Boicot y temas ideológicos, críticas de empresarios a sindicato tras conflicto industrial

Luego de meses de conflicto el sector pesquero comenzó a retomar la actividad. La flota estaba parada desde fines del año pasado por una serie de dificultades enumerada por el sector empresarial. Uno de los inconvenientes, aunque no el más visible, era el relacionamiento con los sindicatos pesqueros.Ese problema, lejos de diluirse, cobró vigor en los últimos días con fuertes críticas de los empleadores.

La Cámara de Industrias Pesqueras (Cipu) se presentó días atrás en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores, junto con representantes de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara).

Álvaro Irazoqui, director nacional de recursos acuáticos, dijo ante los legisladores que se habían cerrado acuerdos tripartitos con todas las empresas permisarias. Añadió que 80% de la flota pesquera –entre barcos de altura, costeros y congeladores a bordo- ya estaba en actividad.

Luego fue el turno de la delegación empresarial que también habló en nombre de la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU). La delegación hizo algún comentario breve y después prefirió leer un documento elaborado para la comisión.

Allí se recordó que mientras la actividad estuvo paralizada durante el primer semestre las cámaras mantuvieron varias reuniones con autoridades. El texto indicó que, más allá de la receptividad, las respuestas fueron lentas.

“Tras mucho esfuerzo, argumentación e insistencia, parecería que hemos logrado algunos avances con las autoridades en los temas más relevantes para la viabilidad del sector, pero queda muchísimo por hacer todavía”, dijo.

Boicot y salarios

Luego se refirió a los trabajadores. “Los sindicatos del sector, en especial el Suntma (Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines) operan como un filtro que define quién trabaja y quién no, cuánto trabaja cada uno. Esto lo han reconocido públicamente los propios dirigentes sindicales, constituyendo un hecho gravísimo para la libertad del trabajo”, contó.

Añadió que los trabajadores embarcados de la pesca están dentro de 25% de los mejores pagos del país. Ejemplificó que un marinero cobra más de US$611.858 líquidos más beneficios por estar cinco días embarcado. “Los oficiales y capitanes ganan el doble o triple de esa cifra. En cinco días”, expresó.

Contrastó esas cifras con el dato de desempleo de 9% (el último dato del Instituto Nacional de Estadística de junio fue de 8,1%) y con un estudio reciente del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT que mostró que 548 mil trabajadores percibían salarios menores a US$611.858 al mes.

Mencionó que en medio de la paralización de la actividad, el Ministerio de Trabajo autorizó un seguro de paro especial para la mayoría de los trabajadores. “Aun cobrando ese seguro de desempleo especial, los trabajadores realizaron acciones sindicales que impidieron el zarpe de algunos barcos en las últimas semanas, configurando al menos una situación al menos irregular”, relató.

El texto indicó que hasta diciembre del año pasado había cerca de 3.000 personas vinculada a la pesca industrial y actualmente quedan 1.000. Por eso, según la visión empresarial, se necesita una política pesquera totalmente diferente.

“Mientras el sindicato boicotea a las empresas, impulsa una agenda de trabajo para desarrollar una flota pesquera estatal”, aseguró. Para los empresarios esa postura es completamente inviable. “Queremos trabajar y el aparato estatal nos lo impide permanentemente”, dijo.

El texto expuso que los dirigentes sindicales manifestaron su aspiración que la pesca pase a manos del Estado. “Este planteo deja en evidencia un tema ideológico más que una reivindicación genuina sobre la situación de los trabajadores y la sustentabilidad del sector”, señaló.

En la misma línea que Irazoqui, el texto empresarial indicó que prácticamente todas las empresas firmaron convenios salariales. “Lo firmaron bajo extorsión, porque de no hacerlo, se seguirían perdiendo valiosos días de zafra (…) Firmaron bajo amenaza de perder los permisos de pesca y enfrentadas a una presión sindical financiada por el Estado a través de un seguro de paro especial”, afirmó.

El documento relató que los trabajadores sindicalizados aseguraron durante la paralización de actividad que estaban a la orden para embarcarse. “Eso es falso. Se los convocó y boicotearon barcos alistados prontos para salir. Luego aclararon: `estamos a la orden para cuando nos convoquen a firmar los convenios´. Para eso sí estaban prontos, no para trabajar”, afirmó.