2,787% del PIB colombiano correspondería al pago proyectado de intereses en deuda pública

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Colombia tendría la sexta deuda pública bruta más alta entre las economías latinoamericanas analizadas en 2026, con un nivel equivalente a 60,9% de su Producto Interno Bruto (PIB), según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional recopiladas por el Instituto de Finanzas Internacionales, IIF. La cifra representaría un incremento de 9,9 puntos porcentuales frente a 51% registrado en 2019 y evidenciaría una mayor carga de endeudamiento para las finanzas públicas del país. Con este resultado, Colombia se ubicaría detrás de Bolivia, cuya deuda alcanzaría 102,7% del PIB; Brasil, con 96,5%; Argentina, con 70,4%; Uruguay, con 66,8%, y México, con 62,7%.

En contraste, el nivel de endeudamiento colombiano superaría al proyectado para Ecuador, con 52,8%; Chile, con 42,5%, y Perú, con 30%. Entre las nueve economías incluidas en esta medición, Colombia pasaría así de una deuda equivalente a poco más de la mitad de su PIB en 2019 a un nivel cercano a 61% en 2026. Las cifras que definen el comportamiento fiscal colombiano y el de la región responden, entre otros factores, a la evolución del crecimiento nominal de las economías, sus balances fiscales y el costo efectivo de la deuda pública.

El aumento del endeudamiento también estaría acompañado por una mayor presión derivada del pago de intereses. En Colombia, este gasto pasaría de representar 2,298% del PIB en 2019 a 2,787% en 2026. Aunque se trata de un indicador diferente al nivel de deuda pública bruta, permite dimensionar cuánto de la producción de la economía debe destinarse al costo del financiamiento. En este indicador, Brasil encabezaría el grupo analizado, con intereses equivalentes a 7,254% del PIB, seguido por México, con 5,976%; Bolivia, con 3,322%, y Colombia, con 2,787%. Por debajo del país aparecerían Uruguay, con 2,271%; Perú, con 1,484%; Argentina, con 1,434%, y Chile, con 0,784%. De esta manera, además de ubicarse sexta por nivel de deuda pública bruta, el país enfrentaría un aumento en el costo de atender sus obligaciones financieras frente a los niveles registrados en 2019.

La sostenibilidad de estas métricas está vinculada al saldo del balance primario necesario para estabilizar la trayectoria del endeudamiento en el tiempo. De acuerdo con el análisis del IIF, la estructura de la deuda es un factor determinante, en el que inciden la proporción emitida en moneda local, los plazos de vencimiento y el tipo de títulos públicos. La capacidad real de pago y refinanciación observada por los inversionistas también abarca la relación entre el gasto en intereses y los ingresos fiscales del Estado. La disponibilidad de reservas internacionales líquidas y el saldo de la cuenta corriente determinan, a su vez, el margen de maniobra para atender obligaciones externas y acceder a financiamiento.

La prima de riesgo del país está influenciada por la credibilidad del presupuesto nacional, la autonomía del banco central y el cumplimiento de las reglas fiscales establecidas. Al igual que la mayoría de las economías, Colombia opera con un esquema de tipo de cambio flexible, metas de inflación y una parte sustancial de su deuda denominada en moneda local, condiciones que reducen el riesgo de que una depreciación de la moneda derive en crisis.

¿Qué recomiendan expertos?

César Tamayo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Eafit, explica que, ante el aumento de las tasas de interés, conviene recurrir a la banca multilateral, mediante entidades como el BID, el Banco Mundial y la CAF, pues esta alternativa permite extender los plazos de vencimiento y reducir las tasas asociadas a la deuda pública colombiana. En economías de mayor tamaño, señala el experto, las presiones del endeudamiento pueden manifestarse en un deterioro fiscal gradual como consecuencia de costos financieros elevados durante periodos prolongados.

Respecto al costo de atender esas obligaciones, el decano señala que el pago de intereses en Colombia podría alcanzar un nivel crítico de 3,2% del PIB, monto equivalente a cerca de $75 billones. Tamayo advierte que esta cifra representa un elevado costo de oportunidad, pues equivale a la totalidad de la inversión pública proyectada.