Acuerdo Transpacífico se convierte en la hoja de ruta de Uruguay para el crecimiento

Nos está llegando un apoyo de exterior que no podemos ignorar ni desestimar” en un “cierre de año esperanzador”, señaló el economista Ignacio Munyo sobre la buena noticia que representa la aceptación de Uruguay en el Acuerdo Transpacífico.

Este “viento del exterior” es, para el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) lo único que puede mover la aguja del crecimiento de la economía uruguaya para la que pronostica un enfriamiento. “No se vienen momentos especialmente fáciles para la actividad económica en Uruguay”, aseguró.

El índice Líder de Ceres proyecta un crecimiento en el entorno de 2% para este año y, para el 2026, el economista afirma que se debe dar un crecimiento genuino- sin arrastre estadístico- y no encuentra en los proyectos clave del país resultados que se puedan constatar el próximo año.

En este sentido, apuntó que no se prevén inversiones de gran magnitud, y si bien hay altas expectativas para la temporada turística, la buena performance de la anterior invita a suponer que no será una variable determinante. Además, la confianza del consumidor se encuentra en el menor nivel de los últimos dos años y medio.

Proyectos como los vinculados al hidrógeno verde o los data centers, si bien están en marcha, no generarán resultados inmediatos. A su vez, el director de Ceres se refirió a la intención de la empresa argentina YPF de encontrar petróleo en Uruguay y subrayó “acá sí puede haber buenas noticias, la probabilidad crece y crece”, pero su resolución e impacto sería, a lo sumo, recién en 2027.

En el marco del clásico desayuno de Ceres y ante la atenta mirada de los principales empresarios del país, Munyo insistió en que “es una muy mala noticia que en el presupuesto se hayan incluido impuestos” e hizo especial énfasis en el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, Imcd. Desde su visión, la implementación de esta tasa efectiva de 15% sobre las rentas a multinacionales con facturación anual mayor a US$875 millones y que pagan actualmente el Impuesto Mínimo Global en sus casas matrices desincentivará la llegada de nuevas inversiones. “Acá hay un cambio de reglas de juego que afecta a la imagen del país”, opinó el economista.

Este escenario se oscurece aún más cuando se toma en cuenta el encarecimiento relativo permanente de Uruguay. Actualmente, el país es 16% más caro que Estados Unidos, 34% más que China, 10% más que Brasil y 11% más que la Unión Europea. El único destino frente al que se abarató (un 75%) fue Argentina.

A esto se sumó la coyuntura de “un octubre negro para el puerto” que representó 40% menos de movimiento de contenedores, incumplimiento y pérdida de reputación.

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que está “trabajando para poder introducir […] un conjunto de normativas que mejoren, eliminen redundancias y coordinen mejor la acción del sector público”. Para Munyo es fundamental atacar las leyes que existen “por lobby” que son impulsadas o mantenidas por grupos con intereses sectoriales pero que, a la larga, provocan mayor costo de vida, menor productividad y frenan la innovación.

En tanto, las normas “por las dudas” buscan evitar errores o minimizar riesgos pero terminan creando procesos innecesariamente complejos y que aumentan los costos operativos. Al respecto, Munyo puso como ejemplo la readecuación efectuada por el gobierno argentino que implicó la eliminación o revisión de 1.306 normas en las distintas áreas de actividad.

Para el economista, Uruguay puede seguir el mismo camino a través de los próximos pasos: un mapeo normativo, una clasificación crítica que permita detectar trabas y superposiciones y, en tercer lugar, intercambiar directamente con el sector privado para entender sus necesidades y qué factores lo obstaculiza.