Chile: del alza en la tarifa de los tiquetes del metro hacia una nueva Constituyente

Una Asamblea Constituyente, la reforma de la Policía, el cambio de una inminente reforma fiscal, 12.547 heridos y 38 muertos, fue el saldo de un periodo de manifestaciones que se extendió por 150 días en Chile y que sacudió los cimientos democráticos que hasta ese momento regían al país austral.

Desde el 4 de octubre de 2019, cuando el Gobierno chileno anunció que el precio de los tiquetes de metro se elevaría $30, se encadenaron varios sucesos, que estallaron el 14 de octubre, cuando estudiantes de Santiago de Chile se organizaron para evadir los pagos por el uso del sistema de transporte de la ciudad capital.

Pese a que el presidente Sebastián Piñera había anunciado días antes un crecimiento económico para el país, y la creación de 176.000 empleos anuales, el ajuste en las tarifas de transporte había despertado la furia de los ciudadanos, en uno de los países más desiguales de la región, según datos del informe “Panorama Social de América Latina”, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En ese panorama, los estudiantes desplegaron una ola de manifestaciones y desórdenes en la ciudad que se extendió, en principio, por seis días, y que causó el cierre total del sistema de transporte de Santiago, daños por US$700.000 y álgidos choques entre la fuerza pública y los manifestantes civiles.

Por cuenta del estallido social, el 19 de octubre el presidente Piñera decretó el Estado de Emergencia y ordenó el despliegue de 9.500 miembros de las Fuerzas Militares para apoyar a los carabineros de los centros urbanos.

Pese a la acción desplegada por el Gobierno, las Fuerzas Militares no lograron replegar a los manifestantes en la calle y, para el 22 de octubre, los protestantes ya ponían en el centro del discurso el descontento con los niveles de corrupción de la clase política, el papel de la Iglesia en el país y el funcionamiento de tales fuerzas durante las protestas.

Como acción de respuesta rápida ante los reclamos de la ciudadanía, el presidente Piñera anunció el establecimiento de una agenda social, que incluía beneficios en pensiones, mejoras al salario mínimo y un reajuste a los elevados costos en la electricidad.

Sin embargo, las declaraciones del mandatario no conformaron a los estudiantes y los sectores de la sociedad civil que estaban en las calles, por lo que convocaron a la manifestación más grande de la historia de Chile, a la que asistieron 1,2 millones de personas el 25 de octubre de 2019.

Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca en Chile, explicó que el curso de las manifestaciones en el país fue establecido por la “excesiva presión” de la ciudadanía en contra no solo del Gobierno central, sino de cualquier forma política presente. Según el experto, el país vivió una crisis en la que ciudadanos de todas las orillas políticas tenían un único objetivo: transformar el sistema político y democrático del país.

Para Morales, el hecho de que las protestas de Chile no fueron organizadas por partidos políticos ni organizaciones sociales hacía imposible detectar un agente de negociación por lo que, según el experto, el Gobierno solo podía ceder ante la presión ejercida.

Bajo ese panorama, el 28 de octubre el Gobierno de Piñera anunció nueve rotaciones en su gabinete ministerial, que pretendían aliviar la tensión social del país y el establecimiento de nuevas propuestas de trabajo. Sin embargo, esta medida tampoco tuvo efecto entre los manifestantes, quienes ya habían declarado desobediencia civil en todo el territorio nacional.

Para el 6 de noviembre, los manifestantes ya se habían tomado el centro financiero de Chile, y sus reclamos ya no solo iban dirigidos a los ajustes tarifarios en el transporte, sino que alegaban la creación de una nueva constitución. Ante la crisis, Piñera abrió, por primera vez el 9 de noviembre, una ventana a la reforma constitucional.

Claudio Fuentes, docente la Universidad Diego Portales de Chile, mencionó que, para la fecha, el Gobierno ya no tenia ninguna oportunidad de oponerse ni “opinar” sobre el asunto de una constituyente. En ese sentido, señaló el académico, “lo único que tenían que hacer era acatar el mandato y asumir la presión que le estaba causando serios problemas de inestabilidad”.

Sin embargo el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile, José Miguel Sánchez, considera que lo ocurrido en Chile durante 2019 e inicios de 2020 respondió a una intención clara de empujar una reforma constitucional en la que sectores que no pertenecían a la policía tradicional pudieran hacer parte. Por lo mismo, dijo, “el Gobierno debía buscar una salida institucional al problema, y eso era hacer una nueva constitución”. Proceso que se inició el 10 de noviembre con el anuncio de un Congreso Constituyente.

Por otra parte, ante la inminente crisis económica, el Banco Central anunció una inyección de US$4.000 millones para impulsar el peso chileno, que ya había alcanzado topes de $800 por unidad de dólar.

En esa misma semana, el 15 de noviembre, el Gobierno se unió con la oposición para pactar las condiciones del plebiscito en el que la ciudadanía definiría si quería o no cambiar la constitución del país.

En la misma línea de medidas de choque, Piñera anunció, sin éxito, bonos por $100.000 para 1,3 millones de familias vulnerables, y reconoció públicamente que las Fuerzas Militares habían incumplido los protocolos de uso de la fuerza en las manifestaciones, que al 23 de noviembre ya dejaban 23 muertos.

Para final de diciembre, las manifestaciones ya habían logrado impulsar una reforma estructural en la Policía del país, que culminó el 20 de enero de 2020 con la modernización del cuerpo oficial, y se había establecido la fecha para el plebiscito, que se realizó en octubre de 2020.

Ahora, tras la votación por los 155 constituyentes el pasado 16 de mayo, la Asamblea elegida, con amplio protagonismo de los independientes, se dará a la tarea de redactar la nueva constitución chilena.