Trasladar ahorros de AFP a Colpensiones desplomará rentabilidades de los cotizantes
viernes, 24 de abril de 2026
El Gobierno ordenó el traslado de $25 billones desde las AFP hacia Colpensiones, una medida que ha encendido alertas por su impacto en la rentabilidad del ahorro
Mientras la reforma pensional sigue a la espera de una decisión de las altas cortes, el Gobierno avanza en un nuevo ajuste sobre el manejo de los ahorros de los colombianos. Esta vez, mediante decreto, el Ministerio de Trabajo ordenó a los fondos privados de pensiones trasladar cerca de $25 billones al régimen público, es decir, a Colpensiones.
Aunque la iniciativa ya era conocida por el gremio desde octubre del año pasado, fue hasta febrero cuando se publicó el proyecto de decreto y ahora se materializa. En medio del Congreso de Asofondos en Cartagena, las AFP recibieron un verdadero balde de agua fría: en menos de un mes, los recursos de los ahorradores deberán ser trasladados a Colpensiones.
El billonario movimiento generará un deterioro en la rentabilidad o como otros dirían, “una devaluación de ese ahorro pensional”, porque según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, dependerá de quiénes reciban estos fondos.
La medida genera preocupación sobre el impacto en las inversiones de miles de colombianos, si se tiene en cuenta que estos recursos están actualmente colocados en portafolios que han generado, en promedio, una rentabilidad real anual de 8,5% en los últimos 15 años.
Sin embargo, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, dijo que los bancos son los dueños de los fondos privados de pensiones mayoritariamente, pero “nosotros tenemos los recursos de ahorro puestos en la fiduciaria de la Previsora Nacional como generan nuestras normas”, dijo.
En contraste, Velasco dijo que “Colpensiones opera a través de fiducias, pero no tiene una administración directa de estos recursos. Según nos indicaron, existen esos esquemas fiduciarios, pero no hay claridad sobre cuáles son ni sobre su alcance. Tampoco sabemos si los contratos actuales contemplan la gestión de estos recursos, que, a nuestro juicio, se encuentran en una situación de incertidumbre legal”.
El decreto fija plazos exigentes: en un máximo de 20 días deberá trasladarse 50% de los recursos que hoy administran las AFP, y 50% restante en los 10 días siguientes. Es decir, en cerca de un mes tendrían que moverse la totalidad de estos ahorros solicitados.
Velasco manifestó su desacuerdo con la medida y advirtió que “no se descartan acciones en contra del decreto”. Además, señaló que persisten dudas sobre la forma en que se realizará el traslado de los recursos, ya que la norma permite que se haga tanto en efectivo como mediante títulos. Por su parte, Daniel Wills, vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos, explicó que, en caso de que el traslado se realice vía títulos, “Colpensiones tiene que liquidar para pagar pensiones: es un pagador, no un inversionista de largo plazo”, afirmó.
El Gobierno justifica que la medida surge tras detectar un desequilibrio crítico en las cuentas del Estado. Según cifras publicadas en el documento, la nómina pensional de Colpensiones en 2024 ascendió a $55,5 billones, de los cuales $15,3 billones corresponden exclusivamente a personas que se trasladaron desde el régimen privado, Rais. Hasta la fecha, y según el decreto, Colpensiones ya está pagando mesadas a 22.472 nuevos pensionados que hicieron uso de esta oportunidad, pero sus cuentas individuales seguían bajo administración de las AFP, lo que el decreto califica como una “desnaturalización de la lógica solidaria del sistema”.
Respecto a este punto, Velasco aseguró que no es un argumento apropiado, pues “Colpensiones está recibiendo más recursos de los que necesita para pagar las pensiones”. Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, cuestionó el sustento jurídico del Decreto 0415 de 2026 y advirtió que, a su juicio, presenta serias debilidades legales. “Para muchos es claramente un decreto ilegal, porque está montado sobre la aplicación de una norma que no está vigente. No se puede reglamentar ni ejecutar una disposición que no ha sido determinada como aplicable”, señaló. No obstante, explicó que la medida tiene una presunción de legalidad que permite su ejecución mientras no sea suspendida por la justicia.