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Tras problemas legales de Binance, CEO del unicornio Bitso respaldó el mercado cripto

Daniel Vogel dijo sentirse orgulloso ser un "jugador responsable" dentro del mercado criptográfico y calificó la situación como "crucial"

Brayan Xavier Becerra

El CEO de la empresa unicornio mexicana Bitso, Daniel Vogel, salió a dar un parte de tranquilidad para el sector cripto, luego de los problemas legales ampliamente difundidos que involucran al intercambiador de criptomonedas, Binance.

Afirmó que “desde el principio, hemos priorizado el cumplimiento normativo, la seguridad y las prácticas éticas. Este camino de cumplimiento regulatorio, aunque más lento, ha construido una plataforma de confianza”.

A través de un comunicado, destacó que “nos diferenciamos por nuestro compromiso con el cumplimiento y la regulación proactiva” y señaló que “los tiempos turbulentos también representan una oportunidad para Bitso”.

Agregó que se siente orgulloso de haber sido "un jugador responsable en este campo, abogando por medidas contra el lavado de dinero, y a favor de la ciberseguridad y la protección del consumidor".

Además, resaltó los procesos regulatorios en los que ha participado en los diferentes países en donde opera. "Fuimos parte fundamental para impulsar la ley fintech en México en 2018, donde además fuimos la primera empresa en obtener una licencia. En 2020 fuimos elegidos por la superintendencia de Colombia para un sandbox regulatorio, desde 2022 estamos licenciados por el Banco Central en Argentina, y en 2023 obtuvimos dos licencias financieras en Brasil en donde en 2022 logramos impulsar la ley cripto", señaló.

Esta semana, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de cargos penales y renunció como parte de un acuerdo de US$4.300 millones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según documentos judiciales.

El acuerdo de declaración de culpabilidad con el Gobierno estadunidense resuelve una investigación de varios años sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.

Zhao y otros fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero y de violar intencionalmente las sanciones económicas de Estados Unidos “en un esfuerzo deliberado y calculado para sacar provecho del mercado estadounidense sin implementar los controles requeridos por la ley estadounidense”, según el Departamento de Justicia.

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