Aranceles globales de Trump son anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió anular los aranceles globales que el presidente Donald Trump impuso durante su segundo mandato. En un fallo de 170 páginas, aprobado por seis votos contra tres, el máximo tribunal concluyó que el mandatario no tenía autoridad para aplicar esos impuestos sin la aprobación clara del Congreso. Es la primera vez que la Corte tumba de forma definitiva una de las políticas centrales de esta administración.

La decisión fue redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, quien explicó que el presidente no puede imponer aranceles amplios por su cuenta. “El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió. Y añadió una frase clave: si el Congreso hubiera querido darle ese poder, “lo habría hecho expresamente”. En otras palabras, la Corte dijo que la ley usada por Trump no le permite fijar aranceles generales.

El presidente había utilizado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para justificar sus decisiones. Con esa norma impuso dos grandes grupos de aranceles: unos llamados “recíprocos” que afectaban a más de 100 países, y otros dirigidos a México, Canadá y China, argumentando que no estaban haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. La Corte concluyó que esa ley no fue creada para establecer una política arancelaria tan amplia.

Hasta ahora, ningún presidente había usado esa ley de emergencia para imponer aranceles de esta magnitud. En los últimos 50 años se había empleado para sanciones o embargos, pero no para cobrar impuestos a las importaciones de casi todo el mundo. Por eso, varios tribunales inferiores ya habían declarado ilegales estas medidas antes de que el caso llegara al Supremo.

Se estimaba que los aranceles podrían recaudar alrededor de US$1,5 billones en diez años, lo que representaba la mayor parte de los gravámenes impuestos en este mandato. Un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York señaló que ciudadanos y empresas estadounidenses asumieron 90% del costo de esos aranceles.

Trump defendió su política diciendo que era necesaria para proteger al país y que era una “cuestión de vida o muerte” para la economía. También aseguró que, sin esos aranceles, Estados Unidos quedaría en desventaja frente a otros países. Aunque en la Corte el gobierno afirmó que el objetivo principal no era recaudar dinero sino regular el comercio, el presidente destacó en varias ocasiones los miles de millones que estaban entrando a las arcas públicas.

No todos los jueces estuvieron de acuerdo con la decisión. Tres magistrados conservadores, Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh, votaron en contra. Kavanaugh advirtió que anular los aranceles podría obligar al Gobierno a devolver miles de millones de dólares a importadores y que ese proceso podría ser un “desastre”.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, había dicho que, si el fallo era adverso, el Gobierno intentaría restablecer los aranceles utilizando otras herramientas legales. La Casa Blanca ya había considerado distintas opciones para mantener su política comercial.

¿Qué significa?

Desde el ámbito empresarial, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, explicó que la decisión adoptada este 20 de febrero de 2026 deja un mensaje jurídico claro: la Ieepa no autoriza al presidente a imponer aranceles, pues un arancel es, en esencia, un impuesto y esa facultad corresponde al Congreso. “La Corte señala que la Ieepa no menciona ‘tariffs’ o ‘duties’, y que regular importaciones no equivale a gravar o imponer impuestos; si el Congreso quisiera dar poder arancelario, lo diría explícitamente”, precisó.

Lacouture subrayó que el fallo rige desde hoy como criterio jurídico, aunque su implementación operativa, en materia de aduanas y cobros, dependerá de nuevas órdenes y lineamientos. También aclaró que la Corte no definió si habrá devoluciones por los aranceles ya pagados, y que ese punto quedaría en manos de la Corte de Comercio Internacional, CIT, por lo que el debate sobre eventuales reembolsos sigue abierto. Asimismo, enfatizó que la sentencia se limita a los aranceles impuestos bajo la Ieepa y no afecta otros esquemas como los aplicados bajo las secciones 232 o 301.

Miles de compañías en Estados Unidos y en el mundo recibieron el fallo como un alivio. La decisión de la Corte Suprema abre la puerta a que se reclamen más de US$175.000 millones cobrados en aranceles bajo la ley de emergencia, según cálculos de economistas del Modelo Presupuestario de Penn-Wharton. Sin embargo, el dinero no llegará de inmediato, el proceso para pedir reembolsos apenas comienza y podría tardar meses o incluso años.

Desde abril se han presentado más de 1.800 demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, una cifra muy superior a la de años anteriores. Entre quienes han acudido a la justicia hay fabricantes de automóviles, empresas de consumo, compañías de aluminio, neumáticos y grandes cadenas minoristas. Muchas dependen de insumos producidos en China, Vietnam o India, y los aranceles elevaron sus costos y redujeron márgenes.

Tras conocerse el fallo, las bolsas en Estados Unidos y Europa reaccionaron al alza, especialmente las acciones de empresas afectadas por las tarifas. Pero el optimismo convive con la cautela. Abogados advierten que recopilar la información necesaria para calcular cuánto pagó cada empresa será complejo. “No es que el lunes las empresas empiecen a recibir cheques por correo”, explicó Nabeel Yousef, socio del bufete Freshfields a Reuters.

Además, la sentencia no elimina todos los aranceles. El Gobierno ha dejado claro que buscará otras bases legales para mantener parte de su política comercial. “No es que los aranceles vayan a desaparecer. Simplemente estarán bajo un paraguas diferente”, afirmó Ted Murphy, abogado especializado en comercio internacional, en entrevista con Reuters.