Bolivia busca limitar expropiaciones con una nueva ley para atraer inversiones

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El gobierno de Bolivia propone limitar la capacidad del Poder Ejecutivo para llevar a cabo a cabo expropiaciones y nacionalizaciones de inversiones privadas, en un intento por atraer capital a su debilitada economía.

La administración del presidente Rodrigo Paz envió el martes al Congreso un proyecto de ley que exigiría a los legisladores aprobar cualquier expropiación o nacionalización mediante una ley de prioridad nacional, dijo el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, en una transmisión por internet, sin dar más detalles sobre cómo se modificaría la legislación vigente.

“El Ejecutivo y el Legislativo deberán estar de acuerdo para llevar a cabo algo como una nacionalización o expropiación”, dijo Espinoza. “Entonces ahí ponemos restricciones a cualquier discrecionalidad política”.

Bolivia ha atravesado varios episodios de nacionalización a lo largo de su historia, y los más recientes ocurrieron bajo el partido Movimiento al Socialismo, conocido como MAS, que gobernó el país sudamericano durante casi dos décadas hasta la elección de Paz en 2025. Las administraciones anteriores impusieron restricciones legales, todas ellas desfavorables para la inversión extranjera o nacional. Esas políticas, junto con una mala gestión más amplia, contribuyeron a la actual crisis económica.

Paz, que obtuvo el apoyo de los antiguos votantes del MAS, hizo campaña con la propuesta de un “capitalismo para todos” y prometió un enfoque más favorable a la inversión como contrapeso a las políticas estatistas de gobiernos anteriores.

Espinoza dijo que la propuesta de ley garantizaría que cualquier medida de ese tipo sea “una decisión del Estado boliviano y no de la autoridad de turno de ese momento”.

El proyecto de ley de inversiones es el primero de un paquete de leyes que se envía al Congreso y que busca introducir cambios estructurales en el modelo económico del país. Se espera que posteriormente se presenten un proyecto de ley de hidrocarburos y otro de asociaciones público-privadas.

Ambos reconocerían el arbitraje internacional dentro de los límites constitucionales actuales. Modificar esas restricciones requeriría demasiado tiempo y también retrasaría la urgente entrada de dólares que Bolivia necesita para reactivar su economía, dijo Espinoza.

La Constitución de Bolivia, aprobada en 2009 durante el primer mandato del líder izquierdista Evo Morales, restringe el arbitraje internacional en la industria de hidrocarburos. El gobierno de Paz busca ahora utilizar contratos de asociación como una vía para permitir ese arbitraje en el sector energético y atraer inversiones sin modificar la Constitución.

El proyecto de ley de inversiones también contempla la creación de una Agencia Nacional de Inversiones, un organismo que coordinaría los esfuerzos nacionales y locales para crear mejores condiciones para la inversión y, al mismo tiempo, agilizar la burocracia.

El gobierno de Paz considera la inversión privada una herramienta estratégica para reducir la informalidad, que afecta a más del 80% de la fuerza laboral, mediante la creación de empleos, mientras el sector público busca recortar el gasto y reducir el déficit fiscal.