Finanzas

Victor Maldonado, embargado y poniéndole condiciones al Estado

Colprensa

Los presuntos responsables del colapso del Fondo Premium terminaron por "volarle" la paciencia al mismo Gobierno de Juan Manuel Santos. Ayer, una fuente oficial calificó de "risible y ridícula" la propuesta del empresario Víctor Maldonado Rodríguez, quien para resarcir a los inversionistas que esperan recuperar US$174 millones, ofreció honrar deudas por $21.517 millones. 

Dado el poco espíritu de colaboración que ha mostrado, a Maldonado le dieron un mensaje: o colabora y presenta una propuesta seria, que debe aprobar como mínimo el 75% de los acreedores, o le rematan los bienes que le embargaron -y que valen más de $125.000 millones- y queda en esas circunstancias a merced de la Fiscalía para que le imputen delitos que lo podrían poner a las puertas de la cárcel. 

Visiblemente molesta, la fuente manifestó que Maldonado ofreció la última vez algunos bienes a los que calificó como "pura basura". 

Pero, ¿qué hay realmente detrás de la indignación que mostró la fuente?
En documentos conocidos por El Colombiano, consta que el 13 de febrero de 2014 Víctor Benjamín Maldonado, actuando en nombre propio y como representante de las sociedades Las Tres Palmas Ltda, Malta S.A. y Helados Modernos S.A., todas en liquidación, presentó lo que describió como un "plan para devolver la totalidad de los dineros correspondientes al llamado beneficio indirecto de la captación", en el que habrían incurrido tres de sus firmas. El hombre de negocios explica que sus sociedades recibieron dinero a título de mutuo de Valores Incorporados, filial del Fondo Premium, "que en decisión de la Superintendencia de Sociedades captaba recursos de manera masiva y habitual del público en general". 

Solo por capital, anota Maldonado en la carta, Malta, Las Tres Palmas y Helados Modernos adeudaban al momento de su intervención $21.517 millones, sobre los que se calcularía un interés del 6% anual hasta el día en que se cancele dicha obligación. 

Para que le desembargaran sus bienes y los de otros terceros, propuso entregar 4,3 millones de acciones de la Bolsa Mercantil Hipotecaria, a razón de $2.400 la unidad, para más $10.432 millones. 

A esto se suman 1,5 millones de acciones de Coltejer, que a $10 cada una arroja más de $15.645 millones. 

Y también los derechos en común y proindiviso "que sean necesarios hasta completar el valor de los intereses de los préstamos" sobre los inmuebles Lote Caymán, Playa Durcino y el Común Gayra, "que la sociedad Sesser Properties Corp. sucursal Colombia pagará por cuenta nuestra, con el otorgamiento de un préstamo hasta por ese valor". 

Según Maldonado, "para la validez de la oferta será necesaria la aprobación del Agente Interventor como representante legal de la acreedora Valores Incorporados S.A.S. y de la Superintendencia de Sociedades como Juez del proceso". 

¡Falso… 
Según lo estableció este diario, la propuesta de Maldonado no fue de buen recibo y así se lo hicieron saber, en términos igualmente rudos. 

En carta conocida por este diario, el agente interventor le dice a Maldonado y otros que no es cierto que la Supersociedades haya afirmado que "... no obstante que la figura de "beneficiario indirecto de captación no equivale a la figura de la captación masiva y habitual de recursos del público..." Tal afirmación, por ser falsa, la rechazamos categóricamente". 

De igual forma, le indican que "pasando por alto la absurda pretensión de imponer al Estado Colombiano condiciones, máxime cuando se trata de la devolución de los dineros pertenecientes a miles de colombianos que fueron asaltados en su buena fe, permítanos recordarles que el levantamiento de la medida de intervención sólo es legalmente posible cuando las víctimas de la captación masiva y habitual de recursos, reunidos en Asamblea, aprueban el plan de desmonte que se les ha presentado" y que luego lo acepta la Supersociedades. 

A Maldonado le recordaron, además, que él y los otros presuntos implicados "responden de manera solidaria e ilimitada" por el monto de la captación masiva e ilegal que se ha reconocido en el proceso. Que las deudas llevan mucho tiempo vencidas y se liquidarán con los máximos intereses de mora permitidos. Y que ya suma seis ofertas de bienes, todas diferentes, lo que deja mucho qué pensar sobre su voluntad de pagar.