Justicia confirma condena a seis años de prisión para la expresidente Cristina Kirchner

Este jueves, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó en audiencia pública la condena a seis años de prisión impuesta a la exvicepresidenta Cristina Kirchner en la causa "Vialidad". Además, se la inhabilitó de forma perpetua a ejercer cargos públicos.

Tanto Kirchner como los demás acusados fueron condenados por el delito de administración fraudulenta agravada. En contraste, la Cámara definió por mayoría descartar el pedido de la Fiscalía de sumar como crimen la figura de "asociación ilícita" tanto contra la expresidenta como contra Lázaro Báez, su testaferro.

Cabe señalar que la llamada "Causa Vialidad" investiga el desvío de fondos destinados a la obra pública en Santa Cruz a favor de las empresas de Báez entre los años 2003 y 2015.

La decisión de la Sala IV del máximo tribunal penal del país se dio a conocer en una sentencia que abarca más de 1.600 fojas. El veredicto fue leído por el presidente de la Sala IV, Gustavo Hornos, ante los abogados defensores y el fiscal Mario Villar.

Además de las definiciones sobre la expresidenta, la Justicia confirmó las condenas de seis años a Báez, José López, ex secretario de Obras Públicas; y Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad.

Por su parte, también se ratificaron las condenas de Juan Carlos Villafañe (cinco años), de Raúl Gilberto Pavesi (cuatro años y medio), de José Raúl Santibañez (cuatro años), de Mauricio Collareda (cuatro años) y de Raúl Osvaldo Daruich (tres años y medio).

Tanto el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, fueron absueltos de la acusación por administración fraudulenta.

Pese a que estaba habilitada a asistir a Comodoro Py para escuchar la confirmación de la condena, Kirchner se reunió con referentes cercanos del Instituto Patria para seguir la audiencia.

La parte resolutiva de la sentencia leída este miércoles marca el inicio de un plazo de diez días hábiles para que los condenados presenten una apelación ante la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, la condena no quedará firme de inmediato.

Además de determinar las condenas para los principales acusados, la sentencia de Casación también se pronunció sobre el decomiso de casi $85.000 millones que se dispuso en el juicio oral, el cual finalmente fue homologado.

El operativo de seguridad frente a Comodoro Py

Desde la mañana temprano que un operativo de seguridad rodea al edificio de Comodoro Py, ya que la oposición y organizaciones sociales vinculadas a la expresidenta convocaron a una "clase abierta" en su apoyo y en denuncia del "lawfare", un término que la defensa de Kirchner utiliza para describir lo que considera una persecución política en su contra.

Dicha clase pública fue precedida por el dirigente social Juan Grabois y el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena, con manifestaciones de distintos sectores vinculados a la expresidenta en las inmediaciones del edificio del barrio de Retiro.

A principios de este año, los miembros de la Sala IV de Casación escucharon los argumentos de apelación contra el veredicto emitido el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, que juzgó a Kirchner, varios ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez en un juicio que comenzó en 2019.

Durante esas audiencias de apelación, el fiscal Mario Villar insistió en la necesidad de aumentar la condena a 12 años de prisión, en línea con lo que habían solicitado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola durante el juicio, quienes argumentaron que los acusados cometieron dos delitos: administración fraudulenta y asociación ilícita.

Sin embargo, por mayoría de dos votos contra uno, los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu (con la disidencia de Andrés Basso), resolvieron condenar a la expresidenta, a Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y al ex secretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por "administración fraudulenta agravada".

En sus fundamentos, el Tribunal Oral Federal 2 destacó que, en este caso, se produjo un "hecho inédito" en la historia del país, ya que se probó que varias decisiones clave respecto al grupo de Lázaro Báez fueron tomadas siguiendo órdenes expresas de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

A lo largo del juicio, se demostró que Cristina Kirchner tuvo un "interés manifiesto" en los beneficios obtenidos de manera ilícita por medio de contratos y relaciones comerciales con Báez, todo ello relacionado con la ejecución de un plan delictivo.

Por su parte, la defensa de la exvicepresidenta insiste en que la causa es parte de una estrategia de persecución política y reclama su absolución.