Bruselas endurece las sanciones por incumplir leyes de consumidores

Reuters

La propuesta del Ejecutivo comunitario requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo

Expansión

La Comisión Europea ha propuesto hoy un paquete de medidas para reforzar los derechos de los consumidores en casos como el ‘dieselgate’ o las cláusulas suelo.

Por un lado, el Ejecutivo comunitario plantea endurecer el sistema de sanciones por incumplir las normativas de protección al consumidor y, por el otro, facilitar el uso de las reclamaciones colectivas por parte de entidades como las asociaciones de consumidores.

El objetivo, según explican fuentes de la Comisión, es “fortalecer la posición negociadora” de los consumidores frente a las empresas, tanto para que puedan obtener compensación a través de la justicia o bien llegando a acuerdos con las compañías.

En cuanto a las sanciones, la Comisión Europea quiere que en cada país se pueda multar con, al menos, hasta un 4% de la facturación de la empresa infractora en ese territorio. El Estado Miembro que lo desee podría poner una sanción máxima superior si lo desea.

En estos momentos el sistema es muy poco homogéneo en la UE. En países como Francia, Holanda o Polonia estas sanciones pueden alcanzar hasta un 10% de la facturación en ese país, pero en otros Estados hay topes máximos que en Bruselas se consideran muy bajos. El Ejecutivo europeo cita el top de 8.688 euros en Lituania, el de 13.157 euros en Croacia o el de 32.000 euros en Estonia.

España contempla sanciones de entre 15.025,31 euros y 601.012,10 euros por infracciones muy graves de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aunque permite rebasar esa cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes y servicios objeto de infracción.

En cuanto a la propuesta de facilitar las reclamaciones colectivas, la Comisión Europea quiere que todos los Estados Miembros permitan que los consumidores se agrupen para pedir compensaciones a empresas que han vulnerado sus derechos. Hasta ahora, la directiva solo permite esa agrupación de intereses para forzar a una compañía a interrumpir una mala praxis.

Lo que quiere el Ejecutivo comunitario es que ‘entidades cualificadas’ puedan erigirse en representantes de los consumidores para hacer esas reclamaciones. En esta categoría entran las organizaciones de defensa del consumidor pero también ONGs. No obstante, la idea de Bruselas es excluir a los bufetes de abogados y también vetar la posibilidad de que hedge funds financien este tipo de acciones colectivas. Para ello, obligarán a estas ‘entidades cualificadas’ a cumplir unos requisitos de transparencia y a ser organizaciones sin ánimo de lucro.

Según explican fuentes de la Comisión, no se trata de replicar el modelo americano, en el que un grupo de consumidor pueden reclamar indemnizaciones punitivas multimillonarias, sino simplemente de que los consumidores puedan recuperar y ser compensados por el perjuicio real causado.

Sin embargo, en la práctica, la situación es muy dispar por países. Para el caso español, por ejemplo, fuentes comunitarias admiten que no está claro que, en este punto de la propuesta, la directiva europea vaya a añadir nuevas herramientas ya que en su opinión todo lo que propone la Comisión en este sentido ya lo contempla la legislación española.

BusinessEurope, la principal asociación de patronales europeas, teme que esto suponga un incremento de reclamaciones infundadas.

La propuesta del Ejecutivo comunitario requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo.

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