Amazon se pronuncia con respecto a clausula de territorialidad propuesta en Chile

Amazon inició una consulta en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que abrió un nuevo debate en la industria tecnológica: ¿la infraestructura de servicios de cloud o nube deben incluir una cláusula de territorialidad?

El gigante ligado al empresario Jeff Bezos denunció -a través de un escrito de 58 páginas- que en las últimas licitaciones el Estado modificó las condiciones de contratación de los servicios de infraestructura como servicio (o Infraestructure as a Service o “IaaS”, por su sigla en inglés), exigiendo una “residencia de datos” en sus concursos, pese a que la firma fue admitida como uno de los tres proveedores tecnológicos en suscrito al Convenio Marco de ChileCompra.

Amazon AWS consideró que este elemento es "discriminatorio" frente a sus propuestas, justo en un momento en que este tipo de prestaciones se volvió "crucial" para el desarrollo de las empresas y organismos públicos, porque permite contratar servicios de almacenamiento y computación.

"En el último tiempo, algunos servicios públicos han incluido, en las condiciones de contratación bajo el Convenio Marco (CM) de 2022, un requisito consistente en que la infraestructura bajo la cual se prestan los servicios (principalmente, los data centers), se encuentren ubicados físicamente dentro de Chile. Ese requisito perjudica específicamente a AWS, que presta los servicios a través de infraestructura y data centers ubicados fuera del país", dijo el defensor de la compañía, Santiago Ried, socio de Dentons.

Un requisito injusto
El propósito de Amazon AWS es el pronunciamiento del TDLC respecto de si es o no contrario a la libre competencia que los órganos de la Administración del Estado puedan exigir que la infraestructura o los datos deban ubicarse en territorio chileno. De acuerdo a la compañía, hasta 2022 esto no era un requisito en las condiciones de contratación, pero a partir de un cambio de criterio que se hizo evidente de hace dos años comenzaron a quedar fuera. "Ese requisito de que la infraestructura, y los datos alojados, se encuentren dentro del país no tiene ninguna justificación técnica ni jurídica", aseveró el socio de Dentons.

"Técnicamente, el requisito de que la residencia de datos se encuentre en Chile es injustificada, e incluso puede llegar a ser contraproducente. Como veremos, los niveles de servicio y seguridad son exactamente los mismos, independientemente de dónde se aloje la información, e incluso se recomienda que la misma se aloje o respalde en distintas ubicaciones geográficas", sostuvo la compañía.

Efectos en los precios
La compañía estadounidense incluso fue un paso más allá, y calificó el cambio de criterio como un factor que perjudica "arbitraria e injustificadamente" al oferente que -sostiene esa firma- "presenta en general los menores precios por los servicios, por lo que esta afectación a la competencia tiene un impacto directo en el patrimonio fiscal".

En este punto, la empresa argumenta que "en un caso reciente en que se excluyó a AWS por dicho motivo de una contratación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) bajo el CM de 2022, se produjo un perjuicio fiscal de $171.510.484, al elegirse una opción más cara", acusó. De acuerdo a la empresa, la opción ganadora, la alianza Entel-Google, ganó siendo la alternativa más alta.

Con el ejemplo del concurso de prestación del INE, la firma acusó que el Estado está provocando un perjuicio fiscal "considerable". "AWS quien, según el convenio marco, tiene los precios más baratos del mercado para la generalidad de los servicios, el hecho de excluirlo abre la posibilidad de pagar precios muchísimo más altos. Esto ya ha generado, concretamente, un perjuicio fiscal de más de $ 170 millones en una sola contratación", apuntó.

En el escrito, Amazon se defendió argumentando que ChileCompra en la elaboración de su Convenio Marco permitió "expresamente" que participaran proveedores con infraestructura en el extranjero, logrando ser uno de los proveedores con las alternativas más baratas del mercado, pese a no encontrarse en Chile.

"Habiendo sido dicho convenio adjudicado a apenas tres proveedores, el hecho de incorporar una exigencia que en los hechos excluye a uno de ellos, no sólo contradice el tenor y el espíritu del convenio marco (que sólo permite seleccionar a quien ofrece el precio más bajo), sino que además afecta gravemente el mercado relevante de autos", sostuvo.