aseguradoras, así como a sus representantes legales, administradores y miembros de junta directiva. Incluso, podrá revocar el certificado de autorización para operar el ramo de seguros si comprueba que existen dilaciones injustificadas en el pago de las indemnizaciones.

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